"El representante a la Cámara, Iván Cepeda, le solicitó al Alcalde de Montería retirar el monumento a la paz, por considerarlo alegórico a los paramilitares. El Mandatario local dice que la obra se quedará en su puesto."
Click aqui:
http://www.canalrcnmsn.com/node/51332
Fuente: Canal RCN
EL "MONUMENTO A LA PAZ" DEBE SER DEMOLIDO
El representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro envío un derecho de petición al alcalde Montería, Córdoba, Marcos Daniel Pineda García, para solicitarle que sea demolido el llamado Monumento a la Paz, construido en 1999 en homenaje a los grupos paramilitares frente a la sede de la DIJIN de dicha ciudad.
Los crímenes que siguen cometiendo los grupos paramilitares en el departamento de Córdoba alcanzan cifras aterradoras. Según la Defensoría del Pueblo en el 2010 fueron asesinadas 575 personas, y en lo que va corrido del año, se contabilizan 31 asesinatos por acción de estos grupos. Estos hechos criminales han causado un inmenso dolor a la población.
El representante Cepeda considera execrable que a través de estos homenajes se pretenda rendir homenaje o legitimar acciones criminales, e igualmente que se intente presentar a los victimarios como héroes nacionales. “Bajo ninguna circunstancia deben existir homenajes públicos a grupos armados causantes de tanta violencia, muerte y dolor en el país. La existencia del Monumento a la Paz ofende a las víctimas de crímenes de lesa humanidad que continúan perpetrando estos grupos en zonas que siguen bajo su control. ¿Cómo explicar a los familiares de los estudiantes Margarita Gómez y Mateo Matamala que en la capital de Córdoba existe un monumento a los paramilitares?
El monumento según declaró el jefe de las AUC, Carlos Castaño, en el libro Mi Confesión “invita al ciudadano a convertirse en paramilitar”.
Los crímenes que siguen cometiendo los grupos paramilitares en el departamento de Córdoba alcanzan cifras aterradoras. Según la Defensoría del Pueblo en el 2010 fueron asesinadas 575 personas, y en lo que va corrido del año, se contabilizan 31 asesinatos por acción de estos grupos. Estos hechos criminales han causado un inmenso dolor a la población.
El representante Cepeda considera execrable que a través de estos homenajes se pretenda rendir homenaje o legitimar acciones criminales, e igualmente que se intente presentar a los victimarios como héroes nacionales. “Bajo ninguna circunstancia deben existir homenajes públicos a grupos armados causantes de tanta violencia, muerte y dolor en el país. La existencia del Monumento a la Paz ofende a las víctimas de crímenes de lesa humanidad que continúan perpetrando estos grupos en zonas que siguen bajo su control. ¿Cómo explicar a los familiares de los estudiantes Margarita Gómez y Mateo Matamala que en la capital de Córdoba existe un monumento a los paramilitares?
El monumento según declaró el jefe de las AUC, Carlos Castaño, en el libro Mi Confesión “invita al ciudadano a convertirse en paramilitar”.
Recomendación para leer: entrevista al economista Luis Jorge Garay
Publicado en La Silla Vacía (http://www.lasillavacia.com)
"El proyecto de Ley de Víctimas aprobado en la Cámara tiene rasgos de inconstitucionalidad"
Por: Juanita León [1] , 8 de enero, 2011 9:15 am
El economista Luis Jorge Garay lleva varios años estudiando el fenómeno del desplazamiento forzado y por eso, es una autoridad a la que hay que oír para entender si la Ley de Víctimas, uno de los proyectos bandera de Santos para este año, va por buen camino.
Fotos: Sara Rojass.
Luis Jorge Garay es una de las personas que más sabe en Colombia sobre la tragedia del desplazamiento. Como director de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, creado por la Corte Constitucional en su sentencia marco sobre desplazados, Garay y su equipo han entrevistado más de 10 mil víctimas de la guerra. Y a cada una le han preguntado sobre las tierras que abandonó, sobre el estado actual de su proyecto de vida, sobre su nivel educativo, sobre su ocupación actual y sobre sus planes o no planes para el futuro.
Con esa información, Garay presentó hace unas semanas una radiografía completa y deprimente del universo de víctimas. Son a ellas a las que debe responder la Ley de Víctimas aprobada por la Cámara en diciembre y que comenzará ahora a ser discutida por el Senado en marzo. Dado que es uno de los proyectos bandera del gobierno Santos para este año, la opinión de Garay es fundamental.
La Silla Vacía lo entrevistó sobre el proyecto aprobado por la Cámara a la luz del estudio que ha hecho la Comisión de Seguimiento y sobre los escollos que tendrá que sortear para volverse un verdadero alivio para las víctimas. Sus respuestas no son muy alentadoras.
La Silla Vacía: ¿Cómo le pareció el proyecto de Ley de Víctimas aprobado por la Cámara?
Luis Jorge Garay: En la Comisión tenemos varias observaciones, y una de ellas es en el sentido de que el proyecto de ley aprobado en la Cámara tiene rasgos de inconstitucionalidad.
LSV: ¿Cómo cuáles?
Garay: El gobierno dijo que la prestación de servicios sociales y asistencia humanitaria constituyen reparación. Pero la Corte ha insistido en que las víctimas tienen acceso preferencial a los subsidios del Estado y que estos servicios sociales no tienen ningún efecto reparador. Hay que limpiar mejor ese artículo para que quede claro.
LSV: No escuché que el Gobierno dijera que los servicios sociales equivalen a una reparación.
Garay: El gobierno anterior en su informe ante la Corte en relación con el cumplimiento de la sentencia de desplazados dijo que había presupuestado 45 billones de pesos para la reparación de las víctimas en 10 años. Cuando preguntamos: ¿qué contiene? explicaron que todo lo que se gastaría en servicios sociales y asistencia humanitaria, y algo de reparación, que equivaldría a 10 billones. Y con esa cifra fue como se comenzó el debate con el nuevo gobierno. Insistimos: esa cifra de 45 billones no sirve porque para reparación solo había 10 billones.
¿Y cuánto calcula usted que cuesta reparar a todas las víctimas?
Si uno define reparación como debe ser, es decir incluyendo bienes muebles e inmuebles, daño emergente y lucro cesante, porque debe ser la recuperación no solo del patrimonio sino del proyecto de vida, da una suma cercana a los 65 o 70 billones. Eso es lo que costaría la reparación integral.
¿Hay suficientes recursos para eso?
El gran debate es ese. No hay recursos para eso. Además, que ahora toca atender las víctimas de esta tragedia invernal, que costará entre 5 o 10 billones.
El reto fiscal
La reparación integral costaría entre 65 y 70 billones.”
– LJG
¿Desplazarán los damnificados del invierno a las víctimas de la guerra?
Todos los medios cubren lo de ahora que es de corto plazo; y en cambio, frente a los fenómenos largos, acumulados, la gente se acostumbra y los rechaza. Esto va a llevar a una discusión gravísima.
La supersentencia de la Corte, que esperamos que salga en enero, va a respaldar que la reparación sea integral. Pero la Corte Constitucional va a decir, y nosotros también, que no hay condiciones para reparar el 100 por ciento a todos. Hay que consultar la restricción fiscal. Nosotros estamos defendiendo el argumento de que haya una reparación integral y distributiva en equidad.
¿Qué significa eso en términos concretos?
Como hay limitaciones fiscales, tienes que reparar según la capacidad de las víctimas. Si a un latifundista le quitaron 100 vacas, no le doy el 100 por ciento de reparación sino el 10 o el 5 o quizás nada. En cambio, a un campesino, que era relativamente pobre y hoy es miserable, le doy el 100 por ciento de lo que perdió. Hago una escala y la suma de todo eso consulta un tope fiscal, que se define política y técnicamente.
¿Y cómo se define lo que le toca a cada uno?
El gobierno tiene la potestad de tarificar, es decir de decidir cómo voy a proporcionar para darle a cada uno. La Corte seguramente va a incluir ese tema, y va a tener la potestad de revisar la tarificación que define el gobierno.
¿Qué implicaciones tiene la aprobación de una regla fiscal para la Ley de Víctimas?
Es un tema clave y muy grave. La regla fiscal no tiene un sustento en la teoría económica, excepto en la más tradicional. En el mundo de hoy, con una crisis financiera estructural, atarse fiscalmente a seguir una regla fiscal puede imponer unos costos sociales inmensos. A veces es necesario tener un déficit para generar más empleo y más ingresos. Sobre esto va a haber una discusión a muerte.
¿Pero habría forma de encontrar la plata necesaria para reparar?
Aún con regla fiscal, hay posibilidades de abrir espacios fiscales, aunque no para los 65 billones que costaría la reparación integral. El mismo Fedesarrollo calcula que las gabelas más exhorbitantes del anterior gobierno -que podrían desmontarse de un plumazo- ahorrarían el 0,7 por ciento del PIB. Yo soy más radical: hay otro conjunto de exenciones a cierto tipo de empresas más tradicionales, que podrían ascender a entre el 0,5 y el 1,5 del PIB al año. Es demasiado dinero a favor de poca gente.
¿No se podrían utilizar las regalías?
La Ley de Regalías era la oportunidad histórica de Colombia pero perdimos esa oportunidad. También está el cuatro por mil: ¿el Gobierno lo empieza a desmontar a cambio de qué? Hay que desmontarlo cuando haya mejores condiciones. Puede haber un impuesto de patrimonio para las víctimas. Ahora las élites dan donaciones, pero eso tiene un veneno absoluto para el Estado de derecho.
¿Qué tienen de malo las donaciones?
Porque están amparados bajo regímenes tributarios muy benéficos. Dicen, ¡ya aportamos 15 mil millones! Hay que tener mucho cuidado, porque uno debe tributar y no dar donaciones. El impuesto del patrimonio es clave porque va ligado al gasto de defensa y seguridad, que es insostenible; equivale a un cinco o seis por ciento del PIB.
¿Y un impuesto a la tierra?
Hay que crear un impuesto de tierras que sea más consecuente con lo que se quiere hacer. No puedes hacer esta reparación y restitución de tierras si simultáneamente no haces una transformación del papel del campesinado en el desarrollo rural, y una redefinición de patrones de producción.
Un modelo para el campo
¿Está hablando de redefinir el modelo agroindustrial?
Pongamoslo por el lado extremo: si restituyes con el modelo agrario que forma parte de la visión del Ministro de Agricultura, la posibilidad de recuperar el proyecto de vida de los desplazados es muy precaria. El campesino llega a su tierra y le toca reconstruir su patrimonio y ponerlo a producir dentro de un modelo que sea amigable. Con el model actual, tomaría muchos años y le daría una precariedad a los restituidos, que seguramente tendrían que vender sus tierras.
Algo que nos da la encuesta es que el 40 por ciento del desplazamiento fue masivo, es decir que en el mismo acto se desplazaron a más de 10 hogares, y en 23 por ciento de los casos, entre dos y diez hogares. Eso quiere decir que con el mismo acto de victimización hubo una ruptura de la comunidad y del tejido social.
¿Le parece incompatible la ley de restitución de tierras con el modelo de desarrollo rural actual?
El modelo del gobierno anterior era un modelo con sesgo anticampesino, un modelo pro-agricultura extensiva. Obviamente la idea no es que no haya empresarios. Hay que buscar que la economía campesina compatibilice social y económicamente con los empresarios del campo. Hay un tema muy complicado de discusión, y es que los empresarios dicen que los campesinos son ineficientes, y que deben ser jornaleros o rentistas.
¿Cómo así rentistas?
El derecho al usufructo que incorpora la nueva Ley de Víctimas puede ser bueno o venenoso. El usufructo quiere decir que el campesino arrienda su tierra a un empresario y se vuelve rentista. Pero hay que ver el poder de negociación que tienen los campesinos. Si no está bien regulado, será en contra del campesino. Acordémonos de las madres campesinas.
¿Por qué de ellas?
El 48 por ciento de los hogares desplazados son de madre, jefe única de hogar, con cinco miembros. En el mejor de los casos, con cuatro años de educación formal. Está en un pueblo o en la ciudad. Y sus hijos adolescentes ya no querrán volver al campo. A la madre le puede servir que le paguen una rentica mensual. El problema es que la tierra es una fracción pequeña del daño emergente porque lo que más costaba son los animales que tenía o lo que tenía sembrado. Ella es hoy indigente y va a recibir una renta pauperizada; entonces si acaso pasa de indigente a pobre. Si no le restituyen todo el patrimonio, va a ser una rentista pauperizada.
¿Y qué posibilidad hay de que trabajen en las grandes fincas?
Supongamos que sean trabajadores de las grandes fincas, eso daría para 400 mil hogares. Tiene que haber un justo equilibrio. ¿Cómo consigues que una madre sola arme otra vez la tierra para poder producir? Esto refuerza la necesidad de crear condiciones para el asociativismo, que además de la agricultura haya más labores para las cuales la mujer esté capacitada. Es un escollo fundamental. Si no se tiene en cuenta fracasa la ley.
"Tenemos que buscar que el Senado no solo introduzca la fecha de 1984 para la Ley de Víctimas sino también la Comisión de la Verdad"
LJG
¿Cuál es su posición frente a la fecha de corte para la Ley de Víctimas?
Desde el 84 es cuando el narcotráfico transforma la dinámica del conflicto con las múltiples violencias. En esta Encuesta, constatamos que las tierras abandonadas entre el 80 y el 94, son 350.400 hectáreas. Desde el 84 comenzó a haber despojo, aunque el despojo de tierras fuerte empezó en el 93 y 94.
En la Ley de Víctimas le quitaron la Comisión de la Verdad para pasarla a la Ley de Desmovilizados. Cuando le das esa potestad de esclarecer la verdad, así no sea judicial, solo a un subconjunto de víctimas, y las otras víctimas no tienen un mecanismo de verdad, creas un desequilibrio entre víctimas, que constitucionalmente puede tener muchos problemas. Eso tiene que ver con los resultados de la Encuesta.
¿Qué encontró la Encuesta?
El principal actor desplazador fueron los paramilitares. En el 36 por ciento de los casos. Las Farc, en el 26 por ciento. El Eln, el cuatro por ciento y agentes del Estado, el cinco por ciento. Un 30 por ciento dice que no pudo identificar quién lo desplazó. ¿Qué nos plantea esto? Que la Comisión de la Verdad va a operar sobre un universo de víctimas no suficientemente amplio: queda un 60 por ciento de las víctimas sin estar cubierto por la Comisión de la Verdad. Tenemos que buscar que el Senado no solo introduzca el año de 1984, sino también la Comisión de la Verdad.
¿No es mejor esperar a un proceso de paz con las Farc para no quemar ese cartucho de la Comisión de la Verdad?
La proliferación de comisiones de verdad deteriora su alcance. Pero hay que avanzar en la verdad, por lo menos a nivel no judicial. Además, en términos de política pública, toca adoptar una metodología de investigación y constatación de hechos que vaya más allá del caso por caso. Si no, ¿cuándo acabas de investigar 400 mil casos? Con otro ingrediente importante: muchos de estos crímenes fueron de sistema, no fueron al azar. Al ser de sistema, en el esclarecimeinto administrativo ayudaría si hubiera una Comisión de la Verdad.
¿Cómo?
El Programa de Protección de Tierras cruzó los datos desde 1998 hasta 2010 y les dio que en ese período 5,4 millones de hectáres fueron abandonadas. Si el Estado tiene más información de esta naturaleza, y si hay una identificación de los sucesos por períodos y regiones, aportas una metodología de investigación a la la justicia transicional con ese enfoque de sistema, para hacer los casos colectivos y masivos. Mejoras la eficiencia y la rapidez para hacer el trabajo de restitución simultánea colectiva y la reubicación.
Los retos prácticos
¿Es revolucionaria la ley que se aprobó?
Es un avance, ojalá no saliera inconstitucional. Lo que veo dramático es cómo lo ponemos en práctica. Hay varios escollos. Uno de ellos es la inversión de la prueba. En muchos casos no vas a poder hacer restitución. Hay que hacer una política agresiva de reubicación y ahí viene un tema crucial: ¿Reubicar dónde? Ahí es donde tiene que haber una reestructuración de la propiedad y del aprovechamiento de ciertos suelos. Bien sea porque los ganaderos dan o porque hay que ponerle impuestos muy altos a cierto tipo de tierras. Una política pública de estas tiene que partir del territorio y no de una unidad individual. Eso sí sería revolucionario.
¿Tiene sentido que sea gradual la restitución como lo plantea el Gobierno?
Este proceso administrativamente tiene que ser por etapas. Toca tomar una ruta crítica, y la ruta crítica es donde está la mayor concentración de victimización y las condiciones de justicia más propicias mientras vas consolidando el territorio. La pregunta es si se debe hacer en las zonas de consolidación. Ese puede ser uno de los criterios pero no el único.
¿Dónde ha habido grandes concentraciones de victimización?
La región número uno es Antioquia-Chocó. Parte de la Costa, parte de Nariño. Toca trabajarle a unas subregiones que son claves. Tiene que ser gradual, por etapas, con criterios muy definidos. Y en el marco de la Ley de Tierras y Desarrollo Rural que prepara el Gobierno para este semestre.
¿De qué se trata esa ley?
Hay señales muy contradictorias de si realmente esta ley va a tocar el tema del uso de la tierra. El veredicto de Ley de Víctimas y de Restitución va a depender de La ley de Tierras. Y ahí está el veneno. La ley la presentan en marzo. Esa discusión va a ser terrible.
¿Necesita Santos una nueva coalición política para sacar esto adelante?
Por una u otra razón, los gremios sienten una presión fuerte y saben qué hay que hacer algo a favor de las víctimas. Fedegán sabe que su negocio está siendo demasiado rentista, que pueden mejorar su productividad y apoyar una ley integral de tierras donde haya una desganaderización de la extensión de tierras. No van a ser los grandes opositores para un cierto tipo de cambios. Y la SAC me ha llamado la atención que bajo ciertos límites están dispuestos a discutir propuestas.
Hay contradicciones muy duras al interior de los gremios, de grandes peleas. No se sabe para dónde saldrá el consenso, pero hay un espacio técnico para discutir una reestructuración del modelo agrario. Están aterrados con la mineralización del territorio colombiano. Estamos en un modelo de transición porque la minería introduce unas inflexibilidades muy duras. Les desvaloriza las tierras. En esa medida se pueden discutir ajustes al modelo actual.
¿Y a nivel político se necesita una nueva coalición política?
Parte de la coalición de Gobierno es totalmente opuesta a esto. El pulso es grave, porque en la próxima legislatura hay una agenda muy compleja: la Ley de Víctimas en el Senado, la regla fiscal y esta Ley de Tierras. Si el modelo que van a proponer no es para hacer un cambio, puede que lo ganen, pero llevaría a que no se haga la restitución. Si lo llevan a ser más sensible a los verdaderos problemas va a ser una lucha dura. Y las organizaciones sociales y campesinas tienen que buscar ser actores más deliberantes.
Es muy difícil que se haga verdaderamente lo que se necesita a favor de las víctimas. No hemos constatado que tenga el apoyo de ciertos sectores decisivos.”
– LJG
¿Ve a los desplazados organizándose para abogar por lo suyo?
Ellos tienen múltiples organizaciones pero una movilización de muy baja intensidad por múltiples razones. Y están muy amenazados. Hace tres semanas tuvimos un seminario con la población desplazada, y ese mismo día amenazaron a dos. Nuestro objetivo es que la población desplazada pueda tener una mayor ilustración para participar en el debate.
Los que sí están muy movilizados son las etnias indígenas y los afrocolombianos. Están trabajando para que los desplazados se les unan y con la Mesa Campesina. Hay que ser muy prácticos. Lo que queremos es llegar con propuestas concretas. Juntos tienen que aguantar el chaparrón de los enemigos.
¿Quiénes son los enemigos de esta ley?
El modelo mafioso empresarial, todos los que estuvieron con el narcoparamilitarismo. Además, están los intereses de los palmeros, que requieren la tierra para los biocombustibles; de los cacaoextensivos; de los mineros. No sabemos quién representa a la nueva élite minera. Les interesa un caos para la estructura rural.
¿No les conviene finalmente lograr la paz del territorio con un política justa para los campesinos?
Sí, ellos dicen, ‘Restituyan pero deje que la gente pueda trabajar en las grandes extensiones. Y usemos las grandes extensiones’. No le ven ninguna perspectiva a que el campesinado pueda ser un protagonista productivo. Hay unas alianzas muy complejas, que no se pueden oponer abiertamente pero que necesitan que lo que se haga sea funcional a sus intereses expansivos. La restitución va a a tener muchos enemigos. Necesitamos apalancarnos en fuerzas democráticas.
¿Quién tiene esas tierras que se deben restituir?
Yamile Salinas tiene una hipótesis: ella dice que la mayoría de esas tierras no están en manos de narcos o paras sino de “legales”. No se sabe quién las tiene, porque el registro notarial es hecho adrede para que no se pueda hacer seguimiento a eso.
¿Qué tan abandonada está esta tierra?
En la encuesta les preguntamos a los desplazados ¿qué sabe usted de su tierra? El 53 por ciento dijo que continúa abandonada. El 30 por ciento dijo: no tengo ni idea, lo cual denota que no tiene contacto con lo que pasa allá. El 20 por ciento dice que hay nuevos proyectos. Es decir, que el 80 por ciento puede estar abandonada.
¿Qué probabilidad ve de que pase algo importante en este tema?
Es muy difícil que se haga verdaderamente lo que se necesita. No hemos constatado que tenga el apoyo de ciertos sectores decisivos.
¿Qué se lograría si se hace bien?
Significaría una mayor inclusión del campesino a la sociedad colombiana. Mucha gente dice que la tierra ya no tiene valor sino para minería. Pero una proporción de Colombia que está en el agro constituye una riqueza social que se podría potenciar, la ruralidad podría volver a generar nueva riqueza a la sociedad. Políticamente, este proceso debe ayudar a desmontar los argumentos de ciertos sectores. No creo que sea la paz, pero hace un muro de contención a muchos violentos para los cuales el territorio es su razón de ser. E incluso, por las deficiencias del uso de la tierra, podría haber una acumulación de capital mucho más grande en Colombia. Y lo más importante, habría una reparación transformadora a las víctimas, que son el 10 por ciento de la poblacion colombiana y el 35 por ciento de la población rural.
Imágenes
"El proyecto de Ley de Víctimas aprobado en la Cámara tiene rasgos de inconstitucionalidad"
Por: Juanita León [1] , 8 de enero, 2011 9:15 am
El economista Luis Jorge Garay lleva varios años estudiando el fenómeno del desplazamiento forzado y por eso, es una autoridad a la que hay que oír para entender si la Ley de Víctimas, uno de los proyectos bandera de Santos para este año, va por buen camino.
Fotos: Sara Rojass.
Luis Jorge Garay es una de las personas que más sabe en Colombia sobre la tragedia del desplazamiento. Como director de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, creado por la Corte Constitucional en su sentencia marco sobre desplazados, Garay y su equipo han entrevistado más de 10 mil víctimas de la guerra. Y a cada una le han preguntado sobre las tierras que abandonó, sobre el estado actual de su proyecto de vida, sobre su nivel educativo, sobre su ocupación actual y sobre sus planes o no planes para el futuro.
Con esa información, Garay presentó hace unas semanas una radiografía completa y deprimente del universo de víctimas. Son a ellas a las que debe responder la Ley de Víctimas aprobada por la Cámara en diciembre y que comenzará ahora a ser discutida por el Senado en marzo. Dado que es uno de los proyectos bandera del gobierno Santos para este año, la opinión de Garay es fundamental.
La Silla Vacía lo entrevistó sobre el proyecto aprobado por la Cámara a la luz del estudio que ha hecho la Comisión de Seguimiento y sobre los escollos que tendrá que sortear para volverse un verdadero alivio para las víctimas. Sus respuestas no son muy alentadoras.
La Silla Vacía: ¿Cómo le pareció el proyecto de Ley de Víctimas aprobado por la Cámara?
Luis Jorge Garay: En la Comisión tenemos varias observaciones, y una de ellas es en el sentido de que el proyecto de ley aprobado en la Cámara tiene rasgos de inconstitucionalidad.
LSV: ¿Cómo cuáles?
Garay: El gobierno dijo que la prestación de servicios sociales y asistencia humanitaria constituyen reparación. Pero la Corte ha insistido en que las víctimas tienen acceso preferencial a los subsidios del Estado y que estos servicios sociales no tienen ningún efecto reparador. Hay que limpiar mejor ese artículo para que quede claro.
LSV: No escuché que el Gobierno dijera que los servicios sociales equivalen a una reparación.
Garay: El gobierno anterior en su informe ante la Corte en relación con el cumplimiento de la sentencia de desplazados dijo que había presupuestado 45 billones de pesos para la reparación de las víctimas en 10 años. Cuando preguntamos: ¿qué contiene? explicaron que todo lo que se gastaría en servicios sociales y asistencia humanitaria, y algo de reparación, que equivaldría a 10 billones. Y con esa cifra fue como se comenzó el debate con el nuevo gobierno. Insistimos: esa cifra de 45 billones no sirve porque para reparación solo había 10 billones.
¿Y cuánto calcula usted que cuesta reparar a todas las víctimas?
Si uno define reparación como debe ser, es decir incluyendo bienes muebles e inmuebles, daño emergente y lucro cesante, porque debe ser la recuperación no solo del patrimonio sino del proyecto de vida, da una suma cercana a los 65 o 70 billones. Eso es lo que costaría la reparación integral.
¿Hay suficientes recursos para eso?
El gran debate es ese. No hay recursos para eso. Además, que ahora toca atender las víctimas de esta tragedia invernal, que costará entre 5 o 10 billones.
El reto fiscal
La reparación integral costaría entre 65 y 70 billones.”
– LJG
¿Desplazarán los damnificados del invierno a las víctimas de la guerra?
Todos los medios cubren lo de ahora que es de corto plazo; y en cambio, frente a los fenómenos largos, acumulados, la gente se acostumbra y los rechaza. Esto va a llevar a una discusión gravísima.
La supersentencia de la Corte, que esperamos que salga en enero, va a respaldar que la reparación sea integral. Pero la Corte Constitucional va a decir, y nosotros también, que no hay condiciones para reparar el 100 por ciento a todos. Hay que consultar la restricción fiscal. Nosotros estamos defendiendo el argumento de que haya una reparación integral y distributiva en equidad.
¿Qué significa eso en términos concretos?
Como hay limitaciones fiscales, tienes que reparar según la capacidad de las víctimas. Si a un latifundista le quitaron 100 vacas, no le doy el 100 por ciento de reparación sino el 10 o el 5 o quizás nada. En cambio, a un campesino, que era relativamente pobre y hoy es miserable, le doy el 100 por ciento de lo que perdió. Hago una escala y la suma de todo eso consulta un tope fiscal, que se define política y técnicamente.
¿Y cómo se define lo que le toca a cada uno?
El gobierno tiene la potestad de tarificar, es decir de decidir cómo voy a proporcionar para darle a cada uno. La Corte seguramente va a incluir ese tema, y va a tener la potestad de revisar la tarificación que define el gobierno.
¿Qué implicaciones tiene la aprobación de una regla fiscal para la Ley de Víctimas?
Es un tema clave y muy grave. La regla fiscal no tiene un sustento en la teoría económica, excepto en la más tradicional. En el mundo de hoy, con una crisis financiera estructural, atarse fiscalmente a seguir una regla fiscal puede imponer unos costos sociales inmensos. A veces es necesario tener un déficit para generar más empleo y más ingresos. Sobre esto va a haber una discusión a muerte.
¿Pero habría forma de encontrar la plata necesaria para reparar?
Aún con regla fiscal, hay posibilidades de abrir espacios fiscales, aunque no para los 65 billones que costaría la reparación integral. El mismo Fedesarrollo calcula que las gabelas más exhorbitantes del anterior gobierno -que podrían desmontarse de un plumazo- ahorrarían el 0,7 por ciento del PIB. Yo soy más radical: hay otro conjunto de exenciones a cierto tipo de empresas más tradicionales, que podrían ascender a entre el 0,5 y el 1,5 del PIB al año. Es demasiado dinero a favor de poca gente.
¿No se podrían utilizar las regalías?
La Ley de Regalías era la oportunidad histórica de Colombia pero perdimos esa oportunidad. También está el cuatro por mil: ¿el Gobierno lo empieza a desmontar a cambio de qué? Hay que desmontarlo cuando haya mejores condiciones. Puede haber un impuesto de patrimonio para las víctimas. Ahora las élites dan donaciones, pero eso tiene un veneno absoluto para el Estado de derecho.
¿Qué tienen de malo las donaciones?
Porque están amparados bajo regímenes tributarios muy benéficos. Dicen, ¡ya aportamos 15 mil millones! Hay que tener mucho cuidado, porque uno debe tributar y no dar donaciones. El impuesto del patrimonio es clave porque va ligado al gasto de defensa y seguridad, que es insostenible; equivale a un cinco o seis por ciento del PIB.
¿Y un impuesto a la tierra?
Hay que crear un impuesto de tierras que sea más consecuente con lo que se quiere hacer. No puedes hacer esta reparación y restitución de tierras si simultáneamente no haces una transformación del papel del campesinado en el desarrollo rural, y una redefinición de patrones de producción.
Un modelo para el campo
¿Está hablando de redefinir el modelo agroindustrial?
Pongamoslo por el lado extremo: si restituyes con el modelo agrario que forma parte de la visión del Ministro de Agricultura, la posibilidad de recuperar el proyecto de vida de los desplazados es muy precaria. El campesino llega a su tierra y le toca reconstruir su patrimonio y ponerlo a producir dentro de un modelo que sea amigable. Con el model actual, tomaría muchos años y le daría una precariedad a los restituidos, que seguramente tendrían que vender sus tierras.
Algo que nos da la encuesta es que el 40 por ciento del desplazamiento fue masivo, es decir que en el mismo acto se desplazaron a más de 10 hogares, y en 23 por ciento de los casos, entre dos y diez hogares. Eso quiere decir que con el mismo acto de victimización hubo una ruptura de la comunidad y del tejido social.
¿Le parece incompatible la ley de restitución de tierras con el modelo de desarrollo rural actual?
El modelo del gobierno anterior era un modelo con sesgo anticampesino, un modelo pro-agricultura extensiva. Obviamente la idea no es que no haya empresarios. Hay que buscar que la economía campesina compatibilice social y económicamente con los empresarios del campo. Hay un tema muy complicado de discusión, y es que los empresarios dicen que los campesinos son ineficientes, y que deben ser jornaleros o rentistas.
¿Cómo así rentistas?
El derecho al usufructo que incorpora la nueva Ley de Víctimas puede ser bueno o venenoso. El usufructo quiere decir que el campesino arrienda su tierra a un empresario y se vuelve rentista. Pero hay que ver el poder de negociación que tienen los campesinos. Si no está bien regulado, será en contra del campesino. Acordémonos de las madres campesinas.
¿Por qué de ellas?
El 48 por ciento de los hogares desplazados son de madre, jefe única de hogar, con cinco miembros. En el mejor de los casos, con cuatro años de educación formal. Está en un pueblo o en la ciudad. Y sus hijos adolescentes ya no querrán volver al campo. A la madre le puede servir que le paguen una rentica mensual. El problema es que la tierra es una fracción pequeña del daño emergente porque lo que más costaba son los animales que tenía o lo que tenía sembrado. Ella es hoy indigente y va a recibir una renta pauperizada; entonces si acaso pasa de indigente a pobre. Si no le restituyen todo el patrimonio, va a ser una rentista pauperizada.
¿Y qué posibilidad hay de que trabajen en las grandes fincas?
Supongamos que sean trabajadores de las grandes fincas, eso daría para 400 mil hogares. Tiene que haber un justo equilibrio. ¿Cómo consigues que una madre sola arme otra vez la tierra para poder producir? Esto refuerza la necesidad de crear condiciones para el asociativismo, que además de la agricultura haya más labores para las cuales la mujer esté capacitada. Es un escollo fundamental. Si no se tiene en cuenta fracasa la ley.
"Tenemos que buscar que el Senado no solo introduzca la fecha de 1984 para la Ley de Víctimas sino también la Comisión de la Verdad"
LJG
¿Cuál es su posición frente a la fecha de corte para la Ley de Víctimas?
Desde el 84 es cuando el narcotráfico transforma la dinámica del conflicto con las múltiples violencias. En esta Encuesta, constatamos que las tierras abandonadas entre el 80 y el 94, son 350.400 hectáreas. Desde el 84 comenzó a haber despojo, aunque el despojo de tierras fuerte empezó en el 93 y 94.
En la Ley de Víctimas le quitaron la Comisión de la Verdad para pasarla a la Ley de Desmovilizados. Cuando le das esa potestad de esclarecer la verdad, así no sea judicial, solo a un subconjunto de víctimas, y las otras víctimas no tienen un mecanismo de verdad, creas un desequilibrio entre víctimas, que constitucionalmente puede tener muchos problemas. Eso tiene que ver con los resultados de la Encuesta.
¿Qué encontró la Encuesta?
El principal actor desplazador fueron los paramilitares. En el 36 por ciento de los casos. Las Farc, en el 26 por ciento. El Eln, el cuatro por ciento y agentes del Estado, el cinco por ciento. Un 30 por ciento dice que no pudo identificar quién lo desplazó. ¿Qué nos plantea esto? Que la Comisión de la Verdad va a operar sobre un universo de víctimas no suficientemente amplio: queda un 60 por ciento de las víctimas sin estar cubierto por la Comisión de la Verdad. Tenemos que buscar que el Senado no solo introduzca el año de 1984, sino también la Comisión de la Verdad.
¿No es mejor esperar a un proceso de paz con las Farc para no quemar ese cartucho de la Comisión de la Verdad?
La proliferación de comisiones de verdad deteriora su alcance. Pero hay que avanzar en la verdad, por lo menos a nivel no judicial. Además, en términos de política pública, toca adoptar una metodología de investigación y constatación de hechos que vaya más allá del caso por caso. Si no, ¿cuándo acabas de investigar 400 mil casos? Con otro ingrediente importante: muchos de estos crímenes fueron de sistema, no fueron al azar. Al ser de sistema, en el esclarecimeinto administrativo ayudaría si hubiera una Comisión de la Verdad.
¿Cómo?
El Programa de Protección de Tierras cruzó los datos desde 1998 hasta 2010 y les dio que en ese período 5,4 millones de hectáres fueron abandonadas. Si el Estado tiene más información de esta naturaleza, y si hay una identificación de los sucesos por períodos y regiones, aportas una metodología de investigación a la la justicia transicional con ese enfoque de sistema, para hacer los casos colectivos y masivos. Mejoras la eficiencia y la rapidez para hacer el trabajo de restitución simultánea colectiva y la reubicación.
Los retos prácticos
¿Es revolucionaria la ley que se aprobó?
Es un avance, ojalá no saliera inconstitucional. Lo que veo dramático es cómo lo ponemos en práctica. Hay varios escollos. Uno de ellos es la inversión de la prueba. En muchos casos no vas a poder hacer restitución. Hay que hacer una política agresiva de reubicación y ahí viene un tema crucial: ¿Reubicar dónde? Ahí es donde tiene que haber una reestructuración de la propiedad y del aprovechamiento de ciertos suelos. Bien sea porque los ganaderos dan o porque hay que ponerle impuestos muy altos a cierto tipo de tierras. Una política pública de estas tiene que partir del territorio y no de una unidad individual. Eso sí sería revolucionario.
¿Tiene sentido que sea gradual la restitución como lo plantea el Gobierno?
Este proceso administrativamente tiene que ser por etapas. Toca tomar una ruta crítica, y la ruta crítica es donde está la mayor concentración de victimización y las condiciones de justicia más propicias mientras vas consolidando el territorio. La pregunta es si se debe hacer en las zonas de consolidación. Ese puede ser uno de los criterios pero no el único.
¿Dónde ha habido grandes concentraciones de victimización?
La región número uno es Antioquia-Chocó. Parte de la Costa, parte de Nariño. Toca trabajarle a unas subregiones que son claves. Tiene que ser gradual, por etapas, con criterios muy definidos. Y en el marco de la Ley de Tierras y Desarrollo Rural que prepara el Gobierno para este semestre.
¿De qué se trata esa ley?
Hay señales muy contradictorias de si realmente esta ley va a tocar el tema del uso de la tierra. El veredicto de Ley de Víctimas y de Restitución va a depender de La ley de Tierras. Y ahí está el veneno. La ley la presentan en marzo. Esa discusión va a ser terrible.
¿Necesita Santos una nueva coalición política para sacar esto adelante?
Por una u otra razón, los gremios sienten una presión fuerte y saben qué hay que hacer algo a favor de las víctimas. Fedegán sabe que su negocio está siendo demasiado rentista, que pueden mejorar su productividad y apoyar una ley integral de tierras donde haya una desganaderización de la extensión de tierras. No van a ser los grandes opositores para un cierto tipo de cambios. Y la SAC me ha llamado la atención que bajo ciertos límites están dispuestos a discutir propuestas.
Hay contradicciones muy duras al interior de los gremios, de grandes peleas. No se sabe para dónde saldrá el consenso, pero hay un espacio técnico para discutir una reestructuración del modelo agrario. Están aterrados con la mineralización del territorio colombiano. Estamos en un modelo de transición porque la minería introduce unas inflexibilidades muy duras. Les desvaloriza las tierras. En esa medida se pueden discutir ajustes al modelo actual.
¿Y a nivel político se necesita una nueva coalición política?
Parte de la coalición de Gobierno es totalmente opuesta a esto. El pulso es grave, porque en la próxima legislatura hay una agenda muy compleja: la Ley de Víctimas en el Senado, la regla fiscal y esta Ley de Tierras. Si el modelo que van a proponer no es para hacer un cambio, puede que lo ganen, pero llevaría a que no se haga la restitución. Si lo llevan a ser más sensible a los verdaderos problemas va a ser una lucha dura. Y las organizaciones sociales y campesinas tienen que buscar ser actores más deliberantes.
Es muy difícil que se haga verdaderamente lo que se necesita a favor de las víctimas. No hemos constatado que tenga el apoyo de ciertos sectores decisivos.”
– LJG
¿Ve a los desplazados organizándose para abogar por lo suyo?
Ellos tienen múltiples organizaciones pero una movilización de muy baja intensidad por múltiples razones. Y están muy amenazados. Hace tres semanas tuvimos un seminario con la población desplazada, y ese mismo día amenazaron a dos. Nuestro objetivo es que la población desplazada pueda tener una mayor ilustración para participar en el debate.
Los que sí están muy movilizados son las etnias indígenas y los afrocolombianos. Están trabajando para que los desplazados se les unan y con la Mesa Campesina. Hay que ser muy prácticos. Lo que queremos es llegar con propuestas concretas. Juntos tienen que aguantar el chaparrón de los enemigos.
¿Quiénes son los enemigos de esta ley?
El modelo mafioso empresarial, todos los que estuvieron con el narcoparamilitarismo. Además, están los intereses de los palmeros, que requieren la tierra para los biocombustibles; de los cacaoextensivos; de los mineros. No sabemos quién representa a la nueva élite minera. Les interesa un caos para la estructura rural.
¿No les conviene finalmente lograr la paz del territorio con un política justa para los campesinos?
Sí, ellos dicen, ‘Restituyan pero deje que la gente pueda trabajar en las grandes extensiones. Y usemos las grandes extensiones’. No le ven ninguna perspectiva a que el campesinado pueda ser un protagonista productivo. Hay unas alianzas muy complejas, que no se pueden oponer abiertamente pero que necesitan que lo que se haga sea funcional a sus intereses expansivos. La restitución va a a tener muchos enemigos. Necesitamos apalancarnos en fuerzas democráticas.
¿Quién tiene esas tierras que se deben restituir?
Yamile Salinas tiene una hipótesis: ella dice que la mayoría de esas tierras no están en manos de narcos o paras sino de “legales”. No se sabe quién las tiene, porque el registro notarial es hecho adrede para que no se pueda hacer seguimiento a eso.
¿Qué tan abandonada está esta tierra?
En la encuesta les preguntamos a los desplazados ¿qué sabe usted de su tierra? El 53 por ciento dijo que continúa abandonada. El 30 por ciento dijo: no tengo ni idea, lo cual denota que no tiene contacto con lo que pasa allá. El 20 por ciento dice que hay nuevos proyectos. Es decir, que el 80 por ciento puede estar abandonada.
¿Qué probabilidad ve de que pase algo importante en este tema?
Es muy difícil que se haga verdaderamente lo que se necesita. No hemos constatado que tenga el apoyo de ciertos sectores decisivos.
¿Qué se lograría si se hace bien?
Significaría una mayor inclusión del campesino a la sociedad colombiana. Mucha gente dice que la tierra ya no tiene valor sino para minería. Pero una proporción de Colombia que está en el agro constituye una riqueza social que se podría potenciar, la ruralidad podría volver a generar nueva riqueza a la sociedad. Políticamente, este proceso debe ayudar a desmontar los argumentos de ciertos sectores. No creo que sea la paz, pero hace un muro de contención a muchos violentos para los cuales el territorio es su razón de ser. E incluso, por las deficiencias del uso de la tierra, podría haber una acumulación de capital mucho más grande en Colombia. Y lo más importante, habría una reparación transformadora a las víctimas, que son el 10 por ciento de la poblacion colombiana y el 35 por ciento de la población rural.
Imágenes
LA CASA DEL TERROR
Por: Iván Cepeda Castro
EN UNA DE LAS CALLES CÉNTRICAS de Budapest, capital de Hungría, está ubicado el museo Casa del Terror.
Es un edificio que sirvió de sede al Departamento de Seguridad Política durante la época de la invasión nazi y del socialismo estalinista. El régimen que imperó en ese país desde mediados de la década de 1940 aplicó todos los métodos del totalitarismo: control pleno de la vida de los ciudadanos, ideologización de todos los espacios de la vida cotidiana, sumisión absoluta a la “voluntad del Partido”, hegemonía de la propaganda oficial en la comunicación de masas. Como parte del ascenso de este sistema se requería socavar toda expresión de disenso político y neutralizar los líderes de opinión que buscaban un cambio social con democracia. Hungría vivió un levantamiento popular que fue violentamente sofocado con la irrupción a las calles de Budapest de los tanques soviéticos en 1956.
La Casa del Terror se compone de tres niveles, uno de los cuales es el sótano de la edificación. Allí el visitante puede entrar a los calabozos en los que se mantenía a los prisioneros políticos, e igualmente recorrer la sala de torturas en las que se les interrogaba. Este lugar de memoria muestra con detalle el papel central que jugó en ese sistema la policía política secreta. Como dice el catálogo que presenta al museo, el organismo de inteligencia se convirtió en una “fuerza terrorífica conocida por toda la población”, en la “criminalidad institucionalizada”. Sus funciones eran variadas: infiltrar a los partidos de oposición, vigilar a los órganos de prensa, controlar los correos y conversaciones telefónicas, seguir de cerca a los familiares y amigos de quienes eran sospechosos, introducir espías en el servicio doméstico de sus casas, crear campañas de desprestigio, e incluso asesinar como parte de las “operaciones de limpieza”. En el período que antecedió a la consolidación del régimen, un blanco privilegiado de los agentes de la policía política fueron los jueces y en particular los que pertenecían a las altas cortes. Se requería la sumisión total de la justicia para evitar cualquier proceso que contrarrestara la acción arbitraria del servicio secreto y de los líderes estatales. El poder judicial fue reemplazado por los “tribunales populares” que actuaban por orden expresa de los dirigentes del gobierno.
Como testimonio de esta sombría época, a lo largo de las salas del museo se muestran los testimonios de los líderes políticos, periodistas, intelectuales y jueces que lograron sobrevivir a la persecución oficial. En las paredes de una de las salas, anaqueles con carpetas que contienen miles de documentos sobre la vida privada y pública de personas reseñadas evidencian la dimensión que alcanzó el espionaje. En otro lugar del museo, aparecen los aparatos que servían para interceptar las comunicaciones, los micrófonos que eran instalados para grabar las conversaciones, las fotografías de las personas que eran objeto de seguimientos.
No es cierto que el empleo de una maquinaria de inteligencia como parte de la imposición de un Estado de terror sea exclusivo de las sociedades totalitarias. Un sistema de apariencia democrática puede dar cabida a variadas formas de infiltración en la vida privada para doblegar la voluntad de los ciudadanos. Cuando en Colombia se construyan los museos consagrados a la memoria de la criminalidad estatal, el edificio del DAS podría servir para recordar nuestras propias casas del terror.
PUBLICADO POR ELESPECTADOR.COM
http://www.elespectador.com/impreso/columna-243278-casa-del-terror
EN UNA DE LAS CALLES CÉNTRICAS de Budapest, capital de Hungría, está ubicado el museo Casa del Terror.
Es un edificio que sirvió de sede al Departamento de Seguridad Política durante la época de la invasión nazi y del socialismo estalinista. El régimen que imperó en ese país desde mediados de la década de 1940 aplicó todos los métodos del totalitarismo: control pleno de la vida de los ciudadanos, ideologización de todos los espacios de la vida cotidiana, sumisión absoluta a la “voluntad del Partido”, hegemonía de la propaganda oficial en la comunicación de masas. Como parte del ascenso de este sistema se requería socavar toda expresión de disenso político y neutralizar los líderes de opinión que buscaban un cambio social con democracia. Hungría vivió un levantamiento popular que fue violentamente sofocado con la irrupción a las calles de Budapest de los tanques soviéticos en 1956.
La Casa del Terror se compone de tres niveles, uno de los cuales es el sótano de la edificación. Allí el visitante puede entrar a los calabozos en los que se mantenía a los prisioneros políticos, e igualmente recorrer la sala de torturas en las que se les interrogaba. Este lugar de memoria muestra con detalle el papel central que jugó en ese sistema la policía política secreta. Como dice el catálogo que presenta al museo, el organismo de inteligencia se convirtió en una “fuerza terrorífica conocida por toda la población”, en la “criminalidad institucionalizada”. Sus funciones eran variadas: infiltrar a los partidos de oposición, vigilar a los órganos de prensa, controlar los correos y conversaciones telefónicas, seguir de cerca a los familiares y amigos de quienes eran sospechosos, introducir espías en el servicio doméstico de sus casas, crear campañas de desprestigio, e incluso asesinar como parte de las “operaciones de limpieza”. En el período que antecedió a la consolidación del régimen, un blanco privilegiado de los agentes de la policía política fueron los jueces y en particular los que pertenecían a las altas cortes. Se requería la sumisión total de la justicia para evitar cualquier proceso que contrarrestara la acción arbitraria del servicio secreto y de los líderes estatales. El poder judicial fue reemplazado por los “tribunales populares” que actuaban por orden expresa de los dirigentes del gobierno.
Como testimonio de esta sombría época, a lo largo de las salas del museo se muestran los testimonios de los líderes políticos, periodistas, intelectuales y jueces que lograron sobrevivir a la persecución oficial. En las paredes de una de las salas, anaqueles con carpetas que contienen miles de documentos sobre la vida privada y pública de personas reseñadas evidencian la dimensión que alcanzó el espionaje. En otro lugar del museo, aparecen los aparatos que servían para interceptar las comunicaciones, los micrófonos que eran instalados para grabar las conversaciones, las fotografías de las personas que eran objeto de seguimientos.
No es cierto que el empleo de una maquinaria de inteligencia como parte de la imposición de un Estado de terror sea exclusivo de las sociedades totalitarias. Un sistema de apariencia democrática puede dar cabida a variadas formas de infiltración en la vida privada para doblegar la voluntad de los ciudadanos. Cuando en Colombia se construyan los museos consagrados a la memoria de la criminalidad estatal, el edificio del DAS podría servir para recordar nuestras propias casas del terror.
PUBLICADO POR ELESPECTADOR.COM
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Informe de rendición de cuentas del representante a la Cámara Iván Cepeda Castro
El representante a la cámara por el PDA Iván Cepeda Castro presenta a la opinión pública el informe sobre algunos de los aspectos más relevantes de su actividad parlamentaria. Dicha labor se hizo en constante contacto y consulta con los movimientos de víctimas y organizaciones sociales. Cinco meses de actividad legislativa dejan importantes resultados para el país.
Dos debates de control político
El representante Cepeda convocó, junto a otros parlamentarios, a dos debates sobre temas cruciales: uno sobre tierras y despojo masivo, y otro sobre tumbas de personas no identificadas en cuatro cementerios del oriente del país.
El primer debate sobre los rostros del despojo de millones de hectáreas evidenció las modalidades, legales e ilegales, que se vienen empleando para lograr que la tierra de la cual fueron expulsadas cientos de miles de familias campesinas pase a manos de redes criminales y grandes consorcios. El caso más elocuente es el que se registra en los Montes de María, donde las nuevas agropecuarias compraron utilizando formas de presión 75.000 hectáreas. Estos consorcios son dirigidos por amigos del ex presidente Álvaro Uribe Vélez y contaron con subsidios entregados por su gobierno[1].
El representante Cepeda reveló durante el debate de control político que las nuevas caras del despojo se vienen presentando en el contexto de maniobras especulativas en varias regiones del país que involucra a empresarios, funcionarios públicos y terratenientes. Dentro de las estrategias empleadas para hacerse a la tierra, Cepeda recordó las declaraciones que el ex paramilitar Jairo Castillo Peralta, alias ‘Pitirri’ entregó a la Fiscalía General. La estrategia de los paramilitares, políticos y empresarios para apoderarse de la tierra era que: “Mientras unos iban matando, otros comprando y otros legalizando”.
Estas denuncias sobre las modalidades del despojo y legalización de tierras de manera fraudulenta, así como la entrega de los nombres de varios empresarios que se vienen lucrando de la acción violenta de grupos paramilitares y de la miseria de familias campesinas, contribuyeron a que el Ministro de Agricultura tomara cartas en el asunto.
El segundo debate de control político convocado por el representante Cepeda junto a la senadora Gloria Inés Ramírez, sobre la existencia de cementerios de NN y fosas en cementerios del departamento de Meta y Guaviare, reveló la existencia de más de 1.500 cadáveres sepultados como NN. También mostró el incumplimiento reiterado de los procedimientos protocolarios y normas forenses para la manipulación de restos humanos. Durante el debate se analizó en detalle las múltiples violaciones de derechos humanos que se vienen presentando en el departamento del Meta y del Guaviare, en especial en los seis municipios que integran la zona de consolidación.
Las denuncias presentadas por el Representante, los derechos de petición y los requerimientos para inspecciones judiciales formuladas a la Fiscalía han permitido avances sustanciales en la investigación de estos hechos. Esta labor también estimuló la realización de un acuerdo entre el Ministerio del Interior y de Justicia, la Registraduría Nacional y el Instituto de Medicina Legal para determinar la identidad de miles de personas no identificadas –NN- que se encuentran sepultadas en cementerios de todo el país. Por los requerimientos hechos, la Fiscalía ordenó también la inspección de los cementerios de Granada, Vista Hermosa y dos ubicados en San José del Guaviare. Esta semana el representante Cepeda solicitó igualmente la inspección del Cementerio Central de Villavicencio.
Entre el 14 y el 20 de enero de 2010, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, después de una inspección judicial realizada en el cementerio municipal de Granada, Meta a solicitud del representante Cepeda, realizó la exhumación de 42 cuerpos de personas no identificadas ubicados en una tumba colectiva sin señalización que se encontraba en el cementerio de Granada, Meta. Otros 24 cadáveres se hayan en 12 bóvedas del mismo cementerio. La Fiscalía señala que estos 66 cadáveres, entre los que hay menores de edad, serían parte de las muertes que ocasionaron combates ocurridos en julio de 1999[2].
La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas
El representante Cepeda fue ponente del proyecto de Ley No 303/10 Cámara y 209/09 Senado para la ratificación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Para dicha ratificación se logró mediante un acuerdo político de todas las bancadas del Congreso que esta iniciativa fuera aprobada por unanimidad tanto en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes como en la plenaria. La aprobación de este tratado por Colombia puede posibilitar que la Convención entre en vigencia al completarse los 20 Estados requeridos para ese fin. La ratificación de la convención obliga a los Estados miembros a buscar a las personas desaparecidas, a lograr la verdad sobre lo ocurrido y reconoce los derechos de los familiares de las víctimas de este crimen de lesa humanidad.
Trámite de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras
Para los debates parlamentarios que concluyeron con la aprobación del proyecto de Ley de Víctimas, acumulado al de restitución de tierras, el representante Cepeda recogió varias de las propuestas formuladas por las organizaciones sociales y movimientos de víctimas. Estas propuestas quedaron plasmadas en la presentación de 50 proposiciones en el debate de Comisión Primera.
Entre las propuestas más importantes que fueron discutidas por la bancada del PDA, está la ampliación del universo de víctimas, las diferencias entre asistencia y reparación, el principio de “estabilidad fiscal” como criterio para la reparación, el fortalecimiento de la defensa judicial para las víctimas a través de la Defensoría del Pueblo, el principio de enfoque de género, las modificaciones incorporadas para garantizar que quienes hayan sido extraditados puedan contribuir a la reparación; el fortalecimiento del fondo de reparación con los bienes de financiadotes de grupos paramilitares y autores de crímenes de lesa humanidad; la restitución patrimonial como aspecto esencial de la restitución de tierras, entre otros. Como fuente de recursos para la reparación, el representante Cepeda propuso la creación de un plan nacional que garantice el acceso a bienes de los victimarios para la reparación de las víctimas. Con ese fin, propuso además la creación de una unidad del CTI destinada exclusivamente a la persecución de bienes despojados por los agentes de la violencia. Esta medida, a la vez que garantiza el incremento de los recursos del fondo de reparación para las víctimas y el debilitamiento de las bases económicas de los aparatos criminales, podría contribuir a la no repetición de la violencia padecida.
Para el debate en la plenaria de la Cámara, el representante Cepeda, presentó 10 proposiciones nuevas. La determinación de la fecha establecida para el reconocimiento de los derechos de las víctimas de la violencia fue fijada de manera arbitraria en el año 1991. La exclusión de miles de víctimas con esta decisión obligó a que la bancada del PDA abandonara la plenaria.
Constancias y audiencias
A lo largo de los últimos cinco meses, el representante Cepeda presentó numerosas constancias sobre temas de significado social y político. Asimismo, participó en múltiples audiencias públicas y conferencias sobre temas de derechos humanos en distintas regiones del país.
El 27 de octubre, el representante Cepeda presentó proposición para que Colombia en calidad de miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas promoviera la realización de una conferencia global para que se discuta la política de seguridad contra el tráfico de drogas y estupefacientes, así como los impactos de la despenalización del consumo y tráfico en busca de una solución integral e internacional. La Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad la propuesta.
El pasado 23 de noviembre, Cepeda expresó mediante constancia su rechazó por el asilo territorial que el gobierno de la República de Panamá le concedió a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado. Cepeda recordó entonces, que el asilo es una figura jurídica internacional de los Derechos Humanos, gracias a la cual personas que sean perseguidas por razones políticas o ideológicas obtienen protección humanitaria bajo la jurisdicción de otro Estado. No obstante, tal como claramente lo expresa la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 14, este derecho no podrá ser invocado para hechos vinculados con presuntos delitos comunes o por actos opuestos[3].
Iván Cepeda también participó en audiencias de derechos humanos, a través de las cuales recogió gran cantidad de denuncias de las comunidades sobre graves violaciones de derechos humanos y preocupaciones que aquejan a los habitantes de varias regiones del país. Algunas de estas audiencias de derechos humanos fueron las realizadas en La Macarena, Meta, Sincelejo, Barranquilla y Bucaramanga.
NOTAS AL PIE:
[1] A este respecto, el 21 de octubre de 2010 el canal City TV, propiedad de la CEET, convocó a un álgido debate entre el empresario y comprador de tierras en los Montes de María (Sucre), Álvaro Echeverría y el representante Iván Cepeda. Tras una larga y acalorada discusión, Cepeda logró demostrar la existencia de esta nueva modalidad de despojo.
[2] El Espectador; Cementerio La Resurrección de Granada tiene 412 N.N., según Fiscalía. Diciembre 17 de 2010. http://www.elespectador.com/impreso/politica/articuloimpreso-240918-cementerio-resurreccion-de-granada-tiene-412-nn-segun-fiscal
[3] Constancias: Constancia del 15 de diciembre de 2010 sobre el SENA presentada por las bancadas de Cámara y Senado del PDA; constancia del 14 de diciembre de 2010 sobre Ley de Víctimas. Constancia del 7 de diciembre de 2010 en rechazo al atentado cometido por las FARC en el municipio de Vegalarga, Huila. Constancia del 25 de noviembre de 2010 en repudio al asesinato del líder social Óscar Maussa. Constancia del 24 de noviembre de 2010 sobre la necesidad de consultar a las organizaciones de víctimas y de derecho humanos para el trámite de Ley de Víctimas. Constancia del 23 de noviembre de 2010 por la concesión del asilo territorial a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado en Panamá. Constancia del 13 de noviembre de 2010 para la presentación de 35 proposiciones al proyecto de Ley de Víctimas. Constancia del 8 de noviembre del 2010 sobre proposiciones a la Ley de Víctimas. Constancia del 27 de octubre de 2010 para que Colombia en calidad de miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas promueva la realización de una conferencia global sobre política de seguridad contra el tráfico de drogas y estupefacientes e impactos de la despenalización del consumo y tráfico. Constancia del 26 de octubre de voto negativo al proyecto de acto legislativo 016 de 2010 cámara, por el cual se establece el derecho a la sostenibilidad fiscal para alcanzar los fines del Estado social. Constancia del 20 de octubre de 2010 en la que el PDA propone observación internacional a la investigación que adelanta la Comisión de investigación y acusaciones contra el ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Constancia del 28 de septiembre de 2010 para exigir que la oposición tenga derecho a la libre expresión. Rechazo a la decisión del Procurador General de la Nación de sancionar disciplinariamente a la senadora Piedad Córdoba. Constancia Septiembre 21 de 2010 sobre petición de extradición del mercenario israelí Yair Klein. Constancia del 15 de septiembre de 2010 por ataques de defensores de derechos humanos.
Dos debates de control político
El representante Cepeda convocó, junto a otros parlamentarios, a dos debates sobre temas cruciales: uno sobre tierras y despojo masivo, y otro sobre tumbas de personas no identificadas en cuatro cementerios del oriente del país.
El primer debate sobre los rostros del despojo de millones de hectáreas evidenció las modalidades, legales e ilegales, que se vienen empleando para lograr que la tierra de la cual fueron expulsadas cientos de miles de familias campesinas pase a manos de redes criminales y grandes consorcios. El caso más elocuente es el que se registra en los Montes de María, donde las nuevas agropecuarias compraron utilizando formas de presión 75.000 hectáreas. Estos consorcios son dirigidos por amigos del ex presidente Álvaro Uribe Vélez y contaron con subsidios entregados por su gobierno[1].
El representante Cepeda reveló durante el debate de control político que las nuevas caras del despojo se vienen presentando en el contexto de maniobras especulativas en varias regiones del país que involucra a empresarios, funcionarios públicos y terratenientes. Dentro de las estrategias empleadas para hacerse a la tierra, Cepeda recordó las declaraciones que el ex paramilitar Jairo Castillo Peralta, alias ‘Pitirri’ entregó a la Fiscalía General. La estrategia de los paramilitares, políticos y empresarios para apoderarse de la tierra era que: “Mientras unos iban matando, otros comprando y otros legalizando”.
Estas denuncias sobre las modalidades del despojo y legalización de tierras de manera fraudulenta, así como la entrega de los nombres de varios empresarios que se vienen lucrando de la acción violenta de grupos paramilitares y de la miseria de familias campesinas, contribuyeron a que el Ministro de Agricultura tomara cartas en el asunto.
El segundo debate de control político convocado por el representante Cepeda junto a la senadora Gloria Inés Ramírez, sobre la existencia de cementerios de NN y fosas en cementerios del departamento de Meta y Guaviare, reveló la existencia de más de 1.500 cadáveres sepultados como NN. También mostró el incumplimiento reiterado de los procedimientos protocolarios y normas forenses para la manipulación de restos humanos. Durante el debate se analizó en detalle las múltiples violaciones de derechos humanos que se vienen presentando en el departamento del Meta y del Guaviare, en especial en los seis municipios que integran la zona de consolidación.
Las denuncias presentadas por el Representante, los derechos de petición y los requerimientos para inspecciones judiciales formuladas a la Fiscalía han permitido avances sustanciales en la investigación de estos hechos. Esta labor también estimuló la realización de un acuerdo entre el Ministerio del Interior y de Justicia, la Registraduría Nacional y el Instituto de Medicina Legal para determinar la identidad de miles de personas no identificadas –NN- que se encuentran sepultadas en cementerios de todo el país. Por los requerimientos hechos, la Fiscalía ordenó también la inspección de los cementerios de Granada, Vista Hermosa y dos ubicados en San José del Guaviare. Esta semana el representante Cepeda solicitó igualmente la inspección del Cementerio Central de Villavicencio.
Entre el 14 y el 20 de enero de 2010, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, después de una inspección judicial realizada en el cementerio municipal de Granada, Meta a solicitud del representante Cepeda, realizó la exhumación de 42 cuerpos de personas no identificadas ubicados en una tumba colectiva sin señalización que se encontraba en el cementerio de Granada, Meta. Otros 24 cadáveres se hayan en 12 bóvedas del mismo cementerio. La Fiscalía señala que estos 66 cadáveres, entre los que hay menores de edad, serían parte de las muertes que ocasionaron combates ocurridos en julio de 1999[2].
La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas
El representante Cepeda fue ponente del proyecto de Ley No 303/10 Cámara y 209/09 Senado para la ratificación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Para dicha ratificación se logró mediante un acuerdo político de todas las bancadas del Congreso que esta iniciativa fuera aprobada por unanimidad tanto en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes como en la plenaria. La aprobación de este tratado por Colombia puede posibilitar que la Convención entre en vigencia al completarse los 20 Estados requeridos para ese fin. La ratificación de la convención obliga a los Estados miembros a buscar a las personas desaparecidas, a lograr la verdad sobre lo ocurrido y reconoce los derechos de los familiares de las víctimas de este crimen de lesa humanidad.
Trámite de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras
Para los debates parlamentarios que concluyeron con la aprobación del proyecto de Ley de Víctimas, acumulado al de restitución de tierras, el representante Cepeda recogió varias de las propuestas formuladas por las organizaciones sociales y movimientos de víctimas. Estas propuestas quedaron plasmadas en la presentación de 50 proposiciones en el debate de Comisión Primera.
Entre las propuestas más importantes que fueron discutidas por la bancada del PDA, está la ampliación del universo de víctimas, las diferencias entre asistencia y reparación, el principio de “estabilidad fiscal” como criterio para la reparación, el fortalecimiento de la defensa judicial para las víctimas a través de la Defensoría del Pueblo, el principio de enfoque de género, las modificaciones incorporadas para garantizar que quienes hayan sido extraditados puedan contribuir a la reparación; el fortalecimiento del fondo de reparación con los bienes de financiadotes de grupos paramilitares y autores de crímenes de lesa humanidad; la restitución patrimonial como aspecto esencial de la restitución de tierras, entre otros. Como fuente de recursos para la reparación, el representante Cepeda propuso la creación de un plan nacional que garantice el acceso a bienes de los victimarios para la reparación de las víctimas. Con ese fin, propuso además la creación de una unidad del CTI destinada exclusivamente a la persecución de bienes despojados por los agentes de la violencia. Esta medida, a la vez que garantiza el incremento de los recursos del fondo de reparación para las víctimas y el debilitamiento de las bases económicas de los aparatos criminales, podría contribuir a la no repetición de la violencia padecida.
Para el debate en la plenaria de la Cámara, el representante Cepeda, presentó 10 proposiciones nuevas. La determinación de la fecha establecida para el reconocimiento de los derechos de las víctimas de la violencia fue fijada de manera arbitraria en el año 1991. La exclusión de miles de víctimas con esta decisión obligó a que la bancada del PDA abandonara la plenaria.
Constancias y audiencias
A lo largo de los últimos cinco meses, el representante Cepeda presentó numerosas constancias sobre temas de significado social y político. Asimismo, participó en múltiples audiencias públicas y conferencias sobre temas de derechos humanos en distintas regiones del país.
El 27 de octubre, el representante Cepeda presentó proposición para que Colombia en calidad de miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas promoviera la realización de una conferencia global para que se discuta la política de seguridad contra el tráfico de drogas y estupefacientes, así como los impactos de la despenalización del consumo y tráfico en busca de una solución integral e internacional. La Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad la propuesta.
El pasado 23 de noviembre, Cepeda expresó mediante constancia su rechazó por el asilo territorial que el gobierno de la República de Panamá le concedió a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado. Cepeda recordó entonces, que el asilo es una figura jurídica internacional de los Derechos Humanos, gracias a la cual personas que sean perseguidas por razones políticas o ideológicas obtienen protección humanitaria bajo la jurisdicción de otro Estado. No obstante, tal como claramente lo expresa la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 14, este derecho no podrá ser invocado para hechos vinculados con presuntos delitos comunes o por actos opuestos[3].
Iván Cepeda también participó en audiencias de derechos humanos, a través de las cuales recogió gran cantidad de denuncias de las comunidades sobre graves violaciones de derechos humanos y preocupaciones que aquejan a los habitantes de varias regiones del país. Algunas de estas audiencias de derechos humanos fueron las realizadas en La Macarena, Meta, Sincelejo, Barranquilla y Bucaramanga.
NOTAS AL PIE:
[1] A este respecto, el 21 de octubre de 2010 el canal City TV, propiedad de la CEET, convocó a un álgido debate entre el empresario y comprador de tierras en los Montes de María (Sucre), Álvaro Echeverría y el representante Iván Cepeda. Tras una larga y acalorada discusión, Cepeda logró demostrar la existencia de esta nueva modalidad de despojo
[2] El Espectador; Cementerio La Resurrección de Granada tiene 412 N.N., según Fiscalía. Diciembre 17 de 2010. http://www.elespectador.com/impreso/politica/articuloimpreso-240918-cementerio-resurreccion-de-granada-tiene-412-nn-segun-fiscal
[3] Constancias: Constancia del 15 de diciembre de 2010 sobre el SENA presentada por las bancadas de Cámara y Senado del PDA; constancia del 14 de diciembre de 2010 sobre Ley de Víctimas. Constancia del 7 de diciembre de 2010 en rechazo al atentado cometido por las FARC en el municipio de Vegalarga, Huila. Constancia del 25 de noviembre de 2010 en repudio al asesinato del líder social Óscar Maussa. Constancia del 24 de noviembre de 2010 sobre la necesidad de consultar a las organizaciones de víctimas y de derecho humanos para el trámite de Ley de Víctimas. Constancia del 23 de noviembre de 2010 por la concesión del asilo territorial a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado en Panamá. Constancia del 13 de noviembre de 2010 para la presentación de 35 proposiciones al proyecto de Ley de Víctimas. Constancia del 8 de noviembre del 2010 sobre proposiciones a la Ley de Víctimas. Constancia del 27 de octubre de 2010 para que Colombia en calidad de miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas promueva la realización de una conferencia global sobre política de seguridad contra el tráfico de drogas y estupefacientes e impactos de la despenalización del consumo y tráfico. Constancia del 26 de octubre de voto negativo al proyecto de acto legislativo 016 de 2010 cámara, por el cual se establece el derecho a la sostenibilidad fiscal para alcanzar los fines del Estado social. Constancia del 20 de octubre de 2010 en la que el PDA propone observación internacional a la investigación que adelanta la Comisión de investigación y acusaciones contra el ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Constancia del 28 de septiembre de 2010 para exigir que la oposición tenga derecho a la libre expresión. Rechazo a la decisión del Procurador General de la Nación de sancionar disciplinariamente a la senadora Piedad Córdoba. Constancia Septiembre 21 de 2010 sobre petición de extradición del mercenario israelí Yair Klein. Constancia del 15 de septiembre de 2010 por ataques de defensores de derechos humanos.
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