Con diez votos a favor y ninguno en contra, fue aprobada en la mañana de hoy en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el proyecto de Ley No 303/10 en la Cámara y 209/09 del Senado sobre la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Esta convención fue adoptada en Nueva York el 20 de diciembre de 2006.
El representante Iván Cepeda, ponente coordinador de esta iniciativa, calificó la Convención como un instrumento revolucionario para la protección y promoción de los derechos humanos en el mundo. También señaló que su aprobación en Colombia se constituiría en un hecho histórico de enorme significado para la humanidad. La Convención ha sido ratificada por 19 Estados y sólo falta uno para completar los veinte requeridos para su entrada en vigencia.
El acto contó con la participación de Christian Salazar Volkmann, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia; Guilhem Ravier, coordinador de protección de la Comisión Internacional de la Cruz Roja; Federico Andreu Guzmán, director de la Comisión Colombiana de Juristas; José Daniel Álvarez de Familiares Colombia; Gloria Gómez, directora de ASFADDES; Jorge Cubides, Asesor Jurídico Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República; Andrés Orlando Peña de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas; María Paulina Riveros Dueñas, representante de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Interior y una vocera de la embajada de Francia.
“Colombia podría tener el honor de ser el país que mediante la aprobación de la Convención logre que este valioso instrumento de derechos humanos entre en vigor, lo cual le confiere una enorme importancia internacional a la decisión que adopte el Congreso de la República” afirmó el parlamentario.
Christian Salazar Volkmann, Representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, afirmó que la desaparición forzada es la más grave violación a los derechos humanos porque implica el desconocimiento de otros derechos, como el derecho a la seguridad, a la dignidad, a no sufrir tortura o trato inhumano y degradante, a una personalidad jurídica, a un juicio justo, a la vida familiar y el derecho a la vida.
“La desaparición forzada es una violación continúa en el tiempo. Según el artículo 5 de la Convención es un crimen de lesa humanidad cuando es sistemático y generalizado”
La convención en su articulado prioriza las voces de las víctimas, determina que los familiares tienen derecho a conocer las circunstancias de la desaparición, el paradero de los restos de sus seres queridos y a una reparación integral. La ratificación de la convención obliga a los Estados miembros a buscar a los desaparecidos y a lograr la verdad sobre lo ocurrido.
Federico Andreu, director de la CCJ, explicó que la Convención pretende lograr la represión del delito al tipificar la desaparición forzada como una violación autónoma, de naturaleza grave y con carácter permanente y continuado. También determina la responsabilidad individual y prohíbe que se invoque la obediencia debida para la exoneración de responsabilidades penales; determina normas procedimentales mediante la cooperación judicial entre los Estados Parte y define las medidas de prevención.
Con el voto favorable por parte de Colombia se contribuye a que las víctimas de todo el planeta cuenten con un recurso ante la justicia, y que además sean escuchadas de acuerdo a lo que determina la normativa internacional. “Es un llamado ético que nace de una convicción solidaria” sostuvo el representante Iván Cepeda
El representante Cepeda agradeció a la Comisión su apoyo, a los invitados y a los familiares de desaparecidos que estuvieron presentes durante el acto de sustentación.
“Es un momento trascendental para el país y nos llena de emoción haber logrado este reconocimiento en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes” concluyó el parlamentario.
OFICINA DE DE PRENSA
IVÁN CEPEDA CASTRO
REPRESENTANTE A LA CÁMARA
Al no firmar ponencia del proyecto de Ley de Víctimas PDA propone mecanismos concretos para garantizar la reparación
ResponderEliminarPara la bancada parlamentaria del PDA, si bien la ponencia del proyecto de Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras radicada por la Unidad Nacional presenta avances en la discusión respecto de la legislatura anterior, al mismo tiempo contiene numerosos aspectos que deben ser objeto de una profunda revisión.
Ante la falta de algunas disposiciones que son fundamentales para la satisfacción plena de los derechos de todas las víctimas del conflicto armado y de la violencia sociopolítica, en una carta dirigida al presidente de la República Juan Manuel Santos los parlamentarios del Polo señalaron algunas de sus principales observaciones sobre este particular: ausencia de una consulta amplia a las organizaciones de víctimas y de consulta previa a las comunidades étnicas; exclusión del PDA en el proceso de concertación previo a la presentación del proyecto de ley en el Congreso de la República; desconocimiento de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos por parte del Estado; confusión entre medidas de carácter asistencial y auténticas medias de reparación integral; limitación de la reparación judicial a las víctimas de grupos armados al margen de la ley desconociendo el principio de proporcionalidad y reparación integral; sujetar la materialización de la norma al principio de sostenibilidad fiscal; no garantizar la reparación patrimonial lo que debilita considerablemente la restitución de tierras; someter a la discrecionalidad del Gobierno aspectos esenciales de la reglamentación del proceso de reparación y de restitución; crear una comisión de la verdad que no garantiza autonomía respecto del Poder Ejecutivo, entre otras...
Iván Cepeda Castro
Representante a la Cámara