ENTREVISTA A IVÁN CEPEDA EN "EL ESPECTADOR"

La entrevista de Cecilia Orozco | 16 Octubre 2010 - 3:21am

"A veces creo que soy muy moderado"

El Espectador | Elespectador.com

Iván Cepeda explica por qué se opone a la ley de víctimas que se tramita en el Congreso y se refiere a su condición de hijo de un líder asesinado.

Cecilia Orozco Tascón.- En estos días se discute la ley de víctimas y restitución de tierras. Era impensable que un proyecto similar avanzara con Álvaro Uribe. Hoy es posible por una decisión del gobierno Santos. Sin embargo, usted se opone, ¿por qué?
Iván Cepeda Castro.- Reconozco que el proyecto tiene algunos puntos que constituyen un avance, pero, al tiempo, tiene grandes limitaciones y vacíos. Cito unos: las víctimas no han sido consultadas para la presentación de este proyecto. El Gobierno dice que se hizo en otro momento, pero es importante que ellas, que son las protagonistas de la ley, opinen sobre el actual. Segundo, en la ley hay un gran obstáculo para la reparación. La Administración ha incluido una limitante muy fuerte, que es el concepto de sostenibilidad fiscal.
C.O.T.- Pero el Gobierno debe ser responsable con las finanzas de la nación.
I.C.C.- Es cierto, pero también debe tener sentido de las proporciones. Hasta donde se sabe, el Gobierno habla de $44 billones en diez años, de los cuales $33 estarían consagrados a la asistencia y sólo $11 a una efectiva reparación. Eso significa que habría algo más de un billón de pesos al año para este último objetivo. Esos recursos son nimios con relación a la catástrofe que vive el país. Es muy mezquino y ausente de cierto decoro ético poner la reparación en esos términos. Cuando se trata de gastar en defensa, no hay alarma por la estabilidad fiscal. El Gobierno ha propuesto $20 billones en un año para la defensa nacional, mientras que para 4 millones de víctimas le parece suficiente un billón anual.
C.O.T.- Lo que hay previsto sobre restitución de tierras, ¿tampoco lo deja tranquilo?
I.C.C.- Hay algo previsto, sí, pero, ¿por qué no se diseña una política para perseguir los bienes, los capitales y las tierras apropiados ilegalmente? No debe pensarse sólo en cómo indemnizar, sino en la manera de debilitar el aparato criminal. El proyecto no tiene una política seria que permita captar recursos para reparar a las víctimas. No se prevé ningún mecanismo para la restitución del patrimonio usurpado, lo que hace inviable el mantenimiento de esa restitución. Además, se excluye a algunas víctimas. Por ejemplo, familiares de miembros de grupos armados ilegales no serán víctimas para esta ley, lo cual es discriminatorio.
C.O.T.- En sana lógica, se diría que los familiares de los victimarios no deberían tener el mismo tratamiento del Estado que las víctimas de sus parientes.
I.C.C.- Piense en un niño o en un muchacho que fueron reclutados a la fuerza por un grupo armado ilegal. En ese caso, ¿quién determina si ellos son víctimas o victimarios? Si el padre de un paramilitar es secuestrado por la guerrilla, ¿no tiene derecho a reparación administrativa?
C.O.T.- ¿Usted prefiere que no haya ley o que pase con algunas de las falencias que señala?
I.C.C.- Quisiera una ley de víctimas que responda a los derechos de verdad, justicia y reparación, y no una que pueda ser eventualmente declarada inexequible por la Corte Constitucional, o que sea inocua porque reconocerá uno que otro derecho, pero sin resolver el problema de fondo.
C.O.T.- Es raro verlo a usted, defensor de derechos, como parte de un Congreso desprestigiado.
I.C.C.- Antes de intentar ser elegido, lo pensé mucho. Llegué a esta posición, porque creo que la búsqueda de justicia, verdad y reparación, desde el punto de vista estrictamente judicial, tiene unos límites. No quiero decir que sea una lucha vana o improductiva, pero quienes toman las decisiones sobre las políticas públicas son los representantes de los poderes populares. Decidí experimentar y no me arrepiento.
C.O.T.- ¿De dónde salieron los recursos económicos para su campaña a la Cámara y cuántos votos obtuvo?
I.C.C.- Obtuve 35 mil votos e hice una campaña de opinión, sin ningún tipo de maquinarias, únicamente en Bogotá. En el Polo no represento ninguna colectividad política en particular, ni siquiera aquella en la que militó mi padre buena parte de su vida. Soy un representante que viene del movimiento de víctimas y de derechos humanos. Como se imaginará, los recursos que tuve fueron muy limitados y los conseguí mediante préstamos con amigos.
C.O.T.- 35 mil votos en Bogotá no es poca cosa. ¿Qué tipo de votante es el suyo?
I.C.C.- Durante la campaña encontré gente que pensé que no votaría por mí, pero lo hizo. Me refiero a personas provenientes de vertientes ideológicas diferentes y de partidos políticos tradicionales. Para mi sorpresa, algunos eran de ciertos estratos sociales. No estoy seguro, pero quisiera pensar que lo hicieron porque ha calado el mensaje de las víctimas y el del respeto a los derechos humanos. Por supuesto, también hubo votación de la izquierda y de sectores que tuvieron empatía con mi padre.
C.O.T.- Su partido ha sido descalificado por la gestión y los presuntos malos manejos de la Alcaldía de Bogotá. ¿Es crítico de lo que ocurre en el Polo o prefiere mirar para otro lado?
I.C.C.- Soy crítico de ciertas actuaciones y comportamientos. Lo que la opinión pública ha expresado debería conducir a que el partido examine de una manera objetiva la gestión de la Alcaldía. Pero también distingo claramente entre eventuales problemas que pudieran existir y las campañas que se vienen haciendo para etiquetar al Polo y para crear en la conciencia ciudadana que el partido es corrupto inventando algunos hechos o exagerando otros.
C.O.T.- El movimiento que usted representa es, explícitamente, una organización para víctimas de crímenes estatales. ¿No termina segregando a otras víctimas, por ejemplo, las de la guerrilla?
I.C.C.- No. También abogamos por otras víctimas y por sus derechos. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado no niega que la guerrilla ha causado daño y que ha generado víctimas individuales y colectivas con actos que pueden ser castigados como crímenes de guerra.
C.O.T.- La pregunta viene al caso porque si a uno le preocupa la suerte de unas víctimas, no puede ser sensible a unas e insensible a otras…
I.C.C.- Comparto lo que usted dice. Parte de lo que debemos resolver como sociedad es adquirir la sensibilidad que nos haga reaccionar sin miramientos. Los más privilegiados reaccionan indignados sólo si sus derechos no son respetados, pero son indiferentes con los de los demás. También me llama la atención que nadie ponga en tela de juicio la condición de víctima de un secuestrado de la guerrilla. Y que quien ha tenido un familiar víctima de desaparición forzada tenga que justificarse.
C.O.T.- En una parte del mundo político y periodístico se le percibe a usted como exagerado. ¿Se siente poco tolerante con posiciones distintas a la suya?
I.C.C.- No. Por el contrario, a veces creo que soy muy moderado. ¿Qué pedimos para las víctimas?, que haya efectivamente una reparación, que se desmantelen los aparatos criminales, que se reconozca el daño que se ha hecho. No son planteamientos de carácter revolucionario.
C.O.T. Usted dio una batalla muy larga para que el Estado colombiano reconociera su responsabilidad en el crimen de su padre. Pero ese reconocimiento resultó, paradójicamente, negativo, porque se presentaron ataques a la memoria de su padre. ¿Se arrepiente de esa lucha?
I.C.C.- Lo que había en el fondo era un profundo malestar por haber logrado una sentencia internacional en la que se reconoce que el asesinato de Manuel Cepeda fue un crimen de Estado. De ninguna manera me arrepiento. Por el contrario, me siento muy orgulloso de haber llevado a esas instancias el tema de mi padre.
C.O.T.- ¿Cree que logró su propósito o está insatisfecho con la forma como el Estado pidió perdón por la muerte de su padre?
I.C.C.- La sentencia de la Corte Interamericana es irreversible y su posición es incontrovertible. Además, este fallo es el inicio de la definición en la Corte, de la persecución del Estado contra la Unión Patriótica, siguiente paso en este debate. El presidente Uribe no quiso presentar el perdón que le exigió la Corte, en los términos en que se lo solicitó. Espero que el gobierno Santos lo haga.
C.O.T.- Y si eso no ocurriera, ¿iniciaría una nueva batalla jurídica contra el Estado colombiano en la Corte Interamericana?
I.C.C.- Colombia no ha cumplido en los términos en que lo exigió la Corte, pero no quiero llegar a esa instancia. El gobierno Santos sabe que tiene que cumplir. Va a ser interesante observar su actitud para evaluar hasta dónde el discurso tiene coherencia.
C.O.T.- Si no cumple, ¿cuál es el siguiente paso jurídico?
I.C.C.- Podría ocurrir que la Corte Interamericana termine enviando un informe ante la asamblea general de la OEA, lo cual tiene una repercusión política internacional enorme y genera un precedente internacional muy negativo para Colombia ante los órganos de justicia como la Corte Penal Internacional.
C.O.T.- Usted formó parte de un grupo que habló con los paramilitares extraditados. ¿Por qué quiso hablar con los victimarios?
I.C.C.- Esta decisión se tomó y no a título personal, en el seno del Movimiento de Víctimas del Estado, por iniciativa de la senadora Piedad Córdoba. No fue fácil sopesar lo esencial que era el encuentro, con el rechazo natural que sentíamos. No me arrepiento porque tuvimos la oportunidad de conocer la verdad sobre los hechos que intentaron sepultar con la extradición de estas personas. El resultado de esas visitas es que los llamados jefes paramilitares no eran los jefes, sino que formaban parte de un gran aparato criminal en el que ellos cumplían unas funciones, ejecutaban órdenes de otros. La parainstitucionalidad de Colombia todavía está por ser desenmascarada.
C.O.T.- ¿A cuál de los jefes paramilitares saludó primero?
I.C.C.- A Salvatore Mancuso.
C.O.T.- ¿Lo saludó de mano?
I.C.C.- No. El primer encuentro fue supremamente difícil, porque se suponía que había que entablar una conversación y yo no me sentía cómodo. Fue un momento muy tenso: él me extendió la mano y no se la pasé.
C.O.T.- ¿Qué lo impactó más?
I.C.C.- Entender mejor quiénes eran. Y mi conclusión es que ellos no eran los señores de la guerra omnipotentes que creíamos, sino los instrumentos de otros, sin que esa circunstancia minimice su responsabilidad. Le repito una frase que utilicé en el debate sobre tierras, y que no es mío. Proviene de alias Pitirri. Él decía: “Unos veníamos matando; otros venían comprando, y otros iban legalizando”. Esas palabras tan simples resumen lo que hemos visto en estos años: primero fueron las masacres; después, las grandes adquisiciones de tierra. Y lo que estamos viendo hoy es la legalización de esos dominios.
“Es temprano para comparar”
Cecilia Orozco.- ¿Cómo evalúa al gobierno Santos y qué comparación hace con las administraciones de Uribe?
Iván Cepeda.- Es temprano para hacer comparaciones o evaluaciones, porque el Gobierno actual ha anunciado unos propósitos, pero hay que juzgar por los hechos. No sólo por sus palabras y por sus gestos públicos que también hay que apreciar. La ruta de la administración se definirá por los proyectos a los que nos está abocando; y lo que veo en el Congreso en materia de propuestas legislativas es sombrío. Hay iniciativas que plantea el Gobierno que pueden afectar gravemente los derechos de los ciudadanos.
C.O.- ¿Cómo cuáles, por ejemplo?
I.C.- Por ejemplo, la iniciativa de convertir la macroestabilidad económica en un derecho fundamental. Se genera así un mecanismo que intimidará a los jueces de la República a la hora de fallar acciones de tutela, acciones en favor de los desplazados, sentencias de reparación de víctimas u otro tipo de decisiones que puedan ser consideradas como dañinas a lo que se denomina estabilidad fiscal.
C.O.- ¿Cree que se camufla una especie de reforma subrepticia de la justicia?
I.C.- Creo que eso forma parte de un gran proyecto que tiene muchos ingredientes de continuidad con el modelo anterior.
Dos veces en el exilio
C.O.- ¿Cuántas veces ha estado en el exilio?
I.C.- Salimos entre el año 65 y el 70 porque iban a matar a mi padre. Yo tenía en ese momento tres años. Después, en el año 2000, tuvimos que irnos hasta 2004 por circunstancias que tenían que ver con el proceso en el caso del asesinato de mi padre, cuando se produjo la condena de dos suboficiales como autores materiales del crimen.
C.O.- Supongo que hay un momento en que uno tira la toalla y se instala definitivamente en otro sitio. ¿Por qué no lo ha hecho?
I.C.- En algún momento, sobre todo en el segundo exilio, cuando no quería irme del país, pero tuve que hacerlo, me convencí de que esa opción le hace perder a uno el sentido a la vida.
C.O.- Obviamente su nombre siempre estuvo entre los vigilados en el complot del espionaje del DAS.
I.C.- Cierto, pero menos que otras personas.
C.O.T. ¿Hasta dónde invadieron su privacidad? ¿Lo sabe?
I.C.C.- Siempre he sido consciente de que interceptaban las comunicaciones. También de que había seguimientos, pero nunca imaginé la sofisticación de lo que se ha encontrado en los archivos del DAS.
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