Política El congresista del Polo Democrático Iván Cepeda dice que el Gobierno tendrá que superar tres grandes obstáculos en su propósito de restituir dos millones de hectáreas. Uno de ellos, la cercanía de parlamentarios a sectores muy poderosos del campo.En su debut en el parlamento, el representante a la Cámara Iván Cepeda se destacó en un debate en el que denunció la manera como -en la última década- se han presentado ‘maniobras sutiles’ de legalización de casi cinco millones de hectáreas despojadas a los campesinos.
Sin intenciones de poner contra las cuerdas al Gobierno entrante, el propósito fue presentar la radiografía de un panorama muy complejo al que se enfrentará el Ejecutivo en su propósito de restituir, por lo menos, dos millones de hectáreas a familias desplazadas.
Los anuncios hechos por los ministros de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y el Interior, Germán Vargas Lleras, fueron de buen recibo por parte de la oposición, que ve una voluntad clara en el nuevo Gobierno.
Sin embargo, en diálogo con Semana.com, el representante Iván Cepeda advierte los tres grandes obstáculos que tendrá el debate sobre la distribución de la tierra en Colombia.
Semana.com: El gobierno se comprometió con dos millones de tierras y anunció varias medidas de órdenes jurídico y económico para ello. ¿Cómo ve esas medidas?
Iván Cepeda: Son anuncios alentadores que, de llegar a concretarse, significarían un giro histórico en el tema de tierras, porque las reformas agrarias que se han hecho hasta hoy no han tenido un efecto que reestructure el problema de la tenencia de la tierra en Colombia y menos aún, los esfuerzos que se han hecho en la última década. Por el contrario, lo que ha ocurrido es un proceso de legalización creciente del despojo.
Semana.com: Hablemos de esas medidas. El Gobierno anunció compra de tierras para la restitución. ¿Está clara la manera como se hará o como se financiará?
Iván Cepeda: Hasta ahora no lo hemos escuchado, tal vez porque el Gobierno aún no ha presentado en detalle esa propuesta.
Semana.com: El ministro del Interior anunció que se revertirá la carga de la prueba para que no sean las víctimas del despojo quienes tengan que comprobar su propiedad sobre la tierra. La medida fue bien recibida, pero ¿sí tendrá dientes para el objetivo de poder restituir la tierra?
I.C.: Por lo menos ayudaría mucho a que se aclare el panorama en términos judiciales. El pedirles a campesinos que han tenido muchas dificultades para titular tierras que demuestren la propiedad, que sean ellos los que tengan que probar su posesión, es poner a la víctima en una situación de iniquidad y total desigualdad.
Pero que sean los poseedores quienes tengan que demostrarlo, muchos de los cuales, de buena o de mala fe, han adquirido tierra que ha sido despojada, es un principio equitativo que pone a la víctima en una situación por lo menos más ventajosa
Semana.com: ¿Cuáles son las grandes dificultades a las que se enfrentará el Gobierno con esta iniciativa?
I.C.: El Gobierno propone restituir las tierras de quienes hicieron el despojo y quienes la han legalizado. Es necesario ver si la política criminal del Estado, el aparato de justicia vaya a tener la suficiente eficacia para contribuir con ese propósito. Porque eso implica no sólo perseguir a los despojadores, sino desentrañar el aparato de testaferros que hay, y también implica reformar las instituciones del Estado. Un reto supremamente ambicioso.
Semana.com: Ha dicho que el Gobierno aún no ha especificado la forma como se financiará la iniciativa. ¿Es viable fiscalmente?
I.C.: Nosotros hicimos la propuesta de que se pudiera invertir recursos de las regalías por concepto de la bonanza minera y el petróleo para esa compra de tierras. Ya ha habido propuestas del Gobierno de destinar el 10 por ciento de las regalías para ciencia y tecnología, nosotros creemos que sería importante que el Gobierno piense en la posibilidad de destinar recursos de ese tipo de regalías a la compra de tierras y a la restitución y la reparación de víctimas en general.
Pero también se podría pensar en los impuestos. Como el tributo que sugiere la juez en el caso de la sentencia de la masacre de Mampuján: hacer un impuesto para las empresas que hayan contribuido al fortalecimiento de los grupos paramilitares.
Semana.com: ¿Cómo aprecia el ambiente en el Congreso para discutir un tema tan polémico como la ley de tierras?
I.C.: Ese es el tercer obstáculo que enfrentará el Gobierno con esta iniciativa. Hasta dónde el poder legislativo la acompañará, puesto que no es un secreto que muchos de los parlamentarios están íntimamente ligados a sectores que tienen una muy poderosa influencia en el campo y que tienen tierras.
La pregunta es: ¿podrá el gobierno enfrentar esos tres grandes desafíos? Creo que hay una gran alianza con sectores de la sociedad civil, un trabajo de la mano con las organizaciones campesinas indígenas y afrodescendientes, que puede ser importante.
Semana.com: ¿Una ley de tierras cómo garantizará la seguridad de aquellos campesinos a quienes se les restituyan sus tierras?
I.C.: De los sectores de víctimas organizados, los que han sido blanco de la mayor cantidad de ataques son quienes reclaman tierras. Es comprensible porque su lucha es contra enemigos claramente determinados con intereses muy focalizados. El Gobierno, por lo menos el anterior, no tuvo una política de protección a víctimas.
En el otro extremo hay una inmunidad y un silencio a los poseedores de las tierras. Es casi un delito en Colombia hablar de quiénes tienen la tierra, es de los secretos mejor guardados, no sólo por ese aparato tan sofisticado de testaferros, sino porque el propio tema es un tabú: llamar con nombres propios a los poseedores se ha convertido casi en un crimen.
Por eso quisimos ponerle rostro al despojo. Quienes están tras la escena de la propia ‘paraeconomía’ y la ‘parainstitucionalidad’, como lo han llamado los propios paramilitares.
Semana.com: ¿Sí hay mecanismos para saber el rostro de los poseedores de las tierras?
I.C.: El Gobierno ha anunciado voluntad política, y eso es algo importante. Creo que existen los instrumentos para desenmascarar a los verdaderos tenedores de la tierra. No es muy difícil encontralos. El asunto es que esa voluntad política se traduzca en hechos concretos, que el Gobierno estimule la investigación, que estimule una verdadera política de extinción de dominio para hacer de los bienes ilícitos bienes de uso social. Eso se podría traducir en un cambio esencial en este campo que ha sido un verdadero fiasco y una seguidilla de fracasos.
Semana.com: El Gobierno ha dicho que entre sus prioridades están la ley de víctimas y la ley de tierras, hay quienes dicen que debe ser un solo proyecto. ¿Está de acuerdo con esta propuesta?
I.C.: Son dos temas que tienen especificidad, que hay que mantenerlos guardando el criterio de complementariedad entre ambos. Tienen un mismo propósito, pero son diferentes. Porque una ley de víctimas dentro del tema de tierras sería vaciar de sustancia el tema que afecta a la población más grande de víctimas, que son las personas desplazadas.
Por eso, el tema de restitución es específico, además de los que tienen que ver con reparación, con una forma como debe operar la justicia. Unos mecanismos específicos que deben ser adoptados para la reparación integral se deben mantener en la ley de víctimas, sin que ello signifique que pueda haber disposición de una ley de tierras que deba ser complementaria.
Semana.com: El Polo lideró el debate sobre esta especie de reforma agraria que se plantea. ¿Qué propuestas considerarían que debería incluir la ley de tierras que propondrá el Gobierno?
I.C.: Los temas están planteados. El asunto es la ambición y la decisión con que se aborde. Hay un tema que no hemos debatido mucho y es el modelo agrario. No basta con restituir, hay que ver para qué modelos son. El uso de las tierras es importante. Aquí hay una concepción de modelo agrícola que tal vez no compartimos.
Semana.com: ¿Es decir que el modelo agrario será el punto neurálgico en el debate sobre esta ley?
I.C.: Quisiéramos ver un modelo que tenga esa doble cara de mantener los sectores empresariales, la mediana y la pequeña propiedad, junto al campesinado propio. No estamos por la abolición de un criterio empresarial en relación con las tierras.
También es necesario introducir una regulación importante en relación con la manera como las multinacionales tienen derechos sobre las tierras en Colombia.
Pero en relación con el modelo agroindustrial, que para nosotros es un modelo que desecha las culturas tradicionales y desecha una agricultura productiva, está el gran debate. Nosotros planteamos que la producción agrícola no sólo sea de carácter industrial, sino la producción de alimentos, que es fundamental en una época que se avecina, y está cantada, una crisis de alimentos. Sobre eso no hemos discutido.
Pero ahora estamos enfrentados a un gigantesco proceso de despojo y de legalización del despojo. La cuestión es si se podrá obtener tierras de las que fueron usurpadas para los campesinos, y poder desarrollar un proceso serio de vida en esas tierras.
Semana.com: Tras escuchar la postura del Gobierno, ¿cree que sí tienen clara la radiografía del problema de la tierra?
I.C.: El ministro Juan Camilo Restrepo hizo una exposición clara. Creo que sí hay un conocimiento y un planteamiento.
Semana.com: ¿El Polo Democrático estaría dispuesto a sentarse a concertar con el Gobierno en torno a esta iniciativa, o plantearían propuesta diferentes?
I.C.: Vamos a estar en ese debate, tenemos esa voluntad. Intentaremos llegar a acuerdos en todas esas propuestas que encontremos racionalidad y una voluntad de avance para poder sacarlas adelante sin perder nuestro carácter de oposición.
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