*Artículo obligaría al Gobierno a encarar situación de violencia contra las
mujeres *
*La norma pretende que por fin se tomen medidas en todas las esferas
gubernamentales para garantizar la protección y la eficaz atención a las
mujeres que han sido víctimas de violencia por razón de su género, y
establece la implementación de programas de prevención y sensibilización
contra este fenómeno*
* *
BOGOTÁ, 27/4/11. El representante a la Cámara Iván Cepeda buscará que sea
aprobada una proposición para que se incluya en el Plan Nacional de
Desarrollo, un artículo que plantea la puesta en marcha de una política
pública para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia y
discriminación contra la mujer.
De manera adicional, esta norma obligaría al Gobierno Nacional a
reglamentar en el corto plazo, la Ley 1257 de 2008, que reformó los Códigos
Penal y de Procedimiento Penal, y que contempla mecanismos para proteger y
atender a las mujeres que han sido objeto de violencia, y dicta medidas
para la sensibilización y la prevención de este fenómeno por parte todos los
entes gubernamentales.
El congresista señaló que *“es hora de que en Colombia se legisle para
ponerle punto final a la violencia contra la mujer, que cada día aumenta
ante la mirada indiferente de muchos sectores políticos”.* “*Es inadmisible
que a dos años de haber sido aprobada la Ley 1257, todavía no se haya
reglamentado esta trascendental norma”, *precisó*.*
La Ley también obliga al Ministerio de Educación a crear programas para
vincular a las mujeres víctimas a programas de escolarización y aprendizaje
de oficios, y a darles prioridad en el ingreso a programas de educación
técnica y profesional.
El representante afirmó que de ser aprobado, este artículo busca que el
Estado colombiano cumpla con las recomendaciones de organismos
internacionales de protección de los Derechos Humanos, y con las
obligaciones contenidas en la Convención sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación contra la Mujer, y en la Convención Interamericana
para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, ambas
ratificadas por Colombia.
Iván Cepeda anunció que en los próximos días citará a un debate de fondo
para tratar la situación de violencia contra las mujeres en el contexto del
conflicto armado.
--
*Lina Yepes Giraldo*
Jefa de Prensa
Representante Iván Cepeda Castro
Móvil: 317 501 9103
lmyepes21@gmail.com
Bogotá - Colombia
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO VS. REPARACIÓN
*Ley de víctimas sin presupuesto, continuidad de la seguridad democrática,
conformación de redes de informantes, y el desconocimiento del nuevo
paramilitarismo, son algunos de los reparos del representante a la Cámara
Iván Cepeda sobre el Plan Nacional de Desarrollo que se votará hoy en el
Congreso de la República*
* *
BOGOTÁ, 26/4/11. A propósito de la discusión del Plan Nacional de
Desarrollo que se llevará a cabo hoy en las plenarias de Cámara y Senado, el
congresista Iván Cepeda Castro advirtió sobre el carácter lesivo de varios
puntos incluidos en este proyecto. El congresista señaló que el PND no
contempla el presupuesto para la reparación de las víctimas, y menos para
cumplir con las políticas de restitución de tierras, y tampoco modifica las
modalidades de ayuda humanitaria para los desplazados.* *
* *
*“¿Cómo aspira el Gobierno Nacional a ejecutar las medidas de reparación
contenidas en Ley víctimas y de restitución de tierras, sin que se cree un
sustento presupuestal en el PND?”,* puntualizó el representante.**
Cepeda afirmó que el proyecto no reconoce la persistencia del conflicto
armado y sus graves consecuencias para el país, y por lo tanto tampoco
contempla políticas de Estado en esta materia. Dijo que el Plan es tolerante
con el paramilitarismo, al darle la denominación de simples bandas
delincuenciales (Bacrim), cuando *“en realidad se trata de poderosas
estructuras que dominan grandes territorios del país”*. Además, recordó que
según una alerta del Ministerio del Interior, estos grupos estarían pensando
en tomarse el poder de alcaldías y gobernaciones en las elecciones de
octubre para controlar los presupuestos locales.
Explicó que el Plan Nacional de Desarrollo incluye medidas que tienden a
darle continuidad a la política de seguridad democrática, con la
conformación de redes de informantes, y con la intención de armar a civiles,
una práctica que en algunos lugares del país sólo ha provocado la pérdida de
control por parte de la fuerza pública.
*“Es impensable que el Gobierno pretenda acudir a estas estrategias, si en
los últimos 8 años, estas políticas han demostrado ser, no sólo
insuficientes, sino generadoras de más violencia”, *concluyó.
Igualmente, señaló que el PND no fortalece instancias como la Defensoría del
Pueblo, ni medidas que permitan contrarrestar la impunidad de crímenes como
las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición y el desplazamiento
forzados.
--
*Lina Yepes Giraldo*
Jefa de Prensa
Representante Iván Cepeda Castro
Móvil: 317 501 9103
conformación de redes de informantes, y el desconocimiento del nuevo
paramilitarismo, son algunos de los reparos del representante a la Cámara
Iván Cepeda sobre el Plan Nacional de Desarrollo que se votará hoy en el
Congreso de la República*
* *
BOGOTÁ, 26/4/11. A propósito de la discusión del Plan Nacional de
Desarrollo que se llevará a cabo hoy en las plenarias de Cámara y Senado, el
congresista Iván Cepeda Castro advirtió sobre el carácter lesivo de varios
puntos incluidos en este proyecto. El congresista señaló que el PND no
contempla el presupuesto para la reparación de las víctimas, y menos para
cumplir con las políticas de restitución de tierras, y tampoco modifica las
modalidades de ayuda humanitaria para los desplazados.* *
* *
*“¿Cómo aspira el Gobierno Nacional a ejecutar las medidas de reparación
contenidas en Ley víctimas y de restitución de tierras, sin que se cree un
sustento presupuestal en el PND?”,* puntualizó el representante.**
Cepeda afirmó que el proyecto no reconoce la persistencia del conflicto
armado y sus graves consecuencias para el país, y por lo tanto tampoco
contempla políticas de Estado en esta materia. Dijo que el Plan es tolerante
con el paramilitarismo, al darle la denominación de simples bandas
delincuenciales (Bacrim), cuando *“en realidad se trata de poderosas
estructuras que dominan grandes territorios del país”*. Además, recordó que
según una alerta del Ministerio del Interior, estos grupos estarían pensando
en tomarse el poder de alcaldías y gobernaciones en las elecciones de
octubre para controlar los presupuestos locales.
Explicó que el Plan Nacional de Desarrollo incluye medidas que tienden a
darle continuidad a la política de seguridad democrática, con la
conformación de redes de informantes, y con la intención de armar a civiles,
una práctica que en algunos lugares del país sólo ha provocado la pérdida de
control por parte de la fuerza pública.
*“Es impensable que el Gobierno pretenda acudir a estas estrategias, si en
los últimos 8 años, estas políticas han demostrado ser, no sólo
insuficientes, sino generadoras de más violencia”, *concluyó.
Igualmente, señaló que el PND no fortalece instancias como la Defensoría del
Pueblo, ni medidas que permitan contrarrestar la impunidad de crímenes como
las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición y el desplazamiento
forzados.
--
*Lina Yepes Giraldo*
Jefa de Prensa
Representante Iván Cepeda Castro
Móvil: 317 501 9103
IVÁN CEPEDA DENUNCIA QUE LOS CAMPESINOS QUE RETORNAN A SUS TIERRAS ESTÁN SIENDO JUDICIALIZADOS
Denuncian que están judicializando a campesinos que retornan a sus tierras
Por: arico | Elespectador.com
Según el congresista Iván Cepeda, los acusan de ocupación ilegal de sus propias parcelas.
El representante a la Cámara Iván Cepeda rechazó las recientes judicializaciones contra los líderes de la comunidad campesina de Las Pavas, en el Sur de Bolívar, al calificarlas de persecuciones arbitrarias, al tiempo que llamó la atención de los organismos internacionales de derechos humanos para que se pronuncien sobre el tema.
Dos semanas después de que la comunidad campesina de Las Pavas, en el sur del departamento de Bolívar, realizara una acción de retorno a sus parcelas para exigirle al gobierno nacional el respeto a los derechos que tienen a la restitución de las tierras, denunciaron que sus líderes han venido siendo objeto de judicializaciones por distintos delitos, como ocupación ilegal de tierras y calumnia.
El representante a la Cámara Iván Cepeda, quien acompañó a los campesinos como garante, manifestó su preocupación y dijo que “estas judicializaciones buscan convertir a los líderes campesinos en objeto de persecuciones arbitrarias, por el hecho de pedir el respeto a sus derechos y reclamar lo que les fue arrebatado”.
El congresista hizo un llamado a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos para que se pronuncien sobre los hechos que vienen ocurriendo en el país contra las personas que lideran procesos de restitución de tierras, quienes son víctimas de persecución, asesinatos y todo tipo de intimidaciones.
“Hago el mismo llamado a las autoridades para que brinden las garantías necesarias para la exigibilidad de los derechos de estas personas, y para que impulsen e inicien respectivamente, las investigaciones a las que haya lugar en este caso, en el cual se han cometido múltiples violaciones a los derechos humanos y faltas disciplinarias”, reiteró Cepeda.
De acuerdo con el congresista, los campesinos de Las Pavas, organizados en la Asociación de Campesinos de Buenos Aires Asocab, buscan que el Ministerio de Agricultura les restituya más de 3 mil hectáreas de las que fueron despojados, por las acciones paramilitares en 2003. Dichos terrenos ahora están en manos del consorcio palmicultor encabezado por José Ernesto Macías y Alfonso Dávila Abondano (Grupo Daabon), el cual se niega a devolverles dichos predios.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-263153-denuncian-estan-judicializando-campesinos-retornan-sus-tierras
Por: arico | Elespectador.com
Según el congresista Iván Cepeda, los acusan de ocupación ilegal de sus propias parcelas.
El representante a la Cámara Iván Cepeda rechazó las recientes judicializaciones contra los líderes de la comunidad campesina de Las Pavas, en el Sur de Bolívar, al calificarlas de persecuciones arbitrarias, al tiempo que llamó la atención de los organismos internacionales de derechos humanos para que se pronuncien sobre el tema.
Dos semanas después de que la comunidad campesina de Las Pavas, en el sur del departamento de Bolívar, realizara una acción de retorno a sus parcelas para exigirle al gobierno nacional el respeto a los derechos que tienen a la restitución de las tierras, denunciaron que sus líderes han venido siendo objeto de judicializaciones por distintos delitos, como ocupación ilegal de tierras y calumnia.
El representante a la Cámara Iván Cepeda, quien acompañó a los campesinos como garante, manifestó su preocupación y dijo que “estas judicializaciones buscan convertir a los líderes campesinos en objeto de persecuciones arbitrarias, por el hecho de pedir el respeto a sus derechos y reclamar lo que les fue arrebatado”.
El congresista hizo un llamado a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos para que se pronuncien sobre los hechos que vienen ocurriendo en el país contra las personas que lideran procesos de restitución de tierras, quienes son víctimas de persecución, asesinatos y todo tipo de intimidaciones.
“Hago el mismo llamado a las autoridades para que brinden las garantías necesarias para la exigibilidad de los derechos de estas personas, y para que impulsen e inicien respectivamente, las investigaciones a las que haya lugar en este caso, en el cual se han cometido múltiples violaciones a los derechos humanos y faltas disciplinarias”, reiteró Cepeda.
De acuerdo con el congresista, los campesinos de Las Pavas, organizados en la Asociación de Campesinos de Buenos Aires Asocab, buscan que el Ministerio de Agricultura les restituya más de 3 mil hectáreas de las que fueron despojados, por las acciones paramilitares en 2003. Dichos terrenos ahora están en manos del consorcio palmicultor encabezado por José Ernesto Macías y Alfonso Dávila Abondano (Grupo Daabon), el cual se niega a devolverles dichos predios.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-263153-denuncian-estan-judicializando-campesinos-retornan-sus-tierras
Iván Cepeda denuncia persecución judicial a campesinos que reclaman tierras en finca Las Pavas
*El representante a la Cámara Iván Cepeda rechazó las recientes
judicializaciones contra los líderes de la comunidad campesina de Las Pavas,
en el Sur de Bolívar, las calificó de persecuciones arbitrarias, y llamó la
atención de los organismos internacionales de derechos humanos para que se
pronuncien sobre el tema*
BOGOTÁ, 14/4/11. Dos semanas después de que la comunidad campesina de Las
Pavas, en el sur del departamento de Bolívar, realizaran una acción de
retorno a sus parcelas para exigirle al gobierno nacional el respeto a los
derechos que tienen a la restitución de las tierras, y a retornar a ellas de
manera digna, denunciaron que sus líderes han venido siendo objeto de
judicializaciones por distintos delitos como ocupación ilegal de tierras y
calumnia.
El representante a la Cámara Iván Cepeda, quien acompañó a los campesinos
como garante, manifestó su preocupación y dijo que *“estas judicializaciones
buscan convertir a los líderes campesinos en objeto de persecuciones
arbitrarias, por el hecho de pedir el respeto a sus derechos y reclamar lo
que les fue arrebatado”.*
El congresista hizo un llamado a la comunidad internacional y a los
organismos internacionales de derechos humanos para que se pronuncien sobre
los graves hechos que vienen ocurriendo en nuestro país contra las personas
que lideran procesos de restitución de tierras, quienes son víctimas de
persecución, asesinatos, y todo tipo de intimidaciones.
*“Hago el mismo llamado a las autoridades para que brinden las garantías
necesarias para la exigibilidad de los derechos de estas personas, y para
que impulsen e inicien respectivamente, las investigaciones a las que haya
lugar en este caso, en el cual se han cometido múltiples violaciones a los
derechos humanos y faltas disciplinarias”*, reiteró Cepeda.
Es de recordar que los campesinos de Las Pavas, organizados en la Asociación
de Campesinos de Buenos Aires Asocab, buscan que el Ministerio de
Agricultura les restituya más de 3 mil hectáreas de las que fueron
despojados, por la acciones paramilitares en el 2003. Dichos terrenos ahora
están en manos del consorcio palmicultor encabezado por José Ernesto Macías
y Alfonso Dávila Abondano (Grupo Daabon), el cual se niega a devolverles
dichos predios.
A CONTINUACIÓN EL TEXTO COMPLETO DEL COMUNICADO EXPEDIDO POR LAS
ASOCIACIONES DE CAMPESINOS DE LAS PAVAS:
*COMUNIDAD DE LAS PAVAS Y SUS LÍDERES EN GRAVE RIESGO*
*ASOCAB EXIGE GARANTIAS EN SU RETORNO*
*Alertamos a todos y todas, la comunidad nacional e internacional, medios de
comunicación y opinión pública sobre los siguientes hechos que ponen en
riesgo el proceso voluntario y autónomo de retorno y restitución de tierras
que como comunidad de las Pavas sur Bolívar hemos emprendido.*
*A pesar que el presente caso fue puesto en conocimiento de la sesión de la
Mesa Nacional de Garantías el pasado lunes 04 de abril, presidida por el
Ministro del Interior y de Justicia, Dr. Germán Vargas Lleras y con la
presencia del Vicepresidente de la República de Colombia, Dr. Angelino
Garzón, el Estado colombiano no ha emprendido acciones efectivas para
garantizar nuestras vidas, integridad física, libertad y para garantizar
nuestro derecho al retorno y la restitución de nuestras tierras. ASOCAB
inició su retorno desde el 04 de abril de 2011.*
*HECHOS*
*1. El día de hoy, 13 de abril de 2011 a las 5:30 p.m., dos miembros de
la Fiscalía 39 de San Martin de Loba, se hicieron presentes en la comunidad
que se encuentra pacíficamente en la Hacienda las Pavas y tomaron
fotografías a todas las familias que hemos decidido ejercer nuestro derecho
al retorno y a los miembros de organizaciones nacionales e internacionales
acompañantes.*
*2. Los miembros de la Fiscalía no enseñaron su identificación, sin
embargo nos manifestaron que se encontraban en una labor ordenada por la
Fiscalía 39 de San Martin de Loba, para “judicializar a todos quienes se
encontraban allí”.*
*3. Es de tener en cuenta que la Fiscalía 39 de San Martin de Loba,
Fiscal Wilson Antonio Valeta Monterrosa, adelanta dos procesos penales en
contra de tres líderes de ASOCAB; por los delitos de Invasión de tierras
contra ELIUD ALVEAR CUMPLIDO, ETNI TORRES MORENO y MISAEL PAYARES y por
calumnia contra este ultimo. Los radicados son 136676001121201100014 y
136676001121201100066.*
*4. Mientras tanto, los hechos que como comunidad desplazada hemos
denunciado desde hace varios años y continuamos denunciando, no tienen
ninguna celeridad por parte de la Justicia en Colombia, pero sí prestan
atención y son eficaces a las solicitudes de las Empresas palmeras que han
utilizado muchas estrategias para despojarnos de nuestro territorio*
*5. Un ejemplo de ello son las denuncias contra Mario Mármol Montero,
reconocido por la comunidad como uno de los paramilitares que participó de
nuestro desplazamiento forzado desde el año 2003. La denuncia reposa en la
Fiscalía desde hace tiempo, sin embargo este hombre está aun en la región
ejerciendo toda serie de atropellos e intimidaciones contra nosotros.*
*6. La Fiscalía de San Martin de Loba, convirtió a Mario Mármol en una
víctima y a nosotros, la comunidad desplazada, nos convirtió en
victimarios. Mario Mármol puso denuncia penal contra uno de nuestros
líderes y la fiscalía adelanta con celeridad su denuncia. Mario Mármol es
actualmente protegido por el consorcio el Labrador, (empresas palmeras) y
por la Policía de Mompox que ha manifestado que se encuentra en nuestra
comunidad protegiendo a dichas empresas. El día domingo 10 de abril, al
igual que la fiscalía tomó fotografías de todos y todas quienes nos
encontramos en la hacienda las Pavas a la cual hemos decidido retornar.*
*7. Como comunidad desplazada hemos acudido y acudiremos a todas las
vías de dialogo e interlocución, así como hemos insistido en las distintas
instancias judiciales y administrativas, para exigir el respeto a nuestros
derechos, pero el Estado no nos los ha reconocido. Exigimos un trato digno
y respetuoso a nuestro retorno y al derecho de permanecer en nuestro
territorio.*
*SOLICITUDES*
*1. Que se convoque de manera inmediata la Mesa de Interlocución del sur
de Bolívar a fin de dar continuidad al proceso de interlocución iniciado
desde el año 2005, dando viabilidad a los temas propuestos desde las
comunidades, en donde uno de los casos de garantías es el de la comunidad de
las Pavas, con el fin de garantizar el retorno y la permanencia en la
Hacienda que nos pertenece y nos fue despojada.*
*2. Que se nos restituyan YA, los predios Las Pavas, Peñaloza y Si Dios
Quiere y se nos adjudiquen los restantes 11 predios baldíos que conforman la
Hacienda Las Pavas de donde fuimos desplazados y de los que hemos sido
ilegalmente despojados.*
*3. Que la Defensoría y Procuraduría acompañen permanentemente nuestra
comunidad, con el objeto de garantizarnos los derechos al retorno así como
la integridad personal a las familias retornadas de las pavas.*
*4. Que desde el Gobierno Nacional, se ordene a la Policía Nacional
abstenerse de adelantar acciones tendientes a dificultar, entorpecer o
interrumpir nuestro retorno a estos predios.*
*5. Se adelanten las investigaciones acerca de las irregularidades
cometidas por la Fiscalía 39 Local de San Martin de Loba por las
investigaciones iniciadas contra los lideres de ASOCAB (Misael Payares
Guerrero, Eliud Alvear Cumplido y Etni Torres Moreno), así mismo que se
abstengan de darle tratamiento de delito al ejercicio del derecho
fundamental de Retorno.*
*6. Que se adelanten por parte de la Procuraduría General de la Nación y
los demás entes de control que correspondan las investigaciones pertinentes,
con el objetivo de establecer responsabilidades disciplinarias por las
actuaciones de funcionarios del INCODER, el Inspector de Policía de El
Peñón, el Juez Primero Promiscuo de Mompox, el comandante de la Policía de
Bolívar y del Ministerio de Agricultura que han intervenido en el caso de
nuestro desplazamiento y despojo y en el conflicto de tierras con las
empresas palmeras CI Tequendama SA y Aportes San Isidro SA.*
* *
*Denuncian:*
*- ASOCIACION CAMPESINA DE BUENOS AIRES*
*- FEDERACION AGROMINERA DEL SUR DE BOLIVAR*
*- COMISION DE INTERLOCUCION DEL SUR DE BOLIVAR*
*- CAPITULO DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO SUR DE BOLIVAR Y SUR
DEL CESAR - MOVICE*
*ORGANIZACIONES ACOMPAÑANTES DEL RETORNO,*
* *
*PROGRAMA DE DESARROLLO Y PAZ DEL MAGDALENA MEDIO- PDPMM, DIOCESIS DE
MAGANGÉ, CORPORACION SEMBRAR, SECRETARIADO NACIONAL DE PASTORAL SOCIAL,
PROJECT COUNSELLING SERVICE –PCS, CHRISTIAN AID, RED DE HERMANDAD Y
SOLIDARIDAD CON COLOMBIA- REDHER, EQUIPOS CRISTIANOS DE ACCIÓN POR LA PAZ-
ECAPS, RED DE COMUNIDADES E INICIATIVAS DE PAZ DESDE LA BASE, FUNDACION
CHASQUIS, MOVIMIENTO NACIONAL DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO-MOVICE*
judicializaciones contra los líderes de la comunidad campesina de Las Pavas,
en el Sur de Bolívar, las calificó de persecuciones arbitrarias, y llamó la
atención de los organismos internacionales de derechos humanos para que se
pronuncien sobre el tema*
BOGOTÁ, 14/4/11. Dos semanas después de que la comunidad campesina de Las
Pavas, en el sur del departamento de Bolívar, realizaran una acción de
retorno a sus parcelas para exigirle al gobierno nacional el respeto a los
derechos que tienen a la restitución de las tierras, y a retornar a ellas de
manera digna, denunciaron que sus líderes han venido siendo objeto de
judicializaciones por distintos delitos como ocupación ilegal de tierras y
calumnia.
El representante a la Cámara Iván Cepeda, quien acompañó a los campesinos
como garante, manifestó su preocupación y dijo que *“estas judicializaciones
buscan convertir a los líderes campesinos en objeto de persecuciones
arbitrarias, por el hecho de pedir el respeto a sus derechos y reclamar lo
que les fue arrebatado”.*
El congresista hizo un llamado a la comunidad internacional y a los
organismos internacionales de derechos humanos para que se pronuncien sobre
los graves hechos que vienen ocurriendo en nuestro país contra las personas
que lideran procesos de restitución de tierras, quienes son víctimas de
persecución, asesinatos, y todo tipo de intimidaciones.
*“Hago el mismo llamado a las autoridades para que brinden las garantías
necesarias para la exigibilidad de los derechos de estas personas, y para
que impulsen e inicien respectivamente, las investigaciones a las que haya
lugar en este caso, en el cual se han cometido múltiples violaciones a los
derechos humanos y faltas disciplinarias”*, reiteró Cepeda.
Es de recordar que los campesinos de Las Pavas, organizados en la Asociación
de Campesinos de Buenos Aires Asocab, buscan que el Ministerio de
Agricultura les restituya más de 3 mil hectáreas de las que fueron
despojados, por la acciones paramilitares en el 2003. Dichos terrenos ahora
están en manos del consorcio palmicultor encabezado por José Ernesto Macías
y Alfonso Dávila Abondano (Grupo Daabon), el cual se niega a devolverles
dichos predios.
A CONTINUACIÓN EL TEXTO COMPLETO DEL COMUNICADO EXPEDIDO POR LAS
ASOCIACIONES DE CAMPESINOS DE LAS PAVAS:
*COMUNIDAD DE LAS PAVAS Y SUS LÍDERES EN GRAVE RIESGO*
*ASOCAB EXIGE GARANTIAS EN SU RETORNO*
*Alertamos a todos y todas, la comunidad nacional e internacional, medios de
comunicación y opinión pública sobre los siguientes hechos que ponen en
riesgo el proceso voluntario y autónomo de retorno y restitución de tierras
que como comunidad de las Pavas sur Bolívar hemos emprendido.*
*A pesar que el presente caso fue puesto en conocimiento de la sesión de la
Mesa Nacional de Garantías el pasado lunes 04 de abril, presidida por el
Ministro del Interior y de Justicia, Dr. Germán Vargas Lleras y con la
presencia del Vicepresidente de la República de Colombia, Dr. Angelino
Garzón, el Estado colombiano no ha emprendido acciones efectivas para
garantizar nuestras vidas, integridad física, libertad y para garantizar
nuestro derecho al retorno y la restitución de nuestras tierras. ASOCAB
inició su retorno desde el 04 de abril de 2011.*
*HECHOS*
*1. El día de hoy, 13 de abril de 2011 a las 5:30 p.m., dos miembros de
la Fiscalía 39 de San Martin de Loba, se hicieron presentes en la comunidad
que se encuentra pacíficamente en la Hacienda las Pavas y tomaron
fotografías a todas las familias que hemos decidido ejercer nuestro derecho
al retorno y a los miembros de organizaciones nacionales e internacionales
acompañantes.*
*2. Los miembros de la Fiscalía no enseñaron su identificación, sin
embargo nos manifestaron que se encontraban en una labor ordenada por la
Fiscalía 39 de San Martin de Loba, para “judicializar a todos quienes se
encontraban allí”.*
*3. Es de tener en cuenta que la Fiscalía 39 de San Martin de Loba,
Fiscal Wilson Antonio Valeta Monterrosa, adelanta dos procesos penales en
contra de tres líderes de ASOCAB; por los delitos de Invasión de tierras
contra ELIUD ALVEAR CUMPLIDO, ETNI TORRES MORENO y MISAEL PAYARES y por
calumnia contra este ultimo. Los radicados son 136676001121201100014 y
136676001121201100066.*
*4. Mientras tanto, los hechos que como comunidad desplazada hemos
denunciado desde hace varios años y continuamos denunciando, no tienen
ninguna celeridad por parte de la Justicia en Colombia, pero sí prestan
atención y son eficaces a las solicitudes de las Empresas palmeras que han
utilizado muchas estrategias para despojarnos de nuestro territorio*
*5. Un ejemplo de ello son las denuncias contra Mario Mármol Montero,
reconocido por la comunidad como uno de los paramilitares que participó de
nuestro desplazamiento forzado desde el año 2003. La denuncia reposa en la
Fiscalía desde hace tiempo, sin embargo este hombre está aun en la región
ejerciendo toda serie de atropellos e intimidaciones contra nosotros.*
*6. La Fiscalía de San Martin de Loba, convirtió a Mario Mármol en una
víctima y a nosotros, la comunidad desplazada, nos convirtió en
victimarios. Mario Mármol puso denuncia penal contra uno de nuestros
líderes y la fiscalía adelanta con celeridad su denuncia. Mario Mármol es
actualmente protegido por el consorcio el Labrador, (empresas palmeras) y
por la Policía de Mompox que ha manifestado que se encuentra en nuestra
comunidad protegiendo a dichas empresas. El día domingo 10 de abril, al
igual que la fiscalía tomó fotografías de todos y todas quienes nos
encontramos en la hacienda las Pavas a la cual hemos decidido retornar.*
*7. Como comunidad desplazada hemos acudido y acudiremos a todas las
vías de dialogo e interlocución, así como hemos insistido en las distintas
instancias judiciales y administrativas, para exigir el respeto a nuestros
derechos, pero el Estado no nos los ha reconocido. Exigimos un trato digno
y respetuoso a nuestro retorno y al derecho de permanecer en nuestro
territorio.*
*SOLICITUDES*
*1. Que se convoque de manera inmediata la Mesa de Interlocución del sur
de Bolívar a fin de dar continuidad al proceso de interlocución iniciado
desde el año 2005, dando viabilidad a los temas propuestos desde las
comunidades, en donde uno de los casos de garantías es el de la comunidad de
las Pavas, con el fin de garantizar el retorno y la permanencia en la
Hacienda que nos pertenece y nos fue despojada.*
*2. Que se nos restituyan YA, los predios Las Pavas, Peñaloza y Si Dios
Quiere y se nos adjudiquen los restantes 11 predios baldíos que conforman la
Hacienda Las Pavas de donde fuimos desplazados y de los que hemos sido
ilegalmente despojados.*
*3. Que la Defensoría y Procuraduría acompañen permanentemente nuestra
comunidad, con el objeto de garantizarnos los derechos al retorno así como
la integridad personal a las familias retornadas de las pavas.*
*4. Que desde el Gobierno Nacional, se ordene a la Policía Nacional
abstenerse de adelantar acciones tendientes a dificultar, entorpecer o
interrumpir nuestro retorno a estos predios.*
*5. Se adelanten las investigaciones acerca de las irregularidades
cometidas por la Fiscalía 39 Local de San Martin de Loba por las
investigaciones iniciadas contra los lideres de ASOCAB (Misael Payares
Guerrero, Eliud Alvear Cumplido y Etni Torres Moreno), así mismo que se
abstengan de darle tratamiento de delito al ejercicio del derecho
fundamental de Retorno.*
*6. Que se adelanten por parte de la Procuraduría General de la Nación y
los demás entes de control que correspondan las investigaciones pertinentes,
con el objetivo de establecer responsabilidades disciplinarias por las
actuaciones de funcionarios del INCODER, el Inspector de Policía de El
Peñón, el Juez Primero Promiscuo de Mompox, el comandante de la Policía de
Bolívar y del Ministerio de Agricultura que han intervenido en el caso de
nuestro desplazamiento y despojo y en el conflicto de tierras con las
empresas palmeras CI Tequendama SA y Aportes San Isidro SA.*
* *
*Denuncian:*
*- ASOCIACION CAMPESINA DE BUENOS AIRES*
*- FEDERACION AGROMINERA DEL SUR DE BOLIVAR*
*- COMISION DE INTERLOCUCION DEL SUR DE BOLIVAR*
*- CAPITULO DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO SUR DE BOLIVAR Y SUR
DEL CESAR - MOVICE*
*ORGANIZACIONES ACOMPAÑANTES DEL RETORNO,*
* *
*PROGRAMA DE DESARROLLO Y PAZ DEL MAGDALENA MEDIO- PDPMM, DIOCESIS DE
MAGANGÉ, CORPORACION SEMBRAR, SECRETARIADO NACIONAL DE PASTORAL SOCIAL,
PROJECT COUNSELLING SERVICE –PCS, CHRISTIAN AID, RED DE HERMANDAD Y
SOLIDARIDAD CON COLOMBIA- REDHER, EQUIPOS CRISTIANOS DE ACCIÓN POR LA PAZ-
ECAPS, RED DE COMUNIDADES E INICIATIVAS DE PAZ DESDE LA BASE, FUNDACION
CHASQUIS, MOVIMIENTO NACIONAL DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO-MOVICE*
CUESTIONAN ARTÍCULO DE ACUERDO DE TRANSACCIÓN
*“Nuevos aspectos en Ley de víctimas impiden reparación integral”*
*El representante a la Cámara Iván Cepeda consideró que algunos apartes
aprobados hoy por Comisión Primera de Senado son un atentado al derecho a la
justicia y a la reparación integral, al establecer que quien acceda a la
reparación administrativa no podrá buscar la judicial y porque en el tema de
tierras sólo reconoce a las víctimas a partir de 1991*
**
BOGOTÁ, 12/4/11. Luego de la aprobación del articulado de la Ley de Víctimas
en su penúltimo debate en la Comisión Primera de Senado, el representante a
la Cámara Iván Cepeda rechazó algunos de los puntos aprobados en la
iniciativa. El congresista afirmó que la *“ley ha quedado con una definición
restrictiva y discriminatoria de las víctimas”, *ya que las personas que han
sido objeto de despojo de tierras sólo serán tenidas en cuenta a partir 1991
y no desde 1985, según quedó aprobado en el texto para las demás víctimas
del conflicto.
El representante puntualizó que al introducirse el acuerdo de transacción,
se les está negando el derecho a la reparación integral a las víctimas, ya
que establece que las víctimas que accedan a la reparación administrativa
deberán renunciar a la indemnización judicial.
*“Se ha producido un atentado contra el derecho a la justicia porque la
indemnización se plantea a través de un contrato de transacción con las
víctimas, es decir que las personas que recurran a la indemnización que
ofrece esta ley no podrán hacerlo ante los tribunales de justicia para
exigir su reparación. Esto viola directamente la constitución”,* aseguró
Cepeda.
El congresista manifestó que espera que la plenaria de Senado retome el
verdadero sentido de la ley, y que "*no se entierren las pocas cosas buenas
y de avanzada que tiene"**, *y anunció que de lo contrario, preparará una
demanda contra los aspectos que considera lesivos e inconstitucionales.
*“Si se aprueban esos aspectos que no compartimos, pues tendrán que ser
revisados y declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional”,*aseveró.
Prensa Representante Iván Cepeda
*El representante a la Cámara Iván Cepeda consideró que algunos apartes
aprobados hoy por Comisión Primera de Senado son un atentado al derecho a la
justicia y a la reparación integral, al establecer que quien acceda a la
reparación administrativa no podrá buscar la judicial y porque en el tema de
tierras sólo reconoce a las víctimas a partir de 1991*
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BOGOTÁ, 12/4/11. Luego de la aprobación del articulado de la Ley de Víctimas
en su penúltimo debate en la Comisión Primera de Senado, el representante a
la Cámara Iván Cepeda rechazó algunos de los puntos aprobados en la
iniciativa. El congresista afirmó que la *“ley ha quedado con una definición
restrictiva y discriminatoria de las víctimas”, *ya que las personas que han
sido objeto de despojo de tierras sólo serán tenidas en cuenta a partir 1991
y no desde 1985, según quedó aprobado en el texto para las demás víctimas
del conflicto.
El representante puntualizó que al introducirse el acuerdo de transacción,
se les está negando el derecho a la reparación integral a las víctimas, ya
que establece que las víctimas que accedan a la reparación administrativa
deberán renunciar a la indemnización judicial.
*“Se ha producido un atentado contra el derecho a la justicia porque la
indemnización se plantea a través de un contrato de transacción con las
víctimas, es decir que las personas que recurran a la indemnización que
ofrece esta ley no podrán hacerlo ante los tribunales de justicia para
exigir su reparación. Esto viola directamente la constitución”,* aseguró
Cepeda.
El congresista manifestó que espera que la plenaria de Senado retome el
verdadero sentido de la ley, y que "*no se entierren las pocas cosas buenas
y de avanzada que tiene"**, *y anunció que de lo contrario, preparará una
demanda contra los aspectos que considera lesivos e inconstitucionales.
*“Si se aprueban esos aspectos que no compartimos, pues tendrán que ser
revisados y declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional”,*aseveró.
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