SEGUNDO SEMESTRE 2012
ACTIVIDADES LEGISLATIVAS
RECONOCIMIENTOS
Congresista destacado en cámara de representantes según Cifras
& Conceptos
Según el estudio realizado por la encuestadora Cifras &
Conceptos a líderes de opinión en el país, sobre quiénes fueron los
congresistas más destacados de la pasada legislatura, en la Cámara el más
sobresaliente fue el representante Iván Cepeda, con un 20 por
ciento.
LOGROS EN LAS COMISIONES
DE PAZ Y DE DERECHOS HUMANOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
Mesas de trabajo regionales para contribuir a la terminación del
conflicto
Se realizaron nueve Mesas de Trabajo Regionales por la Paz,
entre el 24 de octubre y el 24 de noviembre, con la participación de 2990
personas y la representación de 1300 organizaciones de los 32 departamentos del
país, como una iniciativa de las Comisiones de Paz del Senado y de la Cámara de
Representantes. Las Mesas contaron con el apoyo técnico y metodológico de
Naciones Unidas Colombia.
Las propuestas sistematizadas de las Mesas de Trabajo Regionales
les fueron entregadas a los países garantes de las conversaciones de paz –Cuba
y Noruega, los cuales a su vez, las entregaron a la Mesa de Conversaciones
Gobierno-Farc que sesiona en La Habana. Se trata de la sistematización de
innumerables propuestas presentadas sobre tres de los ejes temáticos del
Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera acordado por el Gobierno nacional y las Farc: política de desarrollo
agrario integral, participación política y programas de sustitución de cultivos
de uso ilícito.
Mediante una misiva, los copresidentes de las Comisiones de Paz
del Congreso, nos dirigimos a los negociadores plenipotenciarios del Gobierno
Nacional y de las Farc para respaldar las negociaciones con miras a la
finalización del conflicto, y para destacar los resultados de la primera ronda
de las Mesas Regionales de Paz.
Reiteramos nuestro apoyo y la importancia del actual proceso de
conversación, e instamos a las partes a seguir adelante en la materialización
del sueño de poner fin al conflicto y avanzar en el logro de una paz estable y
duradera para Colombia.
Igualmente, desde el inicio de las conversaciones, insistimos en la convocatoria del Consejo Nacional de
Paz, el cual debe albergar distintos movimientos sociales y las diferentes
iniciativas de la sociedad civil.
La segunda ronda de las Mesas regionales por la Paz se
llevará a cabo a partir de febrero de 2013, enfocada en el tema de las
víctimas en el fin del conflicto.
Comisión de
Derechos Humanos del Congreso entrega al Gobierno informe sobre visitas a
miembros de la guerrilla internos en cárceles del país
El informe final de visitas a los integrantes de grupos
guerrilleros privados de la libertad fue elaborado por la Comisión integrada
por los congresistas Gloria Inés Ramírez, Iván Cepeda Castro, Hernando
Hernández, Angela María Robledo y Gloria Stella Díaz, tres miembros de las
unidades legislativas de trabajo de dichos congresistas, y tres miembros de las
organizaciones de derechos humanos Lazos de Dignidad, Fundación Comité de
Solidaridad con Presos Políticos y Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
del Partido Comunista Colombiano.
El informe fue el resultado de 15 visitas que se hicieron en
diferentes cárceles y centros penitenciarios del país, en las que la Comisión
se entrevistó con 274 personas (hombres y mujeres), entre el 24 de septiembre y
el 1 de diciembre de 2012.
El documento contiene un diagnóstico sobre las condiciones
actuales en las que se encuentran estas personas privadas de la libertad, y una
serie de recomendaciones que serán evaluadas y estudiadas por el Gobierno
Nacional.
El Gobierno Nacional, a través de la Ministra de Justicia y el
Alto Comisionado para la Paz , hará reuniones periódicas con la Comisión con el
fin de discutir sus recomendaciones.
El Gobierno Nacional agradece el esfuerzo de la Comisión, que
será de gran utilidad en el marco de la política que se está llevando a cabo
para mejorar las condiciones de reclusión en las cárceles y centros
penitenciarios del país.
Visita de dirigentes de Irlanda del Norte
Con al apoyo de varias organizaciones de derechos humanos y movimientos
sociales y populares de Colombia, se produjo la visita de una delegación de
dirigentes de Irlanda del Norte, compuesta por políticos de las dos
partes del conflicto de Irlanda de Norte (unionistas y republicanos),
con amplia experiencia en negociaciones de paz y muchos de ellos víctimas del
conflicto irlandés. Así mismo, participaron cuatro líderes sindicales, quienes
jugaron también un papel relevante en el proceso de paz irlandés y representan
a la sociedad civil.
Participantes: Rt. Hon. Jeffrey Donaldson MP, parlamentario del
DUP en el parlamento británico; Paul Maskey, parlamentario de Sinn Fein en el
parlamento Británico; John McCallister, diputado de la Asamblea del Norte
de Irlanda del partido (UUP); Conall McDevitt MLA, diputado de
la AsambleaIrlanda del Norte del partido SDLP; Brenda Hale MLA - diputada
de la Asamblea Irlanda del Norte del partido DUP; Bernard O’ Hagan –
Concejal, Sinn Fein; Pamela Dooley – Presidenta del Congreso Sindical
de Irlanda del Norte; Brian Campfield – Secretario General de NIPSA,
el principal sindicato del sector publico en Irlanda del Norte.a
sociedad civil; Patricia McKeown líder de UNISON, el del sector público, en Irlanda del
Norte.
Consideramos que la experiencia de Irlanda del Norte en temas de
paz puede enriquecer un eventual proceso con los grupos armados en nuestro
país, mirando los aciertos y desaciertos para retomar lo que sea más útil.
Conformación de Comisión
de seguimiento a crisis carcelaria
Después de un año del primer debate sobre cárceles
realizado en la Comisión Segunda de la Cámara, por la agudización de la grave
situación carcelaria en todo el país, el ministerio de Justicia puso
en marcha la Comisión de Seguimiento al Sistema Penitenciario y Carcelario
Colombiano, iniciativa que fue aprobada en dicho debate.
Desde la copresidencia de la Comisión de Paz de la
Cámara, celebramos que tras el colapso del sistema carcelario y penitenciario,
por fin se anunciara la puesta en marcha de la Comisión de seguimiento, cuyo
fin será analizar las diferentes problemáticas que viven los internos en la
mayoría de los centros de reclusión del país.
La Comisión está conformada por el viceministro de
Política Criminal del ministerio de Justicia, delegados de los ministerios de
Salud y Educación, dos expertos de organizaciones no gubernamentales, dos
expertos académicos, dos exmagistrados de las Altas Cortes, un juez de
ejecución de penas y un delegado de la Alta Consejería Presidencial para la
Equidad de la Mujer.
Entre sus funciones está evaluar y estudiar la
legislación vigente en materia penitenciaria y carcelaria, hacerle
seguimiento al estado de hacinamiento de las cárceles, y entregar informes
periódicos sobre las condiciones de reclusión, con especial atención a la
garantía de los derechos fundamentales de la población reclusa.
Respaldo a decisiones del Incoder a favor de
comunidades campesinas en la hacienda Las Pavas
Recibimos con beneplácito la decisión del
Incoder de ordenar la extinción de dominio sobre los predios de ‘Peñaloza’, ‘Las
pavas’ y ‘Si Dios Quiere’. Consideramos que es un paso más hacia la justicia en
este caso de despojo, y que se conduele con
los años de espera que han tenido que sufrir las comunidades campesinas de la
hacienda Las Pavas, en la reclamación de sus tierras.
Recordamos que
estas comunidades, se han visto enfrentadas a paramilitares y narcotraficantes
durante décadas, y en la actualidad a un poderoso consorcio que se ha
beneficiado del desalojo de los campesinos para desarrollar su proyecto
agroindustrial.
Denuncia de
irregularidades en proceso judicial del defensor de derechos humanos David
Ravelo
Días previos a
que se profiriera condena, dimos a conocer que William Gildardo Pacheco Granados,
fiscal 22 de la Unidad Nacional Antiterrorista, quien tiene a su cargo la
investigación y acusación en contra del defensor de derechos humanos David
Ravelo Crespo, no debería estar ocupando un cargo en la Fiscalía General, dado
que en 1991, siendo Teniente de la Policía Nacional, recibió la sanción de
separación absoluta por parte de esa institución, al comprobarse su
participación en un hecho de desaparición forzada, cuando ejercía como
comandante de la policía de Armenia. Recalcó que por dicha sanción, debe
pesar sobre él una inhabilidad permanente para ocupar cargos públicos.
Por lo anterior, se
le solicitó a la Fiscalía General de la Nación que retire de inmediato al señor
Pacheco de su cargo, teniendo en cuenta el Decreto 0261 de 2000, expedido por
el ente acusador, el cual contiene los impedimentos para ejercer como fiscal.
Del mismo modo, se le pidió a la Procuraduría General de la Nación que aclare
la situación en materia disciplinaria de este funcionario, ya que no se
encuentra en la base de datos pública de inhabilitados.
Amenazas a líderes de restitución de tierras en
Montes de María y Cesar
Respaldamos a los líderes
campesinos que buscan la restitución de tierras en la antigua hacienda
Bellacruz (Cesar), en sus denuncias por hostigamientos, seguimientos y
agresiones por parte de hombres armados de la empresa Dolce Vista de propiedad
de Germán Efromovich, durante una visita organizada por el Incoder en el
proceso de recuperación de baldíos.
Igualmente, alertamos a la
opinión pública sobre las constantes amenazas contra la vida de los miembros de
la Mesa de Víctimas de El Carmen de Bolívar, por parte del denominado ‘Ejército
antirrestitución’.
Por lo anterior, le
solicitamos al Gobierno Nacional, a través del entonces ministro del Interior
Federico Renjifo, y del ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, extremar
las medidas de protección de los líderes campesinos de Asocol, en la hacienda
Bellacruz y los miembros de la Mesa de Víctimas de El Carmen de Bolívar, quienes
están siendo intimidados para que desistan de sus reclamaciones o son
presionados para que las vendan sus tierras a empresarios de la región.
Denuncia penal contra el
fundador del Movimiento Machista Colombiano
Le pedimos al
Fiscal General de la Nación que investigue a Edilberto Barreto Vargas,
representante o líder de lo que él mismo denomina el Movimiento Machista
Colombiano, constituido en el departamento de Casanare, por la presunta
comisión de actos de discriminación y violencia contra la mujer, según lo
previsto en la ley 1257 de 2008, y los demás que lleguen a determinarse en el
desarrollo de las investigaciones.
Basamos la denuncia
en las declaraciones dadas por éste al programa Especiales Pirry el 5 de
agosto, y a otros medios en diferentes fechas, en las cuales se refiere al
trato denigrante que debe recibir la mujer, contemplando todo tipo de
agresiones, incluso la lapidación.
PROYECTOS:
APROBACIÓN EN PRIMER
DEBATE DEL PROYECTO SOBRE VIOLENCIA SEXUAL EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO
El proyecto de ley 037, de autoría Ángela
Robledo e Iván Cepeda, aprobado por la Comisión Primera de Cámara, pretende reformar la
legislación vigente con el fin de garantizar el acceso efectivo a la justicia
de las mujeres víctimas de violencia sexual en el contexto del
conflicto armado.
A partir de esta ley, se reconocería que
cuando un hecho de violencia sexual ocurre de manera sistemática o generalizada
por parte de los actores del conflicto, tiene el carácter de delito de lesa
humanidad.
El proyecto propone la adopción
de una serie de disposiciones que tienen que ver con el tratamiento jurídico de
los delitos de violencia sexual, con las normas de procedimiento en
materia de investigación y juzgamiento de tales conductas, con fortalecer la
celeridad y la eficacia de la justicia, al igual que otras disposiciones y
medidas administrativas orientadas a proteger los derechos de las mujeres en
cuanto a su formación, integridad y libertad sexuales.
La iniciativa que busca modificar el Código
Penal, el Código de Procedimiento Penal y a Ley de Violencia contra
las mujeres (1257 de 2008), cuenta con el apoyo de los ministerios de Defensa y
de Justicia. Igualmente, la Alta Consejera para la Equidad de la Mujer,
Cristina Plazas lo apoya y está al tanto de su trámite en el Congreso.
OPOSICIÓN AL
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL FUERO PENAL MILITAR
Luego de la aprobación por parte del Congreso de la República,
anunciamos la demanda constitucional que busca declarar la inexequibilidad de
la Reforma al Fuero Penal Militar, en conjunto con varias organizaciones
defensoras de derechos humanos.
Argumentamos que dicha norma es un paso atrás para lograr la
justicia en Colombia, y que el Congreso, al aprobar la reforma de la justicia
militar, está yendo en contra de las víctimas, cuando su tarea debería ser
legislar a favor de ellas.
En materia de impunidad, señalamos que tal
como lo indican las cifras oficiales de la Fiscalía General de la Nación, de
1.100 procesos que han entrado a indagación por ejecuciones extrajudiciales,
sólo 665 han pasado a etapa de investigación, y 72 han llegado a juicio.
OPOSICIÓN
AL PROYECTO DE REFORMA A LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ
Nos opusimos a varios puntos de la reforma de la ley de Justicia y Paz,
por considerar que limita el derecho a la reparación de las víctimas, especialmente
en el aparte que elimina el incidente de reparación a éstas dentro del proceso
judicial a los desmovilizados, y les impone la carga adicional de
elevar su reclamo ante el programa del Gobierno Nacional.
En el trámite de la reforma, expresamos que es inadmisible que
las víctimas, teniendo la vía directa de la reparación en el proceso judicial
de Justicia y Paz, deban ahora iniciar nuevos trámites. Sin
duda, estamos ante un mecanismo de desmotivación para que las víctimas
participen en los procesos y para que accedan a la reparación.
Del mismo modo, eliminar la reparación en los procesos
de Justicia y Paz conlleva una disminución en el monto
reconocido, en menoscabo de la situación actual de las víctimas, ya que por la
vía administrativa recibirán una suma muy inferior a la que en el presente se
reconoce.
APROBACIÓN DEL PROYECTO FESTIVAL
INTERNACIONAL DE CINE CARTAGENA COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN
Rendimos ponencia positiva para la aprobación de este proyecto,
por considerar que el cine colombiano ha experimentado en los últimos quince
años una transformación sin precedentes. El promedio de películas realizadas
por año se ha incrementado, los premios internacionales recibidos por
producciones nacionales en los diversos géneros cinematográficos es notable.
Para llegar a este punto ha sido necesaria la normatividad del arte
cinematográfico en nuestro país, lo cual ha sido un proceso lento y no exento de
enormes dificultades de toda índole.
Una contribución invaluable a ese proceso ha sido la creación
del Festival Internacional de Cine en Cartagena de Indias en un momento en el
que las producciones del cine latinoamericano comenzaban a competir internacionalmente.
Antes de este, no existía en todo el continente una vitrina donde público,
productores, críticos, artistas, guionistas pudiesen presenciar la riqueza de
la producción cinematográfica de la época. Fue en ese contexto en el que el
Festival de Cine de Cartagena surgió en 1960.
La realización de festivales artísticos es de vital importancia,
pues estimulan no sólo la sana competencia entre sus realizadores, lo cual
redunda en un incremento de la calidad artística y de todos los oficios que
rodean la creación artística, tales como la crítica, la formación del público,
los oficios técnicos relacionados, entre otros. En el caso específico de
Colombia, el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, ha influido
también en las políticas de producción de cine y en los fondos internacionales
de financiamiento para el cine.
DEBATES
DE CONTROL POLÍTICO:
En esta legislatura, llevamos a cabo tres
importantes debates de control político en la Comisión Segunda y la Plenaria de
la Cámara:
1. Debates sobre el caso Santoyo, otros hechos de corrupción en la Policía
Nacional y régimen de ascensos.
En este debate advertimos sobre la gravedad
del proceso que se le siguió al General (r) Mauricio Santoyo en Los Estados
Unidos y que terminó con una condena de 13 años de prisión, por su colaboración
a grupos paramilitares.
Además, revelamos que 29 oficiales y
suboficiales del cuerpo de seguridad del expresidente Álvaro Uribe tienen
investigaciones por graves delitos o se han visto involucrados en ilícitos, y
evidenciamos las relaciones de altos oficiales con
controvertidos personajes como Ascencio Reyes, las lujosas propiedades en
Fusagasugá (Cund), pertenecientes a Generales activos y retirados, y las
investigaciones contra cinco Coroneles postulados para ascenso al rango de
General.
Señalamos que en
nuestro país no existen mecanismos ni requisitos claros para la escogencia de
quienes conforman los grupos de seguridad nacional, lo cual permite que sean
permeados por todo tipo de estructuras criminales.
A raíz de este
debate, la Contraloría aceptó como denuncia formal la proposición para que se
investigue en materia fiscal, el caso de las lujosas propiedades de los
oficiales activos y retirados en el condominio San Ángel del Pedregal en
Fusagasugá.
- Debate: Situación
carcelaria.
El debate citado en conjunto con los representantes
Gloria Díaz y Augusto Posada, buscó confrontar al Gobierno Nacional sobre la
manera en que se está resolviendo la catastrófica situación de las cárceles
colombianas, el hacinamiento, las huelgas de hambre, las precarias condiciones
sanitarias y de atención en salud.
Manifestamos nuestra preocupación por la forma en
que el Gobierno está enfrentando el grave problema de hacinamiento que llega al
200%. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, la población carcelaria durante
los últimos 12 años se incrementó en 54.915 personas, mientras que en el mismo
lapso los cupos aumentaron sólo en 42.009. Es decir que el déficit es de
12.906 cupos, sin contar la situación de hacinamiento antes de este incremento.
Pedimos la pronta activación de la Comisión de
seguimiento a crisis carcelaria, aprobada en el primer debate en 2011.
- Debate sobre la crisis humanitaria en
el departamento del Cauca
Junto al representante Guillermo Rivera, lideramos
el debate de control político en la planaria de la Cámara de representantes,
sobre la grave situación del departamento del Cauca. Propusimos la
creación de una comisión interpartidista que visitara el esa región y
respaldamos la solicitud de las comunidades indígenas a los actores armados, en
particular al Estado y la guerrilla de las Farc, para que establezcan diálogos
humanitarios, se abstengan de atacar a la población civil, y se comprometan a
respetar su autonomía como pueblos indígenas.
Según un informe de la Defensoría del Pueblo, entre
enero y julio del 2012, se presentaron presentado enfrentamientos armados en 16
de los 42 municipios del Cauca, hubo 18 homicidios a comuneros indígenas,
120 hechos de violencia, 22 desplazamientos colectivos, más de 4 mil personas
desplazadas y 232 bienes civiles afectados.
Por su parte, el vocero indígena Feliciano
Valencia, quien intervino ante la Plenaria, afirmó que sus comunidades llevan 21
años esperando que se cumplan los preceptos contemplados en la Carta
Constitucional que tienen que ver con estos pueblos. Dice que desde la década
de los 80, son 26 los acuerdos incumplidos o cumplidos parcialmente por los
distintos gobiernos.
- Seguimiento
al debate de control político a Codensa en Comisión Segunda de Cámara
Luego de que en
la anterior legislatura, citamos a las directivas de Codensa y pedimos
que se investigaran las pretensiones de la empresa extranjera de apropiarse de
terrenos privados en Bogotá, en los cuales funcionan las subestaciones de
energía, se produjo una importante decisión por parte del Disciplinario en este
caso.
La Procuraduría
General de la Nación destituyó e inhabilitó por 4 años para ejercer cargos
públicos, a Juan Reinaldo Suárez Medina, quien se desempeñó como curador urbano
No 1 de Bogotá entre 2008 y 2010, y suspendió del ejercicio de su cargo a Juan
Luis Isaza Londoño, director de patrimonio del ministerio de Cultura.
El ente
disciplinario halló responsable al curador Suárez Medina de numerosas y graves
irregularidades, al otorgar los permisos para una demolición total en el centro
Antonio Nariño, declarado patrimonio arquitectónico de la nación, con lo cual
se pretendía construir una mega estación de energía de la empresa Codensa,
cuando en estos predios sólo se permiten demoliciones parciales.
Dentro de las
irregularidades comprobadas por la Procuraduría, se encontró que se allegaron
licencias ambientales que no correspondían al predio ni al tipo de obra, ni a
la empresa contratista que la pretendía desarrollar.
En cuanto al
director de patrimonio del ministerio de Cultura, Juan Luis Isaza, el organismo
de control definió que emitió la autorización para la obra dos años después de
iniciados los trámites y los trabajos de demolición.
SEGUIMIENTO A INVESTIGACIONES
Denuncia contra Álvaro Uribe
ante la Corte Penal Internacional
En una reunión privada con la Fiscal General de la Corte Penal
Internacional, Fatou Bensouda, en la ciudad de Roma este lunes 10 de diciembre,
se entregó la denuncia contra del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez,
por el delito de persecución, contemplado en el Estatuto de Roma. La denuncia
se basa en el proceso por las interceptaciones ilegales del DAS, al tiempo que
se anexaron numerosos documentos referentes a los 271 procesos abiertos contra
en el exmandatario, que se busca sean vinculados a la situación Colombia en la
CPI.
La denuncia se
basó en la inoperancia y la falta de independencia de la Comisión de
Investigación y Acusación de la Cámara de representantes, frente a los procesos
que lleva ese órgano contra el expresidente Uribe.
La falta de
efectividad de la Comisión de Investigación y Acusación es absoluta, desde 1972
han abierto 3.058 procesos, de los cuales 1.765 han sido archivados y 1.293
siguen vigentes. En toda su historia, solo ha proferido una acusación, la que,
una vez pasada a la instancia del Senado de la República, se decidió de manera
absolutoria. Existen 287 procesos en contra de Álvaro Uribe Vélez, desde el año
2002.
Le pedimos a la
CPI que investigue y juzgue a Álvaro Uribe Vélez, como máximo responsable del
crimen de lesa humanidad de persecución, cometido en Colombia, en el marco de
lo que se ha conocido como las chuzadas del DAS, teniendo en cuenta que en
Colombia no está tipificado dicho delito.
Además de la
denuncia, se le entregaron a la Fiscal Bensouda numerosos documentos y pruebas
sobre 271 procesos que se adelantan contra Uribe, como lo son el de la Masacre
de miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y de la Masacre de
El Aro, para que sean incluidos por la CPI en la situación Colombia.
La reunión la
Fiscal General de la CPI, se produjo con motivo del Panel de la Asamblea
Consultiva de Parlamentarios del mundo para la Corte Penal Internacional y el
Estado de Derecho que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados de Italia,
durante el 10 y el 11 de diciembre.
OTRAS ACTIVIDADES
Audiencia
pública de restitución de tierras
Este evento contó con la participación de las
organizaciones de campesinos y desplazados de todo el país, para dar a conocer
su situación en cuanto a la solicitud de sus predios.
Las víctimas del conflicto armado solicitaron
ante las autoridades participantes que se escucharan sus casos, para dar pronta
solución a cada una de las solicitudes, entre las que se pueden mencionar casos
de amenazas de grupos armados (guerrillas y paramilitares), presiones de
multinacionales, riesgo de enfrentamientos violentos, panfletos anónimos que
prohíben el regreso, y predios que se encuentran en procesos judicial.
A la audiencia asistieron Ricardo Sabogal,
director de la Unidad Nacional de Gestión de Restitución de Tierras; Andrés Parra,
delegado del Incoder; Germán Robles, procurador delegado para la restitución de
tierras; Rocío Rendón, representante del Centro de Memoria Histórica y
Margarita Uprimny , de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Audiencia
pública: Vivienda digna para mujeres víctimas de desplazamiento en Bogotá
En
la audiencia pública liderada junto a la congresista Ángela Robledo y
organizada por el Grupo Distrital de Incidencia y Seguimiento al auto 092 de
2008, con el apoyo del proyecto ProdeMujer (GIZ), se dieron a conocer las
principales barreras de acceso a la vivienda digna para las mujeres víctimas de
desplazamiento por causa del conflicto armado.
Acompañamos a cientos de mujeres organizadas víctimas
de desplazamiento forzado por causa de la guerra, quienes expusieron los
múltiples obstáculos para el acceso a una vivienda digna, exigieron sus
derechos y entregaron propuestas para la inclusión de sus demandas e
intereses en las políticas de vivienda de Bogotá.
Pedimos que los gobiernos, nacional y distrital, resuelvan sus diferencias en
esta materia, y que se pueda llegar una solución de vivienda para estas mujeres
lo más pronto posible. También pedimos que se les aclare a las mujeres
víctimas de desplazamiento, si el nuevo programa de las 100 mil viviendas del
Gobierno Santos remplaza otras promesas hechas en programas anteriores y en qué
porcentaje serán tenidas en cuenta dentro del mismo.
Audiencia Pública: Las
Zonas de Reserva Campesina “Una iniciativa Agraria de Paz”
En
conjunto con los congresistas Gloria Inés Ramírez y Hernando Hernández Tapasco,
y con la participación de decenas de organizaciones campesinas que hacen parte
de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), se
desarrolló este encuentro en el que se abordaron diferentes aspectos sobre la
realidad histórica, política, social, económica y cultural de esta figura.
Se
discutió sobre el desarrollo rural y el proceso de Paz en Colombia, la crisis
humanitaria, reglamentación actual, institucionalidad y financiación
de estas zonas. Del mismo modo, se buscó impulsar la reactivación efectiva de
las ZRC y su constitución como una figura productiva, de ordenamiento territorial,
ambiental, social y cultural, como alternativa de mejoramiento de la
calidad de vida de las comunidades campesinas de Colombia.
PRONUNCIAMIENTO
Mensaje enviado al III Congreso del Polo
Democrático Alternativo: Por la reunificación de la izquierda
Con motivo del III Congreso del Polo
Democrático Alternativo, que se desarrolló en octubre en Bogotá, les pedimos a
los delegados de la colectividad declarar su rechazo a las posiciones sectarias
y excluyentes de la directiva, y llamar a la unidad de todas las expresiones de
la izquierda en Colombia.
Reiteramos que
todos los miembros de Vamos por los Derechos decidimos no participar en el III
Congreso del Polo Democrático, dado que en la lista que presentaron en la
consulta popular para elegir a los delegados, fueron marginadas personas que tienen
toda la legitimidad y el derecho de estar en dicho encuentro.
Igualmente,
recalcamos que no compartimos la decisión de expulsar al Partido Comunista
Colombiano PCC, que es sin lugar a dudas la formación política del país que más
ha sufrido el exterminio y el genocidio político en Colombia.
Insistimos
también en que cualquier debate de la izquierda hoy debe poner en el centro la
convergencia de todas las expresiones democráticas para buscar la salida
negociada al conflicto social y armado que vive el país.
COLUMNA DE OPINIÓN
El Colombiano
19 de
noviembre de 2012
ESTA VEZ SÍ SE TRATA DE DESACTIVAR EL CONFLICTO ARMADO
Por
Iván Cepeda Castro
Representante a la Cámara - Polo Democrático Alternativo
Es muy importante este proceso que comienza hoy. Será la oportunidad para
hablar del desarrollo rural, punto sustancial porque de él depende la
posibilidad de paz. En su momento oportuno se tocará el problema de las
víctimas, de la verdad, la justicia y la reparación, por los crímenes cometidos
por ambas partes, y no solo por la guerrilla.
A diferencia de lo que se ha llamado negociación con los paramilitares, el
proceso con la guerrilla sí tiene que ver con la salida al conflicto armado
colombiano. Es una distinción necesaria: los paramilitares fueron una
estructura creada y favorecida históricamente por el Estado. De manera parcial
se intentó desmovilizar esa estructura, con la que el Estado no tenía un
conflicto armado, como sí lo ha habido con la guerrilla.
De lo que estamos hablando a partir de hoy es de ponerle punto final al
verdadero conflicto armado colombiano. Esa es la realidad de esta negociación,
que no es lo mismo que la desactivación de un actor de violencia creado por el
Estado.
Será necesario que las partes lleguen a un acuerdo sobre escenarios de justicia
transicional. Por supuesto, que sea un mecanismo bilateral, para saber que no
sólo los guerrilleros investigados sino los agentes del Estado incursos en
cierto tipo de delitos se someterán también a él. Todas las víctimas deberán
hacer escuchar su voz.
ENTREVISTA
Iván Cepeda y Héctor Riveros, dos visiones
sobre el proceso de paz
Por:
MARÍA ISABEL RUEDA
09 de
Septiembre del 2012
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