Representante Iván Cepeda exige garantías y derechos a restitución y retorno de comunidad de Las Pavas en el sur de Bolívar

CONSTANCIA ANTE PLENARIA DE CÁMARA


El congresista respalda a los campesinos que se niegan a aceptar la propuesta del ministerio de recibir otras tierras en comodato, y no los terrenos que les pertenecen y que ahora están en manos del consorcio palmicultor encabezado por José Ernesto Macías y Alfonso Dávila Abondano (Grupo Daabon)

BOGOTÁ, 5/4/11. El representante a la Cámara Iván Cepeda radicó una constancia ante plenaria de esa Corporación, en la cual expone la difícil situación de la comunidad desplazada de la hacienda Las Pavas, en el sur del departamento de Bolívar, la cual fue desplazada y despojada de sus terrenos en el 2003 por la acción paramilitar de Jesús Emilio Escobar.

Cepeda detalló que son más de 3000 hectáreas las que se reclaman y que ahora son explotadas por el Consorcio Palmicultor El Labrador, conformado por Aportes San Isidro y C.I. Tequendama. Recalcó que dichas tierras no están contempladas en el “plan de choque” planteado por el ministerio de Agricultura, el cual les ofrece a los campesinos recibir otros terrenos bajo un contrato de comodato, en lugar de los predios que les pertenecen.

Por tal motivo, el congresista requirió al Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo para que lleve a cabo acciones urgentes que le garanticen a la comunidad de Las Pavas la restitución de sus tierras y el derecho a un retorno digno.

“Hago un llamado urgente al Gobierno Nacional para que atienda y dé una pronta respuesta al pliego de peticiones presentado por estas comunidades e impulse los mecanismos necesarios para garantizar el derecho a la restitución y al retorno”, dijo.

Iván Cepeda también denunció que recientemente se abrieron procesos de judicialización contra tres líderes de la asociación que representa a estas comunidades (Asocab), por los delitos de invasión de tierras y calumnia, y pidió garantías para ellos.

“Hago el mismo llamado al Ministerio del Interior y de Justicia para que brinde las garantías necesarias para la exigibilidad de los derechos de estas personas, y finalmente a la Fiscalía y a la Procuraduría para que impulsen e inicien respectivamente, las investigaciones a las que haya lugar en este caso, en el cual se han cometido múltiples violaciones a los derechos humanos y faltas disciplinarias”, puntualizó el congresista.

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