RENDICIÓN DE CUENTAS REPRESENTANTE A LA CÁMARA IVÁN CEPEDA CASTRO


SEGUNDO SEMESTRE 2012
ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

RECONOCIMIENTOS
Congresista destacado en cámara de representantes según Cifras & Conceptos
Según el estudio realizado por la encuestadora Cifras & Conceptos a líderes de opinión en el país, sobre quiénes fueron los congresistas más destacados de la pasada legislatura, en la Cámara el más sobresaliente fue el representante Iván Cepeda, con un 20 por ciento.


LOGROS EN LAS COMISIONES DE PAZ Y DE DERECHOS HUMANOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
Mesas de trabajo regionales para contribuir a la terminación del conflicto
Se realizaron nueve Mesas de Trabajo Regionales por la Paz, entre el 24 de octubre y el 24 de noviembre, con la participación de 2990 personas y la representación de 1300 organizaciones de los 32 departamentos del país, como una iniciativa de las Comisiones de Paz del Senado y de la Cámara de Representantes. Las Mesas contaron con el apoyo técnico y metodológico de Naciones Unidas Colombia.
Las propuestas sistematizadas de las Mesas de Trabajo Regionales les fueron entregadas a los países garantes de las conversaciones de paz –Cuba y Noruega, los cuales a su vez, las entregaron a la Mesa de Conversaciones Gobierno-Farc que sesiona en La Habana. Se trata de la sistematización de innumerables propuestas presentadas sobre tres de los ejes temáticos del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera acordado por el Gobierno nacional y las Farc: política de desarrollo agrario integral, participación política y programas de sustitución de cultivos de uso ilícito.
Mediante una misiva, los copresidentes de las Comisiones de Paz del Congreso, nos dirigimos a los negociadores plenipotenciarios del Gobierno Nacional y de las Farc para respaldar las negociaciones con miras a la finalización del conflicto, y para destacar los resultados de la primera ronda de las Mesas Regionales de Paz.
Reiteramos nuestro apoyo y la importancia del actual proceso de conversación, e instamos a las partes a seguir adelante en la materialización del sueño de poner fin al conflicto y avanzar en el logro de una paz estable y duradera para Colombia.
Igualmente, desde el inicio de las conversaciones,  insistimos en la convocatoria del Consejo Nacional de Paz, el cual debe albergar distintos movimientos sociales y las diferentes iniciativas de la sociedad civil.
La segunda ronda de las Mesas regionales por la Paz se llevará a cabo a partir de febrero de 2013, enfocada en el tema de las víctimas en el fin del conflicto.
Comisión de Derechos Humanos del Congreso entrega al Gobierno informe sobre visitas a miembros de la guerrilla internos en cárceles del país
El informe final de visitas a los integrantes de grupos guerrilleros privados de la libertad fue elaborado por la Comisión integrada por los congresistas Gloria Inés Ramírez, Iván Cepeda Castro, Hernando Hernández, Angela María Robledo y Gloria Stella Díaz, tres miembros de las unidades legislativas de trabajo de dichos congresistas, y tres miembros de las organizaciones de derechos humanos Lazos de Dignidad, Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos y Comité de Solidaridad con los Presos Políticos del Partido Comunista Colombiano.
El informe fue el resultado de 15 visitas que se hicieron en diferentes cárceles y centros penitenciarios del país, en las que la Comisión se entrevistó con 274 personas (hombres y mujeres), entre el 24 de septiembre y el 1 de diciembre de 2012.
El documento contiene un diagnóstico sobre las condiciones actuales en las que se encuentran estas personas privadas de la libertad, y una serie de recomendaciones que serán evaluadas y estudiadas por el Gobierno Nacional.
El Gobierno Nacional, a través de la Ministra de Justicia y el Alto Comisionado para la Paz , hará reuniones periódicas con la Comisión con el fin de discutir sus recomendaciones.
El Gobierno Nacional agradece el esfuerzo de la Comisión, que será de gran utilidad en el marco de la política que se está llevando a cabo para mejorar las condiciones de reclusión en las cárceles y centros penitenciarios del país.

Visita de dirigentes de Irlanda del Norte
Con al apoyo de varias organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales y populares de Colombia, se produjo la visita de una delegación de dirigentes de Irlanda del Norte, compuesta por políticos de las dos partes del conflicto de Irlanda de Norte (unionistas y republicanos), con amplia experiencia en negociaciones de paz y muchos de ellos víctimas del conflicto irlandés. Así mismo, participaron cuatro líderes sindicales, quienes jugaron también un papel relevante en el proceso de paz irlandés y representan a la sociedad civil.
Participantes: Rt. Hon. Jeffrey Donaldson MP, parlamentario del DUP en el parlamento británico; Paul Maskey, parlamentario de Sinn Fein en el parlamento Británico; John McCallister,  diputado de la Asamblea del Norte de Irlanda del partido (UUP); Conall McDevitt MLA,  diputado de la AsambleaIrlanda del Norte del partido SDLP; Brenda Hale MLA - diputada de la Asamblea Irlanda del Norte del partido DUP; Bernard O’ Hagan – Concejal, Sinn Fein; Pamela Dooley – Presidenta del Congreso Sindical de Irlanda del Norte; Brian Campfield – Secretario General de NIPSA, el principal sindicato del sector publico en Irlanda del Norte.a sociedad civil; Patricia McKeown  líder de UNISON, el del sector público, en Irlanda del Norte.
Consideramos que la experiencia de Irlanda del Norte en temas de paz puede enriquecer un eventual proceso con los grupos armados en nuestro país, mirando los aciertos y desaciertos para retomar lo que sea más útil.

Conformación de Comisión de seguimiento a crisis carcelaria

Después de un año del primer debate sobre cárceles realizado en la Comisión Segunda de la Cámara, por la agudización de la grave situación carcelaria en todo el país, el ministerio de Justicia puso en marcha la Comisión de Seguimiento al Sistema Penitenciario y Carcelario Colombiano, iniciativa que fue aprobada en dicho debate.

Desde la copresidencia de la Comisión de Paz de la Cámara, celebramos que tras el colapso del sistema carcelario y penitenciario, por fin se anunciara la puesta en marcha de la Comisión de seguimiento, cuyo fin será analizar las diferentes problemáticas que viven los internos en la mayoría de los centros de reclusión del país.

La Comisión está conformada por el viceministro de Política Criminal del ministerio de Justicia, delegados de los ministerios de Salud y Educación, dos expertos de organizaciones no gubernamentales, dos expertos académicos, dos exmagistrados de las Altas Cortes, un juez de ejecución de penas y un delegado de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.

Entre sus funciones está evaluar y estudiar la legislación vigente en materia penitenciaria y carcelaria, hacerle seguimiento al estado de hacinamiento de las cárceles, y entregar informes periódicos sobre las condiciones de reclusión, con especial atención a la garantía de los derechos fundamentales de la población reclusa.

Respaldo a decisiones del Incoder a favor de comunidades campesinas en la hacienda Las Pavas 
Recibimos con beneplácito la decisión del Incoder de ordenar la extinción de dominio sobre los predios de ‘Peñaloza’, ‘Las pavas’ y ‘Si Dios Quiere’. Consideramos que es un paso más hacia la justicia en este caso de despojo, y que se conduele con los años de espera que han tenido que sufrir las comunidades campesinas de la hacienda Las Pavas, en la reclamación de sus tierras.
Recordamos que estas comunidades, se han visto enfrentadas a paramilitares y narcotraficantes durante décadas, y en la actualidad a un poderoso consorcio que se ha beneficiado del desalojo de los campesinos para desarrollar su proyecto agroindustrial.
Denuncia de irregularidades en proceso judicial del defensor de derechos humanos David Ravelo
Días previos a que se profiriera condena, dimos a conocer que William Gildardo Pacheco Granados, fiscal 22 de la Unidad Nacional Antiterrorista, quien tiene a su cargo la investigación y acusación en contra del defensor de derechos humanos David Ravelo Crespo, no debería estar ocupando un cargo en la Fiscalía General, dado que en 1991, siendo Teniente de la Policía Nacional, recibió la sanción de separación absoluta por parte de esa institución, al comprobarse su participación en un hecho de desaparición forzada, cuando ejercía como comandante de la policía de Armenia. Recalcó que por dicha sanción, debe pesar sobre él una inhabilidad permanente para ocupar cargos públicos.

Por lo anterior, se le solicitó a la Fiscalía General de la Nación que retire de inmediato al señor Pacheco de su cargo, teniendo en cuenta el Decreto 0261 de 2000, expedido por el ente acusador, el cual contiene los impedimentos para ejercer como fiscal. Del mismo modo, se le pidió a la Procuraduría General de la Nación que aclare la situación en materia disciplinaria de este funcionario, ya que no se encuentra en la base de datos pública de inhabilitados.

Amenazas a líderes de restitución de tierras en Montes de María y Cesar

Respaldamos a los líderes campesinos  que buscan la restitución de tierras en la antigua hacienda Bellacruz (Cesar), en sus denuncias por hostigamientos, seguimientos y agresiones por parte de hombres armados de la empresa Dolce Vista de propiedad de Germán Efromovich, durante una visita organizada por el Incoder en el proceso de recuperación de baldíos.

Igualmente, alertamos a la opinión pública sobre las constantes amenazas contra la vida de los miembros de la Mesa de Víctimas de El Carmen de Bolívar, por parte del denominado ‘Ejército antirrestitución’.

Por lo anterior, le solicitamos al Gobierno Nacional, a través del entonces ministro del Interior Federico Renjifo, y del ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, extremar las medidas de protección de los líderes campesinos de Asocol, en la hacienda Bellacruz y los miembros de la Mesa de Víctimas de El Carmen de Bolívar, quienes están siendo intimidados para que desistan de sus reclamaciones o son presionados para que las vendan sus tierras a empresarios de la región. 

Denuncia penal contra el fundador del Movimiento Machista Colombiano

Le pedimos al Fiscal General de la Nación que investigue a Edilberto Barreto Vargas, representante o líder de lo que él mismo denomina el Movimiento Machista Colombiano, constituido en el departamento de Casanare, por la presunta comisión de actos de discriminación y violencia contra la mujer, según lo previsto en la ley 1257 de 2008, y los demás que lleguen a determinarse en el desarrollo de las investigaciones.

Basamos la denuncia en las declaraciones dadas por éste al programa Especiales Pirry el 5 de agosto, y a otros medios en diferentes fechas, en las cuales se refiere al trato denigrante que debe recibir la mujer, contemplando todo tipo de agresiones, incluso la lapidación.

PROYECTOS:


APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO SOBRE VIOLENCIA SEXUAL EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO
El proyecto de ley 037, de autoría Ángela Robledo e Iván Cepeda, aprobado por la Comisión Primera de Cámara, pretende reformar la legislación vigente con el fin de garantizar el acceso efectivo a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual en el contexto del conflicto armado.
A partir de esta ley, se reconocería que cuando un hecho de violencia sexual ocurre de manera sistemática o generalizada por parte de los actores del conflicto, tiene el carácter de delito de lesa humanidad.
El proyecto propone la adopción de una serie de disposiciones que tienen que ver con el tratamiento jurídico de los delitos de violencia sexual, con las normas de procedimiento en materia de investigación y juzgamiento de tales conductas, con fortalecer la celeridad y la eficacia de la justicia, al igual que otras disposiciones y medidas administrativas orientadas a proteger los derechos de las mujeres en cuanto a su formación, integridad y libertad sexuales.
La iniciativa que busca modificar el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y a Ley de Violencia contra las mujeres (1257 de 2008), cuenta con el apoyo de los ministerios de Defensa y de Justicia. Igualmente, la Alta Consejera para la Equidad de la Mujer, Cristina Plazas lo apoya y está al tanto de su trámite en el Congreso.
OPOSICIÓN AL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL FUERO PENAL MILITAR
Luego de la aprobación por parte del Congreso de la República, anunciamos la demanda constitucional que busca declarar la inexequibilidad de la Reforma al Fuero Penal Militar, en conjunto con varias organizaciones defensoras de derechos humanos.
Argumentamos que dicha norma es un paso atrás para lograr la justicia en Colombia, y que el Congreso, al aprobar la reforma de la justicia militar, está yendo en contra de las víctimas, cuando su tarea debería ser legislar a favor de ellas.
En materia de impunidad, señalamos que tal como lo indican las cifras oficiales de la Fiscalía General de la Nación, de 1.100 procesos que han entrado a indagación por ejecuciones extrajudiciales, sólo 665 han pasado a etapa de investigación, y 72 han llegado a juicio.
OPOSICIÓN AL PROYECTO DE REFORMA A LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ
Nos opusimos a varios puntos de la reforma de la ley de Justicia y Paz, por considerar que limita el derecho a la reparación de las víctimas, especialmente en el aparte que elimina el incidente de reparación a éstas dentro del proceso judicial a los desmovilizados, y les impone la carga adicional de elevar su reclamo ante el programa del Gobierno Nacional.
En el trámite de la reforma, expresamos que es inadmisible que las víctimas, teniendo la vía directa de la reparación en el proceso judicial de Justicia y Paz, deban ahora iniciar nuevos trámites. Sin duda, estamos ante un mecanismo de desmotivación para que las víctimas participen en los procesos y para que accedan a la reparación.
Del mismo modo, eliminar la reparación en los procesos de Justicia y Paz conlleva una disminución en el monto reconocido, en menoscabo de la situación actual de las víctimas, ya que por la vía administrativa recibirán una suma muy inferior a la que en el presente se reconoce.
APROBACIÓN DEL PROYECTO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE CARTAGENA COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN
Rendimos ponencia positiva para la aprobación de este proyecto, por considerar que el cine colombiano ha experimentado en los últimos quince años una transformación sin precedentes. El promedio de películas realizadas por año se ha incrementado, los premios internacionales recibidos por producciones nacionales en los diversos géneros cinematográficos es notable. Para llegar a este punto ha sido necesaria la normatividad del arte cinematográfico en nuestro país, lo cual ha sido un proceso lento y no exento de enormes dificultades de toda índole.
Una contribución invaluable a ese proceso ha sido la creación del Festival Internacional de Cine en Cartagena de Indias en un momento en el que las producciones del cine latinoamericano comenzaban a competir internacionalmente. Antes de este, no existía en todo el continente una vitrina donde público, productores, críticos, artistas, guionistas pudiesen presenciar la riqueza de la producción cinematográfica de la época. Fue en ese contexto en el que el Festival de Cine de Cartagena surgió en 1960.
La realización de festivales artísticos es de vital importancia, pues estimulan no sólo la sana competencia entre sus realizadores, lo cual redunda en un incremento de la calidad artística y de todos los oficios que rodean la creación artística, tales como la crítica, la formación del público, los oficios técnicos relacionados, entre otros. En el caso específico de Colombia, el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, ha influido también en las políticas de producción de cine y en los fondos internacionales de financiamiento para el cine.

DEBATES DE CONTROL POLÍTICO:

En esta legislatura, llevamos a cabo tres importantes debates de control político en la Comisión Segunda y la Plenaria de la Cámara:

1.    Debates sobre el caso Santoyo, otros hechos de corrupción en la Policía Nacional y régimen de ascensos.
En este debate advertimos sobre la gravedad del proceso que se le siguió al General (r) Mauricio Santoyo en Los Estados Unidos y que terminó con una condena de 13 años de prisión, por su colaboración a grupos paramilitares.
Además, revelamos que 29 oficiales y suboficiales del cuerpo de seguridad del expresidente Álvaro Uribe tienen investigaciones por graves delitos o se han visto involucrados en ilícitos, y evidenciamos las relaciones de altos oficiales con controvertidos personajes como Ascencio Reyes, las lujosas propiedades en Fusagasugá (Cund), pertenecientes a Generales activos y retirados, y las investigaciones contra cinco Coroneles postulados para ascenso al rango de General.
Señalamos que en nuestro país no existen mecanismos ni requisitos claros para la escogencia de quienes conforman los grupos de seguridad nacional, lo cual permite que sean permeados por todo tipo de estructuras criminales.
A raíz de este debate, la Contraloría aceptó como denuncia formal la proposición para que se investigue en materia fiscal, el caso de las lujosas propiedades de los oficiales activos y retirados en el condominio San Ángel del Pedregal en Fusagasugá.

  1. Debate: Situación carcelaria.

El debate citado en conjunto con los representantes Gloria Díaz y Augusto Posada, buscó confrontar al Gobierno Nacional sobre la manera en que se está resolviendo la catastrófica situación de las cárceles colombianas, el hacinamiento, las huelgas de hambre, las precarias condiciones sanitarias y de atención en salud.

Manifestamos nuestra preocupación por la forma en que el Gobierno está enfrentando el grave problema de hacinamiento que llega al 200%. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, la población carcelaria durante los últimos 12 años se incrementó en 54.915 personas, mientras que en el mismo lapso los cupos aumentaron sólo en 42.009.  Es decir que el déficit es de 12.906 cupos, sin contar la situación de hacinamiento antes de este incremento.

Pedimos la pronta activación de la Comisión de seguimiento a crisis carcelaria, aprobada en el primer debate en 2011.

  1. Debate sobre la crisis humanitaria en el departamento del Cauca

Junto al representante Guillermo Rivera, lideramos el debate de control político en la planaria de la Cámara de representantes, sobre la grave situación del departamento del Cauca. Propusimos la creación de una comisión interpartidista que visitara el esa región y respaldamos la solicitud de las comunidades indígenas a los actores armados, en particular al Estado y la guerrilla de las Farc, para que establezcan diálogos humanitarios, se abstengan de atacar a la población civil, y se comprometan a respetar su autonomía como pueblos indígenas.

Según un informe de la Defensoría del Pueblo, entre enero y julio del 2012, se presentaron presentado enfrentamientos armados en 16 de los 42 municipios del Cauca, hubo 18 homicidios a comuneros indígenas, 120 hechos de violencia, 22 desplazamientos colectivos, más de 4 mil personas desplazadas y 232 bienes civiles afectados.

Por su parte, el vocero indígena Feliciano Valencia, quien intervino ante la Plenaria, afirmó que sus comunidades llevan 21 años esperando que se cumplan los preceptos contemplados en la Carta Constitucional que tienen que ver con estos pueblos. Dice que desde la década de los 80, son 26 los acuerdos incumplidos o cumplidos parcialmente por los distintos gobiernos.


  1. Seguimiento al debate de control político a Codensa en Comisión Segunda de Cámara
Luego de que en la anterior legislatura, citamos a las directivas de Codensa y pedimos que se investigaran las pretensiones de la empresa extranjera de apropiarse de terrenos privados en Bogotá, en los cuales funcionan las subestaciones de energía, se produjo una importante decisión por parte del Disciplinario en este caso.
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 4 años para ejercer cargos públicos, a Juan Reinaldo Suárez Medina, quien se desempeñó como curador urbano No 1 de Bogotá entre 2008 y 2010, y suspendió del ejercicio de su cargo a Juan Luis Isaza Londoño, director de patrimonio del ministerio de Cultura.
El ente disciplinario halló responsable al curador Suárez Medina de numerosas y graves irregularidades, al otorgar los permisos para una demolición total en el centro Antonio Nariño, declarado patrimonio arquitectónico de la nación, con lo cual se pretendía construir una mega estación de energía de la empresa Codensa, cuando en estos predios sólo se permiten demoliciones parciales.
Dentro de las irregularidades comprobadas por la Procuraduría, se encontró que se allegaron licencias ambientales que no correspondían al predio ni al tipo de obra, ni a la empresa contratista que la pretendía desarrollar.
En cuanto al director de patrimonio del ministerio de Cultura, Juan Luis Isaza, el organismo de control definió que emitió la autorización para la obra dos años después de iniciados los trámites y los trabajos de demolición.

SEGUIMIENTO A INVESTIGACIONES

Denuncia contra Álvaro Uribe ante la Corte Penal Internacional

En una reunión privada con la Fiscal General de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, en la ciudad de Roma este lunes 10 de diciembre, se entregó la denuncia contra del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, por el delito de persecución, contemplado en el Estatuto de Roma. La denuncia se basa en el proceso por las interceptaciones ilegales del DAS, al tiempo que se anexaron numerosos documentos referentes a los 271 procesos abiertos contra en el exmandatario, que se busca sean vinculados a la situación Colombia en la CPI.
La denuncia se basó en la inoperancia y la falta de independencia de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de representantes, frente a los procesos que lleva ese órgano contra el expresidente Uribe.
La falta de efectividad de la Comisión de Investigación y Acusación es absoluta, desde 1972 han abierto 3.058 procesos, de los cuales 1.765 han sido archivados y 1.293 siguen vigentes. En toda su historia, solo ha proferido una acusación, la que, una vez pasada a la instancia del Senado de la República, se decidió de manera absolutoria. Existen 287 procesos en contra de Álvaro Uribe Vélez, desde el año 2002.
Le pedimos a la CPI que investigue y juzgue a Álvaro Uribe Vélez, como máximo responsable del crimen de lesa humanidad de persecución, cometido en Colombia, en el marco de lo que se ha conocido como las chuzadas del DAS, teniendo en cuenta que en Colombia no está tipificado dicho delito.
Además de la denuncia, se le entregaron a la Fiscal Bensouda numerosos documentos y pruebas sobre 271 procesos que se adelantan contra Uribe, como lo son el de la Masacre de miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y de la Masacre de El Aro, para que sean incluidos por la CPI en la situación Colombia.
La reunión la Fiscal General de la CPI, se produjo con motivo del Panel de la Asamblea Consultiva de Parlamentarios del mundo para la Corte Penal Internacional y el Estado de Derecho que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados de Italia, durante el 10 y el 11 de diciembre.


OTRAS ACTIVIDADES
Audiencia pública de restitución de tierras
Este evento contó con la participación de las organizaciones de campesinos y desplazados de todo el país, para dar a conocer su situación en cuanto a la solicitud de sus predios.
Las víctimas del conflicto armado solicitaron ante las autoridades participantes que se escucharan sus casos, para dar pronta solución a cada una de las solicitudes, entre las que se pueden mencionar casos de amenazas de grupos armados (guerrillas y paramilitares), presiones de multinacionales, riesgo de enfrentamientos violentos, panfletos anónimos que prohíben el regreso, y predios que se encuentran en procesos judicial.
A la audiencia asistieron Ricardo Sabogal, director de la Unidad Nacional de Gestión de Restitución de Tierras; Andrés Parra, delegado del Incoder; Germán Robles, procurador delegado para la restitución de tierras; Rocío Rendón, representante del Centro de Memoria Histórica y Margarita Uprimny , de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Audiencia pública: Vivienda digna para mujeres víctimas de desplazamiento en Bogotá
  
En la audiencia pública liderada junto a la congresista Ángela Robledo y organizada por el Grupo Distrital de Incidencia y Seguimiento al auto 092 de 2008, con el apoyo del proyecto ProdeMujer (GIZ), se dieron a conocer las principales barreras de acceso a la vivienda digna para las mujeres víctimas de desplazamiento por causa del conflicto armado.
 
Acompañamos a cientos de mujeres organizadas víctimas de desplazamiento forzado por causa de la guerra, quienes expusieron los múltiples obstáculos para el acceso a una vivienda digna, exigieron sus derechos y entregaron propuestas para la inclusión de sus demandas e intereses en las políticas de vivienda de Bogotá.

Pedimos que los gobiernos, nacional y distrital, resuelvan sus diferencias en esta materia, y que se pueda llegar una solución de vivienda para estas mujeres lo más pronto posible.  También pedimos que se les aclare a las mujeres víctimas de desplazamiento, si el nuevo programa de las 100 mil viviendas del Gobierno Santos remplaza otras promesas hechas en programas anteriores y en qué porcentaje serán tenidas en cuenta dentro del mismo.


Audiencia Pública: Las Zonas de Reserva Campesina “Una iniciativa Agraria de Paz”

En conjunto con los congresistas Gloria Inés Ramírez y Hernando Hernández Tapasco, y con la participación de decenas de organizaciones campesinas que hacen parte de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), se desarrolló este encuentro en el que se abordaron diferentes aspectos sobre la realidad histórica, política, social, económica y cultural de esta figura.

Se discutió sobre el desarrollo rural y el proceso de Paz en Colombia, la crisis humanitaria,  reglamentación actual, institucionalidad y financiación de estas zonas. Del mismo modo, se buscó impulsar la reactivación efectiva de las ZRC y su constitución como una figura productiva, de ordenamiento territorial, ambiental, social y cultural,  como alternativa de mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades campesinas de Colombia.

PRONUNCIAMIENTO

Mensaje enviado al III Congreso del Polo Democrático Alternativo: Por la reunificación de la izquierda
Con motivo del III Congreso del Polo Democrático Alternativo, que se desarrolló en octubre en Bogotá, les pedimos a los delegados de la colectividad declarar su rechazo a las posiciones sectarias y excluyentes de la directiva, y llamar a la unidad de todas las expresiones de la izquierda en Colombia.
Reiteramos que todos los miembros de Vamos por los Derechos decidimos no participar en el III Congreso del Polo Democrático, dado que en la lista que presentaron en la consulta popular para elegir a los delegados, fueron marginadas personas que tienen toda la legitimidad y el derecho de estar en dicho encuentro. 
Igualmente, recalcamos que no compartimos la decisión de expulsar al Partido Comunista Colombiano PCC, que es sin lugar a dudas la formación política del país que más ha sufrido el exterminio y el genocidio político en Colombia.
Insistimos también en que cualquier debate de la izquierda hoy debe poner en el centro la convergencia de todas las expresiones democráticas para buscar la salida negociada al conflicto social y armado que vive el país.



COLUMNA DE OPINIÓN
El Colombiano
19 de noviembre de 2012
ESTA VEZ SÍ SE TRATA DE DESACTIVAR EL CONFLICTO ARMADO
Por
Iván Cepeda Castro
Representante a la Cámara - Polo Democrático Alternativo

Es muy importante este proceso que comienza hoy. Será la oportunidad para hablar del desarrollo rural, punto sustancial porque de él depende la posibilidad de paz. En su momento oportuno se tocará el problema de las víctimas, de la verdad, la justicia y la reparación, por los crímenes cometidos por ambas partes, y no solo por la guerrilla.

A diferencia de lo que se ha llamado negociación con los paramilitares, el proceso con la guerrilla sí tiene que ver con la salida al conflicto armado colombiano. Es una distinción necesaria: los paramilitares fueron una estructura creada y favorecida históricamente por el Estado. De manera parcial se intentó desmovilizar esa estructura, con la que el Estado no tenía un conflicto armado, como sí lo ha habido con la guerrilla.

De lo que estamos hablando a partir de hoy es de ponerle punto final al verdadero conflicto armado colombiano. Esa es la realidad de esta negociación, que no es lo mismo que la desactivación de un actor de violencia creado por el Estado.

Será necesario que las partes lleguen a un acuerdo sobre escenarios de justicia transicional. Por supuesto, que sea un mecanismo bilateral, para saber que no sólo los guerrilleros investigados sino los agentes del Estado incursos en cierto tipo de delitos se someterán también a él. Todas las víctimas deberán hacer escuchar su voz.


ENTREVISTA
Iván Cepeda y Héctor Riveros, dos visiones sobre el proceso de paz
Por: MARÍA ISABEL RUEDA
09 de Septiembre del 2012

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Ivan Cepeda Debate de tierras: las caras del despojo

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