Iván Cepeda y Movice reciben nueva amenaza de Águilas Negras

El congresista denunció una reciente amenaza contra él y contra defensores de derechos humanos en Sucre, por parte del grupo paramilitar Águilas Negras. Dijo que las intimidaciones incrementaron a raíz de decisiones en materia de restitución de tierras que benefician a campesinos en esa región.

BOGOTÁ, 13/02/2013. El representante a la Cámara Iván Cepeda Castro puso en conocimiento una nueva acción de intimidación contra defensores de derechos humanos y representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado Movice en el departamento de Sucre. 

A través de una carta, el lunes 11 de febrero del presente año, el denominado grupo Águilas Negras, les reiteró a Ingrid Vergara, Juan David Díaz y al representante Cepeda, junto a otros defensores de derechos humanos, que “hemos decidido darles (sic) otra estocada más a ese movimiento de terroristas que le quita la tierra a la gente de bien para entregarselas (sic) a guerrilleros que se hacen pasar por campesinos”. 

Para el congresista, la situación en los Montes de María es cada vez más preocupante, pues desde hace dos meses, los integrantes de la Mesa de Víctimas de El Carmen de Bolívar (Bolívar) fueron desplazados del municipio y casi todos los líderes campesinos se encuentran amenazados en esa región. Además, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana a finales del 2012 sobre el riesgo que corren las comunidades de esta zona en los procesos de restitución de tierras.

Una vez más, el representante les solicitó a las autoridades y al Gobierno Nacional, a través de sus ministerios y oficinas encargadas, que se investigue a fondo la existencia de los grupos paramilitares y ejércitos antirrestitución que delinquen en la región de Montes de María, y se extremen las medidas de protección para los campesinos que buscan recuperar sus tierras. 

OFICINA DE PRENSA

Reforma a régimen salarial de congresistas propone representante Cepeda

A través de una carta, el representante Iván Cepeda le solicitó al Gobierno Nacional que presente un proyecto de ley para modificar la ley 4 de 1992, en el sentido de ajustar el régimen salarial y prestacional de los congresistas, reduciendo los montos de los salarios y de los privilegios prestacionales sin afectar los derechos y las escalas salariales de otros servidores públicos.

BOGOTÁ, 12/02/2013. Con relación a la discusión que cursa trámite en la Corte Constitucional sobre el régimen especial de pensiones para congresistas, el representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, le propuso al ministro del Interior, Fernando Carrillo, que impulse ante el Congreso de la República, una iniciativa de reforma a la ley 4ª de 1992, por cuanto los proyectos de reforma a las leyes marco son potestad del Ejecutivo.

El congresista consideró que no sólo el régimen pensional, sino también el régimen salarial y prestacional de los congresistas riñe con el derecho a la igualdad, y establece beneficios y prerrogativas desproporcionadas e inequitativas en relación con la realidad de la mayoría de servidores públicos y empleados del país.

Para Cepeda, se debe ajustar el régimen salarial y prestacional de los congresistas, fijando un monto máximo razonable para su determinación, y que permita, de manera excepcional, su reducción, sin que con esto se afecten derechos salariales y prestacionales o las escalas salariales de otros servidores públicos.

Además, Cepeda anunció que, como un gesto de solidaridad y en concordancia con su concepto sobre los altos salarios de los congresistas, donará 5 millones de pesos mensuales de su sueldo al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, y le solicitó a Gustavo Bolívar, líder Movimiento Manos Limpias, que sea esta organización la que ejerza la veeduría sobre el cumplimiento de dicho aporte.

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OFICINA DE PRENSA 

Plan para atentar contra Iván Cepeda estarían fraguando sectores afines al expresidente Uribe

El congresista Iván Cepeda tuvo conocimiento en los últimos días sobre un grupo que habría sido enviado al municipio de Melgar (Tolima), con el fin de preparar un atentado en su contra. Mediante una llamada, un anónimo afirmó que los autores del plan serían los hermanos Gallón Henao, personas cercanas al expresidente Álvaro Uribe, y obedecería a un intento para acallar al congresista, quien ha denunciado graves hechos que relacionan a la familia Uribe Vélez con grupos paramilitares.

BOGOTÁ, 06/02/2013. El representante a la Cámara Iván Cepeda puso en conocimiento al Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, y al ministro del Interior, Fernando Carrillo, sobre un presunto plan que se estaría fraguando para atentar en su contra. El plan fue revelado a través de una llamada anónima, en la cual se informa que los hermanos Pedro y Santiago Gallón Henao le habrían pagado a un grupo armado enviado hasta el municipio de Melgar (Tolima) para preparar desde allí un atentado contra el representante Cepeda, y que se llevaría a cabo en Bogotá.

El congresista recordó que las amenazas y hostigamientos en su contra han incrementado en el último año a raíz del debate sobre paramilitarismo en Antioquia y la hacienda Guacharacas durante la gobernación de Álvaro Uribe, los debates sobre el caso Santoyo, y la denuncia instaurada contra el expresidente Uribe ante la Fiscalía y la CPI por el delito de persecución.

Para Cepeda, este nuevo anuncio de un posible atentado contra su vida se da de manera paralela a una campaña de desprestigio que intenta desvirtuar su impecable y reconocida labor parlamentaria, y que busca intimidarlo en momentos en que Álvaro Uribe comienza su campaña política.

Además de poner en conocimiento de estos hechos a las autoridades nacionales, el congresista elevará la denuncia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la organización  Human Rights Watch y ante la Unión Interparlamentaria.

OFICINA DE PRENSA

Cepeda celebró decisión de Incoder de ordenar revocatoria de adjudicación sobre predios de Víctor Carranza

El representante a la Cámara Iván Cepeda, dijo que el reciente anuncio del Incoder de expedir resolución de revocatoria directa de adjudicación sobre 27 mil hectáreas utilizadas por la ganadería La Cristalina, en Puerto Gaitán, Meta, es un claro resultado de sus denuncias en el debate sobre tierras realizado  en mayo de 2012 y consignadas en el libro Víctor Carranza alias ‘El Patrón’. El congresista reveló una matriz de mecanismos ilegales, utilizada por Carranza para apropiarse de éstos y otros terrenos.

BOGOTÁ, 28/01/2013. El congresista y defensor de derechos humanos, Iván Cepeda, afirmó que esta nueva acción del Gobierno Nacional debe ser el comienzo de una serie de decisiones sobre más de 45 mil hectáreas que se presume fueron conseguidas mediante el despojo y la adjudicación fraudulenta, por parte de testaferros de Víctor Carranza, procesado actualmente por la justicia por sus presuntos nexos y conformación de grupos paramilitares.

El representante recordó que durante la investigación para el libro y los debates en el Congreso, quedó claro que Víctor Carranza es uno de los más grandes latifundistas del país. Una fuente le dijo a Cepeda que en 2011, Carranza habría celebrado con una extravagante fiesta, la consecución de la hectárea número un millón.

Los predios (El Pedregal, Mi Llanura, Campo Hermoso, El Rincón y Las Corocoras) objeto de la decisión de revocatoria están ubicados en la inspección El Porvenir, de Puerto Gaitán, y se comprobó que Carranza los habría adquirido ilegalmente a través de José Baldomero Romero, alias Guillermo Torres.

El congresista anunció que continuará al frente de este tema, pues quedan acciones pendientes frente a otros predios de Víctor Carranza como es el caso de la hacienda El Brasil, donde se repite la matriz ilegal de adquisición de terrenos y según versión de un exjefe paramilitar ante un juez de Justicia y Paz, allí habría funcionado una base paramilitar y existirían fosas comunes. En ese sentido Cepeda, también le solicitó al Incoder que inicie la recuperación de 10 mil hectáreas de baldíos de la nación, ubicados en el predio Morichito, en Puerto Gaitán, igualmente de propiedad de Carranza.

Investigación contra Uribe es el paso más importante de la justicia colombiana en el caso de la parapolítica: Cepeda

Así lo dijo el congresista Iván Cepeda, tras conocer la decisión del Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre de reabrir investigación contra Álvaro Uribe Vélez, en calidad de exgobernador de Antioquia, por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares en 1996. La investigación se abrió a raíz de dos testimonios de exmiembros de grupos paramilitares, recibidos por el representante Cepeda en desarrollo de las visitas a diferentes cárceles del país, con fines humanitarios.

 El representante a la Cámara y defensor de derechos humanos, Iván Cepeda Castro, recibió con satisfacción el anuncio hecho por el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, de la apertura de investigación al expresidente Álvaro Uribe Vélez, por el delito de concierto para delinquir, por presuntos nexos con grupos paramilitares en el periodo en el que se desempeñó como gobernador de Antioquia.

“Este es, sin duda, el paso más importante de la justicia colombiana en el terrible caso de la parapolítica. Es la primera vez que se abre una investigación en la justicia ordinaria contra el expresidente Uribe por delitos graves que están relacionados, incluso, con masacres ocurridas en Antioquia durante su mandato como gobernador”, subrayó el congresista.

El 19 de agosto de 2012, en desarrollo de las visitas realizadas a varias cárceles del país, como vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, el representante Cepeda recibió la declaración del exjefe paramilitar Pablo Hernán Sierra García alias “Alberto Guerrero”, excomandante paramilitar recluido en la cárcel de Itagüí, quien afirma que a mediados de la década de los 90, se conformó un grupo paramilitar en San Roque (Antioquia), que posteriormente dio lugar al Bloque Metro de las AUC, el cual habría tenido como base de operaciones la hacienda Guacharacas, de propiedad, en aquel entonces, del gobernador Álvaro Uribe.

En un segundo testimonio, Juan Guillermo Monsalve,  hijo del mayordomo de la hacienda de la familia Uribe Vélez en el nordeste antioqueño, quien integró el grupo paramilitar que operó en esa región a mediados de los 90, afirma que el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe, no sólo apoyó esas autodefensas, sino que presuntamente ordenó una de las masacres ocurridas en el municipio de San Roque.

Para el congresista, el hecho de que se abra esta investigación es de suma importancia para las víctimas del paramilitarismo, ya que el caso de Álvaro Uribe es un capítulo vital para entender este fenómeno. Dijo que espera que a esta investigación, se sumen muchas más, provenientes de testimonios de los exjefes paramilitares, que coinciden en señalar la participación de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez en hechos ilícitos.

Dentro de esos señalamientos se encuentran casos de masacres y la creación de bloques de autodefensas y grupos de limpieza social, relacionados con otras propiedades de los Uribe Vélez como La Mundial, La Carolina, San Cipriano y El Ubérrimo, que según otros testimonios, han servido como lugar de entrenamiento, centro de operaciones y de reuniones de grupos paramilitares.

Cepeda reiteró que a raíz de la entrega de estas denuncias a la Fiscalía,  se han incrementado las presiones y amenazas contra Pablo Hernán Sierra y su familia, especialmente contra Juan Monsalve y su familia, quienes no han parado de ser hostigados para que Monsalve se retracte de sus afirmaciones.