LA CORTE INTERAMERICANA REALIZARÁ UNA AUDIENCIA POR EL ASESINATO DE UN SENADOR COLOMBIANO

25/01/2010

www-diario.com

INA Noticia

San José, 25 ene (EFE).- La Corte Interamericana de

Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica,

comenzará mañana una audiencia de dos días en la que

escuchará a las partes por el caso contra el Estado

colombiano por el asesinato en 1994 del senador Manuel

Cepeda, del izquierdista Partido Unión Patriótica (UP).

De acuerdo con la demanda, Cepeda, líder de la Dirección

Nacional del Partido Comunista Colombiano y figura de la UP,

fue asesinado por un grupo de militares y paramilitares el 9

de agosto de 1994 en Bogotá cuando se dirigía hacia el

Senado, y posteriormente el Estado no hizo lo necesario para

castigar a los culpables.

Iván Cepeda, hijo de la víctima, declaró hoy en una

conferencia de prensa que el principal objetivo de la

demanda es que la Corte ordene que "los máximos autores

intelectuales compadezcan ante los tribunales” y con ello

contribuir a "disolver los vínculos históricos entre los

políticos, militares, paramilitares y empresarios en

Colombia”.

Agregó que también se pretende que el presidente

colombiano, Álvaro Uribe, ofrezca una disculpa pública por

la muerte del senador, luego de "16 años de buscar justicia”.

Afirmó que la muerte de su padre se enmarcó dentro de un

plan para eliminar a la UP, que también incluyó el asesinato

de "miles” de miembros y seguidores la agrupación.

Por su parte, Viviana Krsticevic, directora del Centro por la

Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que defiende a las

víctimas de este caso, aseguró que el Estado trata de

"desfigurar la verdad” con una serie de argumentos

procesales ante la Corte.

“AGENTES DEL ESTADO, EN COMPAÑÍA DE PARAMILITARES, ASESINARON A MI PADRE”: Iván Cepeda

20 Enero 2010

Por: Elespectador.com
El defensor de derechos humanos intentará demostrarlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Que se condene al Estado como uno de los ejecutores del homicidio del senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, pedirá su hijo, Iván Cepeda, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El candidato a la Cámara de Representantes por el Polo Democrático estará presenta desde este jueves en San José de Costa Rica, que será escenario de la primera audiencia del proceso que enfrenta el Estado colombiano ante el sistema Interamericano por la muerte del parlamentario, en 1994, diligencia que se cumplirá el próximo 26 de enero.
"Fueron agentes del Estado en compañía de grupos paramilitares, quienes asesinaron a mi padre. El crimen de Manuel Cepeda Vargas es un asesinato que se inscribe dentro de una dinámica de crímenes de lesa humanidad", dijo Cepeda a ElEspectador.com.
Para el vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, es evidente que el asesinato de Manuel Cepeda hace parte del genocidio del fue objeto la UP, aún no reconocido por la Justicia, pues así lo evidencian las muertes violentas de cerca de 4 mil de sus dirigentes, que dejan ver el claro propósito del exterminio político.
Aunque los organismos multilaterales no consideran este tipo de tipificación, precisó, espera que la Corte Interamericana lo declare como un delito de lesa humanidad.
"Nosotros esperamos que la Corte Interamericana se pronuncie en justicia y que ordene al Estado colombiano la sanción de los máximos responsables de este crimen, pleno esclarecimiento y medidas de reparación acordes al daño que se ha producido, no solamente contra la familia del senador Cepeda si no contra todo el movimiento Unión Patriótica", advirtió.
En nombre de su campaña al Congreso de la República, Iván Cepeda liderará un acto simbólico para "lavar la Procuraduría", teniendo en cuenta muchos de los pronunciamientos del jefe del ente de control que, en su concepto, son una "afrenta a la Justicia".
Para Cepeda, acciones como el concepto de Alejandro Ordóñez frente al Referendo Reeleccionista, dan cuenta de las violaciones constitucionales e irregularidades de las que viene padeciendo el organismo bajo la actual administración.

Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo183073-agentes-del-estado-compania-de-paramilitares-asesinaron-mi-padre-iv

ANTE LA CORTE INTERAMERICANA RESPONDERÁ COLOMBIA POR CASO UP

TOMADO DE "EL ESPECTADOR"

Por: Giovanni González Arango | Elespectador.com

El próximo 26 de enero empezará la audiencia en San José de Costa Rica.

Con la declaración del defensor de derechos humanos, Iván Cepeda, iniciará el proceso que enfrenta el Estado colombiano por el exteriminio del partido político izquierdista de la Unión Patriótica, UP.

El organismo multilateral, que tiene pendiente también el inicio del proceso por el holocausto del Palacio de Justicia en contra del establecimiento nacional, empezará a acopiar los testimnonios de los dolientes de las víctimas, en este caso, del senador Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994.

Iván Cepeda, hoy candidato a la Cámara de Representantes por el Polo Democrático, dijo que el caso de la UP, es uno de los más emblemáticos y espantosos genocidios que ha enfrentado el país, como también lo ha sido el caso del Palacio de Justicia, en la (sic) que ya se ha dado un importante giro, con el anuncio de la Fiscal Cuarta Delegada ante la Corte, frente al asesinato de Carlos Horacio Urán.

Para el vocero del Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado, Movice, el hecho de que la Fiscalía haya abierto la puerta a abordar este hecho luctuoso como un delito de lesa humanidad es un giro hacia al camino correcto, de cara a la verdad y la justicia.

"Es un signo alentador en el proceso de esclarecimiento de los hechos del Palacio de Justicia. Pone en una ruta correcta la tipificación de este crimen, pues aquí no estamos ante un hecho de homicidio agravado sino ante un delito de esa naturaleza".

Para Cepeda, es indudable que de lo que se trataba era buscar el exterminio de un grupo humano por parte de agentes del Estado, como ocurrió en el caso de la Unión Patriótica, movimiento del cual hacía parte cerca de 4 mil dirigentes que fueron asesinados entre 1986 y 1994.

"Deberían tipificar el hecho como genocidio. Eso lo hemos expresado muchas veces y creo que, en esa dirección, el juzgamiento de los casos de la UP, deben ser emprendidos con una metodología de esas características, que pueda dar una visión omnicomprensiva de los miles de asesinatos y desapariciones que se perpetraron con propósitos políticos", agregó.

Dijo que espera que los operadores de justicia puedan juzgar a los responsables como es debido y poder entregarle una verdad que tanto parece generarle problemas a la oficialidad, como según él lo demuestra el hecho de que el Secretario Jurídico de la Presidencia haya intervenido a favor del coronel (r) Plazas, ante la Juez que adelanta el proceso del ex oficial.

Dirección web fuente:

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo182205-corte-interamericana-respondera-colombia-caso-up

ESPECIAL PARA LOS LECTORES!

Como regalo de comienzo de 2010, hacemos entrega exclusiva a los fieles amigos lectores de este blog:

Epílogo del Libro “A las Puertas del Uberrimo” de Iván Cepeda y Jorge Rojas

“A las puertas del Uberrimo” escrito por Iván Cepeda Castro ( No 103 en el tarjetón para Cámara de Representantes por Bogotá) y Jorge Rojas ha sido reconocido como uno de los libros más vendidos en el 2009. Más de 15 mil ejemplares y cinco ediciones se vendieron en Venezuela y Colombia. La editorial Randam House Mondadori, Sello Debate, afirma que este libro fue el éxito comercial del año. Los vendedores de libros piratas declararon que la navidad del 2008 la salvo la venta de este libro, y no dudaron en expresar su agradecimiento a los autores. Igualmente ha sido uno de los libros que más solicitudes de descarga gratis ha recibido en la web.

Epílogo de A las puertas de El Ubérrimo

En las últimas dos décadas Córdoba, como otras regiones del país, ha padecido formas extremas de violencia. En el contexto del conflicto armado, las masacres, los secuestros, la desaparición forzada, han acabado o dañado la vida de miles de personas. Los grupos guerrilleros han tenido parte significativa de responsabilidad en esos hechos. Sus prácticas criminales han estimulado sin duda la espiral de la violencia armada. Pero también, al lado de las vicisitudes de la guerra, en el departamento se fundó y consolidó un modelo social acuñado por los grupos paramilitares y por ciertos sectores del gremio ganadero que les dieron vida. La usurpación de tierras a gran escala, y su correlato, el desplazamiento forzado, arruinaron a pequeños y medianos propietarios, y permitieron monopolizar, aún más, la propiedad sobre la tierra. El proselitismo armado y la cooptación del Estado local convirtieron a las instituciones en instancias privatizadas de ejercicio del poder.

No toda la sociedad respaldó el proyecto que impusieron los paramilitares en Córdoba y en otras regiones del país. Muchos se opusieron a ese modelo y, por ello, fueron perseguidos, eliminados o desterrados. Otros optaron, consciente o inconscientemente, por resignarse y guardar silencio. No todos los ganaderos compartían la visión de que acudir a “las autodefensas” era la solución a la violencia guerrillera, ni la forma de apropiarse de nuevas tierras .

Esos honrosos ejemplos se dieron en el contexto de una realidad sociopolítica innegable. El poder que alcanzó el modelo paramilitar de control de la sociedad y de sus instituciones, fue omnipresente y forzó el consenso colectivo. Bajo la forma del consentimiento, se produjo el acatamiento. En una sociedad controlada, cada individuo debe hacer demostración pública de su apoyo al estado de cosas predominante. Se crea una conformidad con la actitud de las masas. La presión proviene del miedo a ser rechazado por el grupo, e incluso, a ser excluido de la sociedad. La imposición progresiva del silencio se convierte en el mecanismo de sometimiento a una opinión dominante. Esa actitud lleva a la aceptación progresiva del descenso del umbral de las exigencias éticas y al consentimiento general de los crímenes y los delitos, como faltas menores o como males necesarios.

En esa situación de silencio forzado o de debilitamiento general de los patrones éticos, la resistencia que han ejercido y ejercen los movimientos sociales y determinados sectores de opinión, en medio de inmensas presiones, mantiene abierta la posibilidad de conquista de la democracia. Esa resistencia es la demostración indiscutible de que Córdoba y su gente no han claudicado ante la imposición de un modelo mafioso.

Pero antes de esa responsabilidad de los ciudadanos, existe en primer lugar aquella que está acorde con el grado de poder que se ha tenido en la sociedad. Si se pertenecía a los círculos pudientes y poderosos de la región, nada de lo que estaba trasformando a la sociedad cordobesa podía pasar desapercibido. Era prácticamente imposible ser uno de los más importantes ganaderos de la región y no darse cuenta de lo que estaba ocurriendo en la ciudad y el departamento. Era imposible no reconocer que en la ciudad vivían los jefes de los paramilitares y sus familias, y que controlaban buena parte de la actividad económica. Era imposible ignorar que a corta distancia de Montería se hallaban los cuarteles, los centros de entrenamiento y exterminio de las AUC, y no identificar a quién pertenecían muchas de las haciendas en donde estaban ubicadas esas bases de operación. Era imposible desconocer qué pasaba en la hacienda Las Tangas a mediados de la década de 1980 y quiénes eran los hermanos Castaño Gil. Era imposible desconocer la realidad de los desplazados que venían a Montería huyendo desde municipios que estaban a un centenar de kilómetros, era imposible no conocer la historia de las viudas y sus esposos desaparecidos. Era imposible no saber quiénes eran los miembros de la familia del jefe paramilitar Salvatore Mancuso, y no darse cuenta de las posiciones que ocupaban en las instituciones locales. Era imposible ignorar lo que acontecía en la relación entre los políticos y los jefes de las AUC, en especial cuando los primeros eran miembros de los movimientos y partidos de los que se era dirigente. Era imposible no saber lo que estaba aconteciendo en el plano político y en la vida social, cuando el diario local difundía cotidianamente su crónica. Es obvio que para quien viviera o visitara la ciudad o las haciendas vecinas era imposible ignorar la realidad de los crímenes, de las alianzas, de los escándalos, de la corrupción que emergía bajo la doctrina de la autodefensa, de la omnipresente influencia que los paramilitares alcanzaron en Córdoba.

Todos los personajes principales que aparecen en este texto han sido denunciados e investigados por estar presuntamente ligados a los grupos paramilitares, bien sea como sus miembros, ideólogos, auspiciadores, financiadores, testaferros o promotores sociales. Algunos pocos han sido condenados por la justicia. En su gran mayoría han estado ligados al dueño de El Ubérrimo, Álvaro Uribe Vélez, a la historia de su hacienda, a su labor como ganadero, y a su carrera política. Han sostenido con él relaciones personales, de amistad y compadrazgo, han apoyado abiertamente sus aspiraciones presidenciales, y se han beneficiado, de diverso modo, de esa amistad y relación política.

A las puertas de El Ubérrimo, a escasos kilómetros de esa hacienda, en su entorno político y social, nació y alcanzó su ascenso en los últimos veinticinco años el proyecto paramilitar. Su dueño aspira a seguir gobernando Colombia.

LAVAR EL CONGRESO

Por: Iván Cepeda Castro

LA POSTULACIÓN DEL PROFESOR Gustavo Moncayo como candidato al Senado de la República por el Polo Democrático Alternativo comienza a suscitar debate público.

Los sectores que defienden al Gobierno sostienen que las víctimas no deben ni pueden postularse a cargos de representación popular. Sus aspiraciones políticas estarían supuestamente viciadas al usar su condición para lograr satisfacer intereses personales. En realidad, este cuestionamiento encubre una convicción que se disfraza con acusaciones perversas. Quienes sostienen esa clase de posiciones pretenden que los escaños del Congreso de la República estén reservados sólo para los que han hecho causa común en la parapolítica. Si bien el parlamento colombiano se ha caracterizado por su corrupción endémica, en los últimos dos cuatrienios hemos asistido a la proliferación en su seno de toda clase de conductas ilícitas como el integrar aparatos criminales, buscar la doble reelección del presidente Uribe a cambio del soborno y garantizar la impunidad sobre sus actos, por sólo citar unos pocos ejemplos. La pregunta entonces no es si las víctimas tienen idoneidad ética para ser elegidas. La cuestión radica en si la elaboración de las leyes y la realización del control político seguirán mayoritariamente en manos de los amigos corruptos del Gobierno Nacional.

Como todos los ciudadanos, las víctimas tienen el legítimo derecho a la participación política. Entre otras razones porque precisamente ese ejercicio debilita el poder de los perpetradores que han obtenido el dominio de las corporaciones públicas por medio de la fuerza y el fraude. Las víctimas deben participar en política a pesar del evidente desequilibrio de las condiciones de su intervención en el debate electoral: no cuentan con la maquinaria y los copiosos recursos económicos de sus contendores; no recurren a la clientela política ni a los aparatos armados para conseguir sus votos.

Tal es mi posición y, como lo he hecho siempre, plasmo mis convicciones en acciones prácticas. Por eso he decidido postularme a la Cámara de Representantes por Bogotá en la lista del PDA. Mi programa no es otro que la protección de los derechos humanos, la búsqueda de la verdad y la justicia, así como la contribución a todos los esfuerzos que conduzcan a la Paz. Considero que ese es el mejor antídoto para contrarrestar la profunda degradación de las instituciones en el país. Mi labor en el Congreso estará consagrada a defender a las víctimas de todas las formas de violación de los derechos humanos y a denunciar a quienes perpetran esas violaciones. El acto de presentación pública de mi campaña expresará ese propósito. Invito a quienes deseen acompañarme, a que el próximo miércoles 16 de diciembre a las diez de la mañana lavemos las paredes del Congreso de la República, como acto simbólico que representa nuestra voluntad de lograr la renovación política.

Comencé a escribir en El Espectador a finales de 2002, cuando me encontraba en el exilio al que me vi forzado luego de numerosas amenazas de muerte. Esta columna de opinión me permitió sobrellevar con dignidad esa dura experiencia y cumplir mi función como vocero del movimiento de víctimas. Manifiesto mi gratitud al periódico y en especial a su director, Fidel Cano. Siempre he considerado que El Espectador es uno de los pocos espacios de opinión pluralista que tiene aún nuestro país. Dejo temporalmente estas páginas y agradezco también a quienes han leído mis reflexiones y puntos de vista.

fm_cepeda@yahoo.fr

Por: Elespectador.com