RENDICIÓN DE CUENTAS REPRESENTANTE A LA CÁMARA IVÁN CEPEDA CASTRO

PRIMER SEMESTRE 2013
ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

LOGROS EN LAS COMISIONES DE PAZ Y DE DERECHOS HUMANOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
Segunda ronda de Mesas Regionales para contribuir a la terminación del conflicto: Derechos de las víctimas. 10 de mayo al 13 de julio de 2013

Después de la primera etapa llevada a cabo en 2012, desde la copresidencia de la Comisión de Paz de la Cámara, impulsamos la segunda ronda de Mesas de Trabajo Regionales por la Paz, en 9 ciudades del país, en las que se busca una participación de cerca de 3 mil personas y la representación de 1.300 organizaciones de los 32 departamentos del país, como una iniciativa de las Comisiones de Paz del Senado y de la Cámara de Representantes. Las Mesas cuentan con el apoyo técnico y metodológico de Naciones Unidas Colombia.
Las propuestas sistematizadas sobre los derechos de las víctimas, serán entregadas a la Mesa de Conversaciones Gobierno y las Farc que sesiona en La Habana.
Dentro de las innumerables propuestas presentadas, los ciudadanos han pedido crear una Comisión de la verdad sobre la violencia desde 1945, en la que los agentes e instituciones del Estado y todos los grupos armado entreguen la verdad sobre su responsabilidad por acción u omisión en crímenes cometidos, sin excepción. Dicha comisión también debe contar con el esclarecimiento de la verdad y la reparación por parte de empresas nacionales y extranjeras que financiaron el conflicto, y fortalecer la participación política de las víctimas. Tales son apenas algunas entre miles de iniciativas entregadas.

Encuentro de directores y editores de medios colombianos: cómo abordar los desafíos de la cobertura del proceso de paz y del debate político con miras a las elecciones de 2014

Desde la copresidencia de la Comisión de Paz de la Cámara, participamos en este encuentro y expresamos nuestra preocupación por el bajo cubrimiento y producción de programas, frente a los temas que tienen que ver con la paz, las víctimas y la memoria histórica. Expusimos que existen claros ejemplos de lo rentable o exitoso que puede resultar en términos de rating el cubrimiento de temas de interés nacional como la paz o la lucha contra la corrupción, con un enfoque más investigativo y profundo. Las demandas del público no son independientes de lo que los medios produzcan, por el contrario, los contenidos ofrecidos puede transformar y cualificar las demandas ciudadanas y generar una presión por mejores contenidos.

Comisión Especial de mediación en crisis humanitaria en el Catatumbo

La mesa directiva de la Cámara de Representantes y la Comisión de Paz de esa Corporación autorizaron la conformación de una Comisión Especial de Seguimiento a la crisis humanitaria en la región del Catatumbo, con el fin de mediar para implementar una mesa de diálogo con Gobierno Nacional, en la cual se pudieran encontrar salidas a la grave situación que actualmente viven más de 7 mil campesinos en esa zona del país.
La Comisión la conformaron los representantes a la Cámara Ángela Robledo, Iván Cepeda y Hernando Hernández.

Seguimiento a la crisis carcelaria: petición a la Corte Constitucional para que se declare la continuidad del estado de cosas inconstitucional
Con motivo de la discusión del proyecto de Reforma al Código Penitenciario y Carcelario en el Congreso, le solicitamos a la Corte Constitucional que, así como en 1998, declare el estado de cosas inconstitucional e inicie un proceso especial de seguimiento de tutela, como mecanismo idóneo para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos a las personas detenidas.
Junto al representante legal de la ONG Fundación de Solidaridad con los Presos Políticos, le pedimos a los Magistrados del Alto Tribunal, que estudien la posibilidad de declarar abierto un procedimiento de Seguimiento Especial de Tutela, debido a la grave situación que tienen que padecer más de 117.015 personas que se encuentran recluidas en las cárceles y penitenciarías, así como las personas aglutinadas en centros transitorios de detención.
Reiteramos que está demostrada la condición de crisis de tipo estructural y sistémica, relacionada con la ausencia de políticas públicas idóneas y eficaces para la prevención y atención de la problemática del sistema carcelario y de la política criminal colombiana, la cual configura nuevamente, al igual que en 1998, un estado de cosas inconstitucional.
Recordamos que según cifras entregadas por el Inpec en abril de 2013, el hacinamiento era del 261.3% en Valledupar, en la cárcel de Riohacha del 398%, Santa Marta 242.3%, en la cárcel de Bucaramanga del 144.7%, Cali 243%, Bellavista 197.8%, Itagüí 127.1%, y en La Modelo de Bogotá del 104.7%.

Seguimiento a denuncias por amenazas a líderes de restitución de tierras en Montes de María, Sur de Bolívar y Cesar

A raíz de los hechos de violencia en los que resultó asesinado el hijo de un reclamante de tierras en El Carmen de Bolívar, el plan develado para asesinar al defensor de derechos humanos Juan David Díaz, y las agresiones sufridas por las comunidades de Las Pavas (Sur de Bolívar) y Bellacruz (Cesar), por parte de civiles armados, expresamos que no se puede seguir afirmando que estos son hechos aislados, y que, por el contrario, obedecen a una especie de cadena criminal, de la cual hacen parte los denominados ejércitos antirrestitución.

Dijimos que la primera medida de protección que debe adoptar el gobierno es reconocer que existen estructuras paramilitares que están haciendo de guardianes de las tierras despojadas, que ejercen persecución a reclamantes de tierras o personas que ya han sido restituidas, especialmente en la Costa Atlántica.

Con respecto a los Departamentos de Seguridad, autorizados por la Superintendencia de Vigilancia, advertimos que “estamos volviendo al tiempo de las ‘Convivir’. Estos Departamentos son organizaciones de carácter privado que asumen funciones y se toman atribuciones de Fuerza Pública, en el caso de las Pavas, con el objeto de reprimir y hostigar a comunidades que están en sitios donde el Incoder permitió su permanencia”.

Por lo anterior, requerimos una respuesta urgente del Superintendente de Vigilancia sobre si se está legalizando el paramilitarismo nuevamente, bajo esta figura de Departamentos de Seguridad.


PROYECTOS DE LEY E INICIATIVAS DE CARÁCTER LEGISLATIVO:

APROBACIÓN DEL PROYECTO EN HOMENAJE AL ALCALDE DE EL ROBLE EUDALDO DÍAZ
Con ponencia del representante Iván Cepeda, el Congreso aprobó en último debate una iniciativa que instituye el Día Nacional del Alcalde, y establece la construcción de un monumento en el municipio de El Roble (Sucre), en homenaje al alcalde Eudaldo “Tito” Díaz Salgado, asesinado por paramilitares en cumplimiento de sus funciones.
Expresamos nuestro beneplácito por la aprobación de este proyecto que crea incentivos para los alcaldes y reconoce su labor en medio del conflicto armado. Entre lo estipulado en la ley, se encuentra un monumento en homenaje a Eudaldo Díaz, alcalde de El Roble (Sucre), asesinado el 10 de abril de 2003, a manos de grupos paramilitares.
“Este proyecto va dedicado a todos los alcaldes del país que con dignidad y valentía han ejercido la función pública en contra de las estructuras armadas y la corrupción que imperan en las regiones, como es el caso de Eudaldo Díaz’”.
La iniciativa declara el 13 de marzo como el Día Nacional del Alcalde y autoriza al Gobierno Nacional para que a través de la Escuela de Administración Pública ESAP, se otorgue una beca para los mejores Alcaldes de cada año, uno por departamento, para cursar una especialización en Administración Pública.

APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO SOBRE VIOLENCIA SEXUAL EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO
El proyecto de ley 037 de 2012 Cámara, de autoría Ángela Robledo e Iván Cepeda, aprobado por la Plenaria de Cámara, pretende reformar la legislación vigente con el fin de garantizar el acceso efectivo a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual en el contexto del conflicto armado.
A partir de esta ley, se reconocería que cuando un hecho de violencia sexual ocurre de manera sistemática o generalizada por parte de los actores del conflicto, tiene el carácter de delito de lesa humanidad.
El proyecto propone la adopción de una serie de disposiciones que tienen que ver con el tratamiento jurídico de los delitos de violencia sexual, con las normas de procedimiento en materia de investigación y juzgamiento de tales conductas, con fortalecer la celeridad y la eficacia de la justicia, al igual que otras disposiciones y medidas administrativas orientadas a proteger los derechos de las mujeres en cuanto a su formación, integridad y libertad sexuales.

PROPUESTA DE REFORMA AL RÉGIMEN SALARIAL DE CONGRESISTAS
A través de una carta, le solicitamos al Gobierno Nacional que presente un proyecto de ley para modificar la ley 4ª de 1992, en el sentido de ajustar el régimen salarial y prestacional de los congresistas, reduciendo los montos de los salarios y de los privilegios prestacionales sin afectar los derechos y las escalas salariales de otros servidores públicos.
Consideramos que no sólo el régimen pensional, sino también el régimen salarial y prestacional de los congresistas riñe con el derecho a la igualdad, y establece beneficios y prerrogativas desproporcionadas e inequitativas en relación con la realidad de la mayoría de servidores públicos y empleados del país. Por lo anterior, creemos que se debe ajustar el régimen salarial y prestacional de los congresistas, fijando un monto máximo razonable para su determinación, y que permita, de manera excepcional, su reducción, sin que con esto se afecten derechos salariales y prestacionales o las escalas salariales de otros servidores públicos.
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO CARCELARIO Y PENITENCIARIO
Para la discusión de este proyecto radicamos 31 proposiciones que buscaban, entre otros aspectos, eliminar el artículo 25 que permitía la vigilancia privada en las cárceles. Finalmente, logramos la modificación de este artículo para que se refuerce el cuerpo de guardines del Inpec. La mayoría de las proposiciones fueron producto de las propuestas entregadas por los internos en la pasada audiencia virtual con 11 cárceles del país.
Conseguimos la creación del Plan Nacional de Derechos Humanos para el Sistema Carcelario, que busca hacer seguimiento al respeto de los derechos humanos de los presos y una intervención efectiva de los órganos de control al sistema carcelario. El Plan establece instancias y mecanismos de observación permanente que impidan los constantes ultrajes que se presentan.
Ante la ausencia de un enfoque de género en el actual reglamento carcelario, formulamos una proposición en el sentido de incluirlo, tal como lo plantearon las mujeres internas en cárceles como la Jamundí y El Buen Pastor de Bogotá, en la audiencia virtual realizada por iniciativa nuestra. Este punto fue aprobado.
Propusimos que el Ministerio de Trabajo emita un Documento Marco para la formalización del trabajo en las cárceles y se garantice la protección social de los internos que cumplen con jornadas laborales, donde se fijen el régimen salarial, las condiciones mínimas de seguridad industrial y otras que garanticen la vigencia de las normas de derechos humanos, laborales y los acuerdos con la OIT.
En ese sentido, logramos que se aumente el porcentaje de puestos de trabajo y de educación que el Estado debe garantizar a las personas detenidas.

OPOSICIÓN AL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE AMPLIACIÓN DEL FUERO PENAL MILITAR

En la primera fase de esta discusión, lideramos la demanda de inconstitucionalidad del Acto Legislativo que amplió el Fuero Penal Militar. De igual forma, nos opusimos a la aprobación de la Ley Estatutaria de Ampliación del Fuero Penal Militar y como bancada presentamos ponencia de archivo. Suscribimos 28 proposiciones con miras a eliminar y modificar los puntos que consideramos en contra del Estatuto de Roma y del Derecho Internacional Humanitario. Luego de su aprobación, anunciamos el inicio de una intervención ciudadana ante la Corte Constitucional.

Argumentamos que dicha norma es un paso atrás para lograr la justicia en Colombia, y que el Congreso, al aprobar la reforma de la justicia militar, está yendo en contra de las víctimas, cuando su tarea debería ser legislar a favor de ellas. Para dar pie a la aplicación del “blanco legítimo”, el artículo 11, estipula la participación directa y permite que se dé por hecho, sin proceso judicial, el apoyo a un grupo armado por parte de un civil. El artículo 35 de la Ley Estatutaria que estipula que el “error invencible” será causal de exoneración en crímenes de lesa humanidad. Esta teoría del error invencible no puede ser causal de exoneración en crímenes de lesa humanidad.

Dejamos claro que la ampliación del fuero penal militar no solo abre la posibilidad de impunidad en hechos criminales cometidos por miembros de la Fuerza Pública. Es además un poderoso aliciente para nuevas y masivas violaciones de derechos humanos.

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE REFORMA AL SISTEMA DE SALUD
Con relación a este proyecto aprobado por el Congreso, advertimos que dicha iniciativa no solo preserva, sino que además privilegia el interés de agentes privados que pretenden hacer lucrativos negocios con la salud. Insistimos en que el proyecto en realidad no elimina a las EPS sino que las transforma, pues conserva la existencia de un agente, que bajo la denominación de gestores (que es como ahora se les llamaría a las EPS), puede autorizar o negar el pago de recursos de Salud Mía (el fondo único de afiliación y pagos que ahora pasa a administrar el Estado) a los prestadores (hospitales, clínicas, médicos independientes), de modo tal que los recursos de los subfondos asignados a cada gestor que al final del año no se hayan autorizado pagar se convierten en sus utilidades. De esta forma se crea un incentivo para que entre menos pagos a autoricen los gestores más se incrementarán sus ganancias: la reforma, por ende, no elimina la intermediación, sino que antes bien, mantiene el rol de unos agentes privados cuyo ganancia depende de contener costos, lo cual finalmente va en detrimento de la salud de los pacientes y de la sostenibilidad financiera de los prestadores.

Señalamos que, contrario a lo que piensa el gobierno, la sostenibilidad financiera del sistema no depende de la existencia de un agente intermediador que se pueda lucrar con la contención de costos. Puede haber otros remedios (como es el caso de la veeduría ciudadana o de la creación de auditoría conformadas por distintos agentes del sistema e interventores independientes como las universidades) para garantizar que los prestadores cobren lo justo y que el sistema sea sostenible financieramente, sin sacrificar la salud de la población por asegurar la ganancia de unos agentes privados en el sistema.

DEBATES DE CONTROL POLÍTICO:

En esta legislatura, llevamos a cabo dos importantes debates de control político en la Comisión Segunda y la Plenaria de la Cámara:

1.    Debate: Apocalipsis Minero

Después de cuatro aplazamientos, llevamos a cabo el debate de control político sobre la actividad minera de empresas trasnacionales en Colombia, en el que entregamos cifras y pruebas documentales sobre el favorecimiento desmedido a las mineras trasnacionales en contra de los derechos de las comunidades en donde existen recursos minerales. .

Les pedimos a los ministros de Ambiente, Juan Gabriel Uribe, y de Minas, Federico Renjifo, tomar medidas urgentes sobre la grave situación que se vive en cuatros regiones del país, a raíz de la exploración o la extracción de oro y carbón por parte de reconocidas empresas transnacionales. Los casos que expusimos como graves por el impacto de la locomotora minera son: el proyecto de explotación de oro de la mina La Colosa en Cajamarca (Tolima), la extinción de la pequeña minería en Sur de Bolívar, el desplazamiento por contaminación de tres poblaciones en Cesar y los estragos de la minería ilegal y negación de títulos a las comunidades de Cocomopoca en Chocó.

Por lo anterior, propusimos y se aprobó la creación de una Comisión Legislativa Especial de Seguimiento a la Política Minera, que verifique los impactos de la gran minería, especialmente en Chocó, Sur de Bolívar, Cesar y Tolima.

Las estrategias irregulares de AngloGold Ashanti

En concreto, al ministro de Minas le solicitamos utilizar los mecanismos legales con los que cuenta el Gobierno Nacional para suspender la actividad minera de AngloGold o declarar la caducidad de los títulos que están ubicados en zonas excluidas de la minería, los que se han concedido sin el cumplimiento de la consulta previa, los que tienen obligaciones fiscales pendientes, y los que se hayan concedido sin respetar la normatividad ambiental y el principio de precaución ante la inminencia de daños irreparables sobre los ecosistemas del país.

Entre las irregularidades se cuenta la captación de títulos mineros a través de personas naturales como Santiago Uribe Vélez, Héctor Vargas Cuervo y Mónica María Uribe Pérez, entre otros, quienes obtienen los títulos y luego los ceden a AngloGold.

Consideramos que la AngloGold no le está jugando limpio al país, al no registrar la totalidad de empresas que conforman su grupo empresarial, lo que conlleva infracciones a la legislación comercial, y puede llegar a constituir un monopolio en la explotación de oro. Algunas de las empresas controladas no declaradas son: Chocó Colombia SAS, Gramalote y Quebradota, comparten representantes legales y los datos de contacto.

Tienen títulos en parques naturales y actividades de exploración en zonas de reserva sin haber solicitado la sustracción, cuentas por pagar de $2.661 millones por canon superficiario en 2011, e incumplimiento de obligaciones fiscales por un valor de $7.002 millones acumuladas hasta 2013.

De acuerdo con información de Ingeominas consultada en 2011, en el Chocó, al menos 17 títulos mineros fueron concedidos a Santiago Uribe en conjunto con Aníbal Gaviria, la AngloGold y otros. 15 de esos títulos fueron concedidos cuando Álvaro Uribe Vélez era presidente de Colombia, y 5 cuando el hoy alcalde de Medellín Aníbal Gaviria era Gobernador de Antioquia, es decir, el directo responsable de la Secretaría de Minas de la Gobernación, entidad que para la fecha concedía los títulos mineros. Hoy 14 permanecen a nombre de la AngloGold y de Exploraciones Chocó.

2.    Primera audiencia virtual con internos de las cárceles sobre Reforma al Código Carcelario

Por iniciativa nuestra, la Comisión Segunda de la Cámara adelantó la primera videoconferencia con representantes de los internos de 9 cárceles del país para escuchar sus propuestas al proyecto de Reforma al Código Penitenciario y Carcelario que se discute en el Congreso. La sesión tuvo lugar en el Centro Estratégico de Información Penitenciaria del Inpec.

Desde la cárcel de Cómbita (Boyacá), los internos propusieron que los descuentos de las penas por actividades de trabajo o estudio, se calculen por días y no por horas, como se hace actualmente.

Pidieron que se convoque una mesa de trabajo con todas las instituciones del Estado, la academia y sectores sociales, en la cual se puedan concertar los cambios que requiere la Reforma,

Los reclusos de la cárcel de La Dorada (Caldas), insistieron en la necesidad de que se haga una reclasificación de las cárceles, creando centros para la detención preventiva, y penitenciarías por el tipo de condena, es decir de alta, media y baja. También solicitaron que en la clasificación de presos por pabellones y patios se tengan en cuenta las edades y la situación especial de cada interno. En este sentido, indicaron que tener juntos en un mismo patio a miembros de diferentes grupos armados ha sido un factor que aumenta la violencia dentro de los centros de reclusión.

Por su parte, los presos de la cárcel Picaleña (Ibagué) señalaron que, en lugar de la construcción de más cárceles, se necesitan reformas operativas, de infraestructura, logísticas y más presupuesto para mejorar las condiciones de los centros penitenciarios.

Las internas de la cárcel de Jamundí (Valle), aseguraron que cualquier Reforma al Sistema Carcelario debe contener el diseño de un nuevo reglamento con perspectiva de género.

De la misma forma, instaron a los Ministerios de Justicia y de Salud para que se cree un sistema integral de salud a cargo Inpec, bajo la coordinación del Ministerio de Salud y con la implementación de un área de sanidad en las principales prisiones.

Desde la cárcel La Picota (Bogotá), los reclusos señalaron que el aumento de penas no garantiza la disminución del delito y que se debe replantear la tasación de las penas.

Pidieron mejoras en la calidad de la comida que les suministran en los centros de reclusión y que se fortalezcan los lazos con sus familias mejorando las condiciones y periodicidad de las visitas, pues consideran que este factor es determinante en su resocialización.

A la conferencia virtual, que se desarrolló como debate de control político de la Comisión Segunda de Cámara, asistieron la ministra de Justicia y del Derecho, Ruth Stella Correa, y el director del Inpec, Gustavo Adolfo Ricaurte. Como invitados estuvieron el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, los ponentes del proyecto de Reforma al Código Carcelario, los integrantes de la Comisión de Seguimiento al Sistema Penitenciario y Carcelario, y representantes de las ONG Fundación de Solidaridad con los Presos Políticos y Lazos de Dignidad.


SEGUIMIENTO A INVESTIGACIONES

Solicitud de control fiscal excepcional a concesiones de chance en la Costa 

En proposición aprobada por unanimidad por la Comisión Segunda de la Cámara, le solicitamos a la Contralora de la República, Sandra Morelli, ejercer el control excepcional sobre los contratos de concesión de apuestas en los departamentos de Sucre, Magdalena, César, Atlántico, Bolívar, Córdoba y Guajira, con el fin de establecer si Enilce López alias ‘La Gata’, condenada por concierto para delinquir por nexos con grupos paramilitares, es titular de alguna de dichas licencias.

A esta solicitud recibimos respuesta afirmativa de la Contraloría, en la cual se comisiona a la Contraloría Delegada para el Sector Social, el proceso auditor y las indagaciones preliminares a que haya lugar.

Del mismo modo, le solicitamos al presidente Juan Manuel Santos que ordenara el retiro de una valla que publicita a Enilse López alias ‘La Gata’, condenada por paramilitarismo y homicidio, en una de las entradas de El Carmen de Bolívar. Pudimos constatar la existencia de esta y otras vallas iguales en otros de Bolívar, Sucre y Atlántico.

Casos de restitución de tierras

Con el compromiso de acompañar a las comunidades que han decido reclamar las tierras de las que han sido despojadas, hemos acompañado a las comunidades de Las Pavas (Bolívar), Bellacruz (Cesar), El Prado (Cesar), Mechoacán (Cesar), El Porvenir (Meta), Pitalito (Cesar) y otros, en la lucha por el restablecimiento de sus derechos.

Tal y como lo manifestamos desde 2011, en Bellacruz existe una indebida apropiación de baldíos a manos del Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria, que el Estado debe recuperar, así lo confirmó el Incoder a través de resolución del 1 de abril de 2013.

OTRAS ACTIVIDADES

Visita de Misión Internacional de expertos en justicia para las víctimas de violencia sexual

Con la presencia de reconocidos expertos internacionales que han conocido casos como los de la dictadura argentina y la guerra en la exyugoslavia, se desarrolló el Foro Internacional sobre los avances, retos y obstáculos en el acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual, liderado por los representantes a la Cámara Iván Cepeda y Ángela Robledo.

En este foro participaron: Daniela Kravetz, abogada de la Oficina del Fiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Hugo Relva, exconsultor de la International Coalition for the International Criminal Court, actualmente es consejero Jurídico de Amnistía Internacional en su Secretariado Internacional, María Guadalupe Ramos, abogada y activista, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) en Jalisco, Omar Palermo, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza (Argentina), ex Fiscal Federal de Mendoza, desde donde investigó delitos de violencia sexual como crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en Argentina.

PRONUNCIAMIENTO

Iván Cepeda invita a líderes de izquierda a conformar poderosa alianza 

A través de una carta dirigida a Clara López, presidenta del Polo Democrático Alternativo, al senador Jorge Enrique Robledo, a Piedad Córdoba, miembro del movimiento Marcha Patriótica, a Carlos Lozano, vocero del Partido Comunista, y a Antonio Navarro, vocero del Movimiento Progresistas, invitamos a los cinco líderes de izquierda más representativos del país, y a otras fuerzas democráticas, para que integren una sólida alianza que les permita enfrentarse a lo que el congresista llama “la transición política hacia la Paz y hacia la Democracia”.

A CONTINUACIÓN EL TEXTO COMPLETO DE LA CARTA:
Bogotá D.C., 12 de junio de 2013. 

Respetadas y respetados: 
CLARA LÓPEZ OBREGÓN
Polo Democrático Alternativo
JORGE ENRIQUE ROBLEDO
Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario
PIEDAD CÓRDOBA RUIZ
Marcha Patriótica
CARLOS LOZANO GUILLÉN
Partido Comunista Colombiano
ANTONIO NAVARRO WOLFF
Movimiento Progresistas
Apreciados amigos:
La perspectiva de la construcción de una paz estable y duradera en Colombia pone a todas las fuerzas políticas –incluidas a las de la izquierda- ante una situación de carácter inédito. Se trata del comienzo de una coyuntura en la que puedan resolverse contradicciones y atrasos estructurales, y fundar una nueva forma de tramitar los conflictos. Es la oportunidad de una transición en la que se pueda no solo pasar de la guerra a la paz, sino al mismo tiempo, pasar de la democracia formal y débil a la democracia real. Democracia en la que se elimine el crimen político, en la que las mayorías excluidas tengan actuación y poder, en la que desaparezca el abismo entre el mundo rural y el urbano, en la que se genere una estrategia socioeconómica que elimine la desigualdad, la pobreza y la miseria, rasgos vergonzosos de nuestra estructura social. Democracia en la que se universalicen las libertades políticas y los derechos civiles. 
Sabemos bien que la construcción de esa doble transición no estará dada con la sola firma de un pacto de paz, como resultado de las conversaciones en La Habana. Ese momento será apenas el comienzo de un intenso y dinámico periodo en el que tendrán que ocurrir cambios sustanciales en la política nacional, en especial, en los territorios en donde se ha desarrollado el conflicto armado, y en aquellos en donde no impera el Estado de derecho, sino estructuras criminales institucionalizadas. De llegar a esa coyuntura, las fuerzas de la ultraderecha intentarán volver a sembrar la discordia, y los círculos de poder tradicionales buscarán aplicar la divisa: “que todo cambie para que todo siga igual”. Solo una poderosa confluencia de los sectores políticos de la izquierda, de los movimientos sociales y de las fuerzas democráticas podrá garantizar que se echen los cimientos de la paz y que la transición concluya en un nuevo estado de cosas que haga del fin de la guerra un hecho irreversible. Esto significa que la transición puede conducir a la reproducción de un régimen de reformismo conservador autoritario o a la apertura democrática con cambios estructurales. Hacia dónde se orientará el país dependerá de las decisiones de los tres principales campos del mundo político colombiano: la extrema derecha, la llamada Unidad Nacional y la izquierda social y política.
Desde este planteamiento fundamental, las y los invito a la reflexión: la unidad de la izquierda no es solo un asunto de táctica electoral hoy, por encima de todo es un imperativo histórico. Es una de las condiciones fundamentales para que Colombia haga una transición política de doble carácter hacia la Paz y hacia la Democracia. Si se llega a un acuerdo para la terminación de la guerra, la fase inicial de esa transición ocurrirá en el periodo 2014 – 2018.  
Nuestra responsabilidad ante el futuro de la Nación consiste en forjar una coalición pluralista que exprese a todas las fuerzas proclives a la Paz y a la Democracia, y que evite que de nuevo se desperdicie la oportunidad de un cambio esencial.
Mi llamado a ustedes es a que, sin renunciar a sus respectivas identidades políticas y a su legado personal y colectivo, se deponga cualquier clase de diferencias que siempre serán menores al imperativo histórico que implica generar las condiciones fundantes de una transformación que supere las causas del conflicto armado.
Sé que ustedes, y las colectividades que representan, en diversos contextos han afirmado su disposición para trabajar en la conformación de la alianza de la izquierda y los sectores democráticos que requiere Colombia.  Es el momento de una poderosa convergencia de izquierda. Las y los insto a que demos ese paso definitivo.
Atentamente,

Iván Cepeda Castro
Representante a la Cámara



COLUMNA DE OPINIÓN

El Tiempo
17 de junio de 2013


Política carcelaria y dignidad humana
El infierno carcelario no proviene solo del hacinamiento provocado por la política criminal irreflexiva y por el llamado "populismo punitivo" ejercido desde el poder legislativo. Esas son las causas de muchas problemáticas, pero también son sus consecuencias. Está demostrada la condición catastrófica de tipo estructural, relacionada con la ausencia de políticas públicas idóneas y eficaces para la prevención y atención del sistema carcelario y de la política criminal colombiana, la cual configura nuevamente, al igual que en 1998, un estado de cosas inconstitucional.

Teniendo en cuenta esto, la Reforma al Código Penitenciario y Carcelario debe considerar cuatro factores determinantes para solucionar la problemática multidimensional de las cárceles. Primero, incluir un sistema de respeto de los derechos humanos de los presos y una efectiva labor de los órganos de control al sistema carcelario. Se debiera crear un sistema de controles internos, pero también instancias y mecanismos de observación permanente que impidan los constantes ultrajes que se presentan.

Segundo, un fuerte componente de estímulo al estudio y al trabajo en los centros de reclusión, con programas que estén ajustados a la normatividad de la OIT, con el acompañamiento de entidades como el SENA, y con total cobertura de la población carcelaria. No es retórico decir que el estudio y el trabajo como mecanismos de redención de las penas y de las personas pueden generar una vida radicalmente distinta en las cárceles, como lo muestra la experiencia de la Cárcel Distrital de Bogotá. En materia de la prestación del servicio de salud, urge que se cree un régimen especial, acorde con la situación especial, riesgos y morbilidad de los internos en condiciones de extremo hacinamiento.

El tercer aspecto es la depuración de la estructura administrativa y de vigilancia en las cárceles, sin hacerle concesiones a la privatización del sistema -como se plantea en el proyecto de la Reforma-, pues se estaría violando el principio de responsabilidad estatal sobre la privación de la libertad y la custodia de los presos, las cuales no se le pueden confiar a particulares, ni a la lógica de concebir las cárceles como mercancías.

Y por supuesto, en ese contexto amplio, se debe revisar la política criminal, en el sentido de poner límites al populismo punitivo, incluso revisar lo que ya se ha legislado al respecto. Sin provocar excarcelaciones masivas, se requiere crear un sistema eficiente que permita la descongestión judicial de las cárceles y ver la condición particular de los internos que tienen delitos que podrían buscar alternatividad penal.

Por eso, aquí el problema no es solo entre justicia e impunidad, el problema, desde una perspectiva de derechos humanos, es cómo hacer que se respete la dignidad humana.


ENTREVISTA
Iván Cepeda y su sueño de una izquierda unida
El Espectador
Por: Camila Zuluaga
24 de junio de 2013


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Ivan Cepeda Debate de tierras: las caras del despojo

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