¿Quién responde por las viviendas para las mujeres víctimas de desplazamiento?


En la audiencia pública liderada por los congresistas Ángela Robledo e Iván Cepeda, y organizada por el Grupo Distrital de Incidencia y Seguimiento al auto 092 de 2008, con el apoyo del proyecto ProdeMujer (GIZ), se dieron a conocer las principales barreras de acceso a la vivienda digna para las mujeres víctimas de desplazamiento por causa del conflicto armado.

Los representantes a la Cámara, Ángela María Robledo e Iván Cepeda Castro, acompañaron a mujeres organizadas víctimas de desplazamiento forzado por causa de la guerra, quienes expusieron los múltiples obstáculos para el acceso a una vivienda digna, exigieron sus derechos y entregaron propuestas para la inclusión de sus demandas e intereses en las políticas de vivienda de Bogotá.

Para el representante Cepeda, es imperioso que se resuelvan las diferencias que existen entre los gobiernos nacional y distrital en esta materia, y se pueda tener una solución de vivienda para estas mujeres lo más pronto posible.  También pidió que se le aclare a las mujeres víctimas de desplazamiento, si el nuevo programa de las 100 mil viviendas del Gobierno Santos remplaza otras promesas hechas en programas anteriores y en qué porcentaje serán tenidas en cuenta dentro del mismo.

Las mujeres desplazadas están viviendo una situación infrahumana, engrosando los cordones de miseria de las grandes ciudades y no cuentan con una oportunidad de vivienda digna. No hay una política que aclare quién debe responder por este asunto, que es parte de la reparación y la restitución. El Gobierno Nacional debe darle cabida a estas víctimas en su programa de vivienda y que no se convierta sólo en una herramienta politica y en un aparato clientelista”, señaló el congresista.

Según una encuesta realizada por el Grupo Distrital de Incidencia y Seguimiento al auto 092 de 2008, existe un bajísimo nivel de acceso por parte de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado. De las 285 mujeres encuestadas en las diferentes localidades de Bogotá, tan sólo 12 cuentan con vivienda propia, es decir que el 95,79%  de ellas no han logrado materializar su derecho y viven en arriendo o en casa de amigos y familiares.  


La encuesta también revela que hay un desconocimiento generalizado de los procedimientos y los tiempos para aplicar a ellos. Así, de las 285 encuestadas, tan sólo 96 se han postulado para acceder a los subsidios, es decir,  tan sólo el 33.6%.  Al preguntarles las razones por las cuales no se han postulado, el 44,6%, respondió que por desconocimiento.  

Estos resultados confirman las apreciaciones de la Corte Constitucional en el sentido de que una de las falencias grandes de la atención a las mujeres víctimas de desplazamiento forzado, es la escasa y a veces inadecuada información que reciben por parte de las instituciones encargadas de garantizar sus derechos.

OFICINA DE PRENSA

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