A raíz de la muerte de la líder Angélica Bello, el representante Iván Cepeda les recordó a los ministros del Interior y de Salud las obligaciones que tienen ambas carteras en el cumplimiento de una política pública para la atención, protección y reparación de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado, dentro de la cual es fundamental la respuesta del Estado en materia de protección y de atención sicosocial.
BOGOTÁ, 11/03/2013. El defensor de derechos humanos y representante a la Cámara, Iván Cepeda, les dirigió una solicitud a los ministros del Interior, Fernando Carrillo, y de Salud, Alejandro Gaviria, para que cumplan con los preceptos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos”, en el que se dispone adoptar una política pública nacional de equidad de género que desarrolle planes específicos que garanticen los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento.
Agregó que “la situación de las mujeres desplazadas y víctimas de violencia sexual por causa del conflicto es cada día más penosa. La historia de negación de derechos vivida por Angélica Bello no debe repetirse. La muerte de esta líder resulta indignante, su vida entera estuvo llena de silencios indolentes por parte del Estado, que se expresan en la impunidad en la que se encuentran los hechos delictivos de los que fue víctima, así como en la ausencia de atención sicosocial, de verdaderas medidas de restablecimiento económico y de una respuesta integral en materia de protección”.
El congresista señaló que la Ley 1448 de 2011 ordenó la creación de un programa de rehabilitación que debe incluir medidas individuales y colectivas para las víctimas de conflicto armado, el cual debe contener un fuerte componente de atención sicosocial. Cepeda subrayó que de acuerdo con la ley, el programa debió entrar a operar a más tardar el 10 diciembre de 2011, luego de más de un año desde el vencimiento del plazo el Programa es inexistente.
Del mismo modo, advirtió sobre la necesidad de reforzar las acciones para la protección de mujeres en situación de desplazamiento, dentro del nuevo programa piloto de protección colectiva para este grupo poblacional, anunciado por el ministerio del Interior, cuya implementación estará en manos de la Unidad Nacional de Protección.
A CONTINUACIÓN EL TEXTO COMPLETO DE LA CARTA:
Bogotá, 8 de Marzo de 2013
Doctor
FERNANDO CARRILLO
Ministro del Interior y de Justicia
Doctor
ALEJANDRO GAVIRIA
Ministro de Salud
Respetados Ministros, reciban un cordial saludo
El 16 de febrero murió Angélica Bello, defensora de DDHH, mujer en situación de desplazamiento forzado, quien se desempeñaba como representante de las víctimas de violencia sexual en la Mesa Nacional Transitoria, creada a partir de la ley 1448 de 2011. Se deceso ocurrió un día después de habérsele negado por parte de la Unidad de Protección, una nueva reubicación para su familia ante amenazas sufridas en el municipio de Codazzi, departamento del Cesar.
Como consecuencia de estos hechos, el Presidente de la República, Dr. Juan Manuel Santos Calderón, lamentó lo ocurrido y precisó que “nunca más nuestros compatriotas sufrirán con el silencio indolente”.
La muerte de Angélica Bello resulta indignante, su vida entera estuvo llena de silencios indolentes por parte del Estado, que se expresan en la impunidad en la que se encuentran los hechos delictivos de los que fue víctima, así como en la ausencia de atención sicosocial, de verdaderas medidas de restablecimiento económico y de una respuesta integral en materia de protección.
Es importante recordar que a partir del Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional, el Alto Tribunal ordenó al Gobierno Nacional la creación de 13 programas para atender la situación de las mujeres desplazadas, entre los que se encuentran: a. El Programa de Prevención del Impacto de Género Desproporcionado del Desplazamiento, mediante la Prevención de los Riesgos Extraordinarios de Género en el marco del Conflicto Armado, El Programa de Promoción de la Salud de las Mujeres Desplazadas, El Programa de Promoción de la Participación de la Mujer Desplazada y de Prevención de la Violencia contra las Mujeres Desplazadas Líderes o que adquieren Visibilidad Pública por sus Labores de Promoción Social, Cívica o de los Derechos Humanos, El Programa de Acompañamiento Psicosocial para Mujeres Desplazadas, y El Programa de Eliminación de las Barreras de Acceso al Sistema de Protección por las Mujeres Desplazadas.
La materialización de los 13 programas durante el Gobierno Uribe Vélez fue altamente deficiente, tres años después de ordenada su creación, la mayoría de programas seguían en etapa de formulación, con fuertes deficiencias en la coordinación institucional y carencias en la disposición de recursos.
En julio de 2011, el Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón informó a la Corte Constitucional sobre su intención de fusionar los 13 programas en una única propuesta, a la que denominó “Plan Integral para la Prevención y Atención al Impacto Diferencial y Desproporcionado del Desplazamiento sobre las Mujeres en Colombia”, en respuesta a la orden de la Corte y a la obligación contenida en el artículo 177 de la ley 1450 de 2011 que estableció el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos”, en el que se dispone adoptar una política pública nacional de equidad de género que desarrolle planes específicos que garanticen los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento.
Luego de más de un año y medio, dicho plan que tendrá la forma de un documento CONPES es inexistente. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación y de la Oficina de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, a enero de 2013 el borrador del CONPES se encontraba en etapa de revisión técnica.
Una de las necesidades más sentidas de las mujeres víctimas es la atención sicosocial. Sobre el particular la ley 1448 de 2011 ordenó la creación de un programa de rehabilitación que debe incluir medidas individuales y colectivas para las víctimas de conflicto armado, el cual debe contener un fuerte componente de atención sicosocial. De acuerdo con la ley el programa debió entrar a operar a más tardar el 10 diciembre de 2011, luego de más de un año desde el vencimiento del plazo el Programa es inexistente.
La muerte de Angélica Bello, evidencia que a pesar de la existencia de múltiples obligaciones en cabeza del Gobierno Nacional en materia de atención, protección y reparación a las víctimas de desplazamiento forzado y en especial a las mujeres, su situación no ha mejorado. Por el contrario las mujeres siguen siendo victimizadas, y la precariedad en sus condiciones de vida sigue incrementándose en medio de promesas de ser reparadas.
El 22 de febrero, 6 días después de la muerte de Angélica Bello, el Ministro Carrillo se pronunció sobre los avances en materia de protección de mujeres en situación de desplazamiento, anunciando un programa piloto de protección colectiva para este grupo poblacional, cuya implementación estará en manos de la Unidad Nacional de Protección.
Hoy, 8 de marzo, día internacional de las Mujeres, es oportuno recordar a los dos Ministerios sus obligaciones en la materia, las cuales lejos de cumplirse a través de programas piloto, requiere el cumplimiento de una verdadera política pública para la atención, protección y reparación de las víctimas de desplazamiento forzado y en especial de las mujeres víctimas, dentro de la cual juega un rol fundamental la respuesta del Estado en materia de protección y de atención sicosocial.
La historia de negación de derechos vivida por Angélica Bello no debe repetirse.
Cordialmente,
Iván Cepeda Castro
Representante a la Cámara
OFICINA DE PRENSA
